Andreu, el juez intachable que se equivocó

Fernando Andreu es juez de la Audiencia Nacional desde hace diez años. Su fama dentro del órgano judicial es intachable. Juez trabajador, pulcro, respetuoso tanto con sus compañeros como con los funcionarios, escrupuloso con sus investigaciones y muy legalista. Sin embargo, se equivocó y su error ya le está pasando factura. Desconocimiento, error en la interpretación o lo que fuera que ocurriera, que únicamente puede saber él, hizo que el líder de la mafia china, seguido por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía desde hacía años, quedara en libertad. Gao Ping y la cúpula de la organización criminal se aprovecharon de esa confusión para, después de ser enviado a prisión de forma incondicional, salir por su propio pie de la cárcel, después de que Andreu les dejara en comisaría más de las 72 horas que permite la ley. Los abogados de los imputados actuaron a tiempo y recurrieron el auto de prisión, un escrito estimado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Este episodio ha dejado tocado a Andreu, que incluso llegó a reconocer públicamente su responsabilidad. Sus compañeros del órgano judicial sabían que no había actuado acorde a la legalidad, los mismos compañeros que a la vez reconocían que no se merecía que le ocurriera algo así, con su nombre abriendo portadas de medios de comunicación, apuntándole como el juez que permitió que la mafia china quedara libre.

Precisamente por el aprecio que se le tienen la Audiencia Nacional se rechazó que este asunto fuera al Pleno. Los magistrados que componen la Sala de lo Penal no querían decir públicamente que Andreu se equivocó. Aunque parte de ellos sostienen, además, que la Sala que anuló el auto de prisión, presidida por Alfonso Guevara, tampoco actuó correctamente porque un fallo en las horas de detención de los arrestados no invalida la prisión incondicional por la gravedad de los hechos que se les imputa, según fuentes jurídicas.

Aun así, Andreu se debe enfrentar ahora a una querella interpuesta por una de las principales imputadas en la Operación Emperador. El Alto Tribunal debe resolver si el magistrado y los dos fiscales de Anticorrupción pudieron cometer veinte delitos contra la libertad individual. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha rechazado una queja presentada contra el juez aunque el Supremo es otra vía totalmente diferente. Así empezó también el caso contra el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y acabó con una condena del Tribunal Supremo por prevaricación, también a raíz de una querella de los imputados del Caso Gürtel, quienes denunciaron que el juez les escuchó de manera ilegal.

Por cierto, que Andreu y Garzón hicieron piña durante mucho tiempo junto a otro juez central de instrucción, Santiago Pedraz. Se les podía ver juntosdiariamente salir de la Audiencia a tomar el aperitivo, hasta que Garzón quedó inhabilitado. Andreu y Pedraz fueron fuertes defensores de Garzón hasta el último día de trabajo en el Juzgado Central de Instrucción número 5. 

Con todo esto Andreu, que es miembro de la carrera judicial desde 1986, ha vivido un año –sobre todo en los últimos meses- ajetreado. No sólo ha estado en sus manos ordenar la detención de un centenar de personas relacionadas con la mafia china en España, una investigación con la que ha trabajado mano a mano con Anticorrupción. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha decidido investigar los hechos fraudulentos que se han podido cometer durante la fusión de varias cajas de ahorros con la que se creó Bankia y su salida a Bolsa, para la cual se pudieron falsear informes sobre la situación real de la entidad. Ha imputado a 34 miembros del Consejo de Administración, entre los que se encuentran el expresidente del banco, Rodrigo Rato. Andreu sufrió críticas, sobre todo por parte del Partido Popular, por precipitarse en la investigación pero siguió adelante y durante los dos últimos meses de 2012 ha estado interrogando a cada uno de los imputados. 

A quien decidió no meter mano fue al presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Después de que se descubriera que había ocultado 2.000 millones en cuentas suizas para evitar así pagar el fisco, Fernando Andreu optó por permitirle que regularizara los rendimientos percibidos del dinero heredado de su padre, reparara el pago de las deudas y cerrar la causa que tenía abierta.