El Gobierno recurrirá por inconstitucional e ilegal la tasa de Mas sobre los depósitos bancarios

El Gobierno reaccionó ayer con incredulidad ante el anuncio del Ejecutivo en funciones de la Generalitat de establecer por su cuenta un impuesto sobre los depósitos bancarios por decreto ley, con efectos retroactivos y que chocaría el próximo 1 de enero con los Presupuestos Generales del Estado. Los grupos nacionalistas y de izquierda se enfrentan al Gobierno central en defensa de ese tipo de tasas autonómicas, que Hacienda ha decidido vetar para impedir que el mercado bancario también resulte fragmentado.

El nuevo desafío de Mas a la Constitución y a la legislación tributaria coincidió en el Congreso con el debate y votación de una iniciativa del PSOE para exigir al Gobierno que retire del proyecto de Presupuestos en trámite su propia 'tasa cero' sobre depósitos bancarios. El nuevo impuesto, que empezará por no recaudar nada pero que podrá ser 'activado' por Hacienda a lo largo del ejercicio, invalida esa misma tasa autonómica que aplican, o se pretende aplicar, en Andalucía, Extremadura y Canarias.

Los socialistas, con el apoyo de todos los grupos nacionalistas, rechazan que el Ejecutivo central se quede con ese impuesto por considerar que es un medio para "seguir dando privilegios a la banca", según dijo anoche en el Congreso el portavoz del PSOE en la materia, Antonio Hurtado. El PP salvó la votación, apelando a la unidad del mercado bancario y a la conveniencia de no dificultar más el flujo del crédito, con las fuerzas propias más el diputado de UPN, mientras que UPyD prefirió abstenerse.

Mientras que las autonomías con tasa sobre los depósitos daban por perdida esa fuente de ingresos a partir de 1 de enero porque no puede haber dos impuestos de dos administraciones sobre un mismo objeto tributario, los nacionalistas catalanes aseguran estar dispuestos a saltarse también la legislación en esta materia. Para adelantarse a la entrada en vigor de la normativa de ámbito nacional, la Generalitat pretende aprobar su propia tasa antes (como si eso anulara la aplicación de los Presupuestos en Cataluña), esta misma semana, por decreto, y además con efectos retroactivos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera anticonstitucional la iniciativa de Mas, e ilegales ambos pasos anunciados. Además, avisó ayer que el proceso añade el agravante de que lo pretenda hacer un Ejecutivo en funciones, como es el de Artur Mas. "La Constitución ampara que no se pueden adoptar decisiones que mermen la capacidad económica de los sujetos pasivos y que supongan una restricción de derechos por la vía del decreto ley. Jamás en España se ha creado un impuesto por decreto", remachó Montoro.

Con esa decisión de saltarse la Constitución y las leyes, los nacionalistas catalanes dan otro paso hacia la ruptura, en este caso en el ámbito fiscal, que contrasta con el afán del Gobierno en ofrecer vías de diálogo a Mas para que no continúe en la carrera del independentismo. El portavoz de economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, defendió ayer en la Cámara los impuestos de las Autonomías sobre los depósitos bancarios y acusó al Ejecutivo de intentar "el exterminio" de las comunidades a través de mecanismos que impidan la financiación correcta".