Teruel, condenada a no tener trenes

El Ministerio de Fomento suprimirá o sustituirá por autobuses una veintena de líneas ferroviarias de media distancia consideradas ineficientes y cuyo índice de ocupación está por debajo del 10% con un objetivo: ahorrar 51 millones de euros al año. El plan de racionalización de los servicios de transporte de viajeros afecta al 40% de los servicios regionales aragoneses, asfixiando a zonas poco pobladas como Teruel, donde todos los grupos parlamentarios han unido fuerzas para resaltar la función del ferrocarril como “vertebrador del territorio” e instar al Gobierno de Aragón presidido por Luisa Fernanda Rudi a defender todas las líneas que se planean cancelar.

Fomento justifica los cierres con que los viajeros que utilizan estas líneas apenas cubren con el pago de sus billetes el 20% de lo que cuesta mantenerla en uso. El resto del coste debe sufragarlo el Estado, a través del Ministerio de Fomento, o las correspondientes comunidades autónomas. La Diputación General de Aragón, por su parte, critica que el Gobierno utilice únicamente el balance económico para decidir cerrar o mantener abierta una línea y pide que nos e quede sin servicio de tren quienes lo necesiten.

De momento, las relaciones entre Teruel-Zaragoza y Teruel-Valencia no han sido declaradas como “obligación de servicio público” por el ministerio de Fomento. La conexión con Zaragoza podría salvarse si la asume la Comunidad Autónoma, pero mucho más complicado resulta mantener el tren con Valencia, una conexión que cuenta con un tren diario en cada sentido. El documento de Fomento tampoco habla de la conexión entre las tres capitales aragonesas.  

Como explicó en el Senado el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, el Ministerio lleva varios meses trabajando en una reorganización del servicio para suprimir o sustituir por autobuses algunas de estas líneas, como,  por ejemplo, la que une Zaragoza con Huesca, que tiene una ocupación media de entre 10 y 12 pasajeros al día, o la que enlaza Sagunto con Teruel, con una media de 40 viajeros diarios.

La DGA lucha por mantener los servicios ferroviarios fundamentales dentro del marco de equilibrio presupuestario. Tras dos meses discutiendo con el Ministerio de Fomento, critican que el único pretexto utilizado haya sido el balance económico. “El servicio público ferroviario no debe resolverse según un balance económico”, cuenta el alcalde de uno de los municipios más grandes del Bajo Aragón. Una vez que Pastor concrete las medidas definitivas, la DGA no descarta un plan ferroviario propio para que estas infraestructuras se mantengan vivas y útiles.

Mientras desde el departamento dirigido por Ana Pastor se promete aminorar las molestias a los viajeros añadiendo paradas en trenes de larga distancia o mediante un servicio de autobuses, en el Bajo Aragón no se fían de las intenciones de Fomento. En principio, y a falta de que el plan se concrete y comience a aplicarse, los trayectos entre Zaragoza-Caspe-Barcelona están asegurados. “Pero Fomento se han reservado el derecho a revisar las líneas que continúen funcionando cada dos años”, advierten.

En el primer pleno del 2013, todos los grupos del Consistorio aprobaron por unanimidad una moción en la que exigen al Gobierno central mantener todos los servicios de ferrocarril y rechazan “cualquier reducción de los servicios públicos” que presta el Estado en la provincia. El texto también recoge, como reclama el Partido Socialista, “instar al Gobierno de Aragón” a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno central para el mantenimiento de esta línea de tren.