Hacienda quiere 'robar' los interventores a los alcaldes y controlar los Ayuntamientos

El Gobierno está empeñado en que los interventores municipales vuelvan a rendir cuentas ante la Administración General del Estado (Hacienda) y en "fortalecer" su autonomía frente a los alcaldes, de los que ahora dependen. Es uno de los puntos fundamentales de la reforma de la Administración local que el Ejecutivo quiere aprobar este mes, a ser posible con el apoyo del PSOE, y que choca con la oposición cerrada de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a los ediles de todos los partidos, con preponderancia de los del PP.

El principio de que los interventores municipales rindan cuentas e informen anualmente sobre las ejecuciones presupuestarias de los ayuntamientos ante la Intervención General del Estado está presente en el proyecto de reforma de la Administración local, que impulsa el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desde su primer borrador, el que paralizaron los alcaldes el pasado mes de julio cuando llegó a la mesa del Consejo de Ministros.

En fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial reconocen que ese punto de la reforma se ha convertido en uno de los principales escollos para que la FEMP acceda a dar su visto bueno al proyecto de ley. Hacienda no ha cedido en ese punto y lo mantiene en el último borrador redactado, pero los alcaldes, también los del Partido Popular, se resisten a tener en los consistorios a un alto funcionario que no dependa de ellos, como ocurre ahora, sino del Ministerio.

El Ejecutivo no se conforma con la vuelta a la regulación previa a 2007, fecha en que se reforzó la dependencia de los interventores de las corporaciones locales. Quiere garantizar que la Administración central tenga un conocimiento exacto y puntual de cómo gastan los fondos públicos todos los ayuntamientos. El objetivo es poder obligar a los posibles alcaldes díscolos a cumplir la ley de estabilidad presupuestaria si se la saltan, sobre la marcha y en cada ejercicio.

El ejemplo que ponen en medios gubernamentales como algo que nunca más puede ocurrir es el de la Marbella de Jesús Gil, modelo de opacidad, despilfarro y desvío de fondos municipales durante años sin que a la Intervención General del Estado llegara dato alguno. Sin embargo, la FEMP considera que la figura del interventor municipal dependiente de Hacienda es un atentado contra la autonomía de los ayuntamientos y exigen mantener la tutela sobre los interventores.

Sueldos y reducción de concejales, otros obstáculos

Al margen del papel de los interventores, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el visto bueno de los alcaldes, del PP y del PSOE, a la reforma de la Administración local que prepara el Gobierno, también queda abierto el problema de los futuros baremos de sueldos de los ediles y, sobre todo, de la reducción en el número de los concejales.

Hacienda proponía en julio que se pasara de los 68.578 actuales que hay en toda España a 47.240, con un límite de 35 incluso en las grandes capitales. A la FEMP le parece excesivo el recorte y aduce que la mayoría no cobra, por lo que la reducción de los representantes municipales se debe centrar en todo caso en los que cobran fondos públicos.

En los sueldos de los alcaldes existe un principio de acuerdo en poner como tope de lo que gana un secretario de Estado, 68.300 euros brutos anuales como salario base. A esa cifra hay que sumar complementos de destino y de productividad, distintos en cada ministerio. La reducción del número de concejales tendrá que incluirse en otro proyecto de reforma, el de la ley electoral general, y de cualquier forma no surtirá efectos de ahorro hasta los comicios municipales de 2015.