La descoordinación entre Gallardón y Montoro cuesta casi un millón al día en tasas judiciales
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SE HAN DEJADO DE COBRAR 15 MILLONES DE EUROS

La descoordinación entre Gallardón y Montoro cuesta casi un millón al día en tasas judiciales

Casi un millón de euros al día perdidos. La descoordinación entre Alberto Ruiz-Gallardón y Cristóbal Montoro en la puesta en marcha del ‘tasazo’ judicial, que ayer

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La descoordinación entre Gallardón y Montoro cuesta casi un millón al día en tasas judiciales

Casi un millón de euros al día perdidos. La descoordinación entre Alberto Ruiz-Gallardón y Cristóbal Montoro en la puesta en marcha del ‘tasazo’ judicial, que ayer entró en vigor con 26 días de retraso, ha tenido un coste que oscila entre los 15 millones de euros que calcula el PSOE, y los más de 20 millones que estiman otros cálculos. Dicha cantidad corresponde a las tasas que durante todos estos días se han dejado de cobrar por la falta de los nuevos formularios e impresos de autoliquidación que Hacienda no ha tenido listos hasta este lunes.

El error ha hecho que la justicia haya funcionado sin tasas durante los últimos 26 días, una situación inédita que ha golpeado de lleno a las previsiones de ingresos que el propio ministro de Hacienda presentó hace poco más de un mes en los Presupuestos Generales del Estado. En la sección 98 de los PGE, Montoro cifraba en 372 millones de euros la recaudación por “tasa en el ejercicio de la actividad jurisdiccional”. La cifra supone, eliminando festivos, vacaciones y domingos, casi un millón de euros al día de recaudación en los juzgados.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, denunció ayer que con el parón de casi un mes, del que responsabilizó a la “incompetencia” del Gobierno, se han dejado de recaudar unos 15 millones de euros, dinero con el que, según sus cálculos, se podría pagar a los “mil jueces sustitutos y magistrados suplentes con los que van a hacer un auténtico ERE”.

El error es achacable a una falta de previsión del Gobierno, que publicó en el BOE la nueva ley de tasas sin tener listos todavía los formularios de autoliquidación que correspondían elaborar a Hacienda. El artículo 9 de la citada ley establece que la gestión de la tasa corresponde al departamento que dirige Montoro, que es el que regulará “los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa”. La descoordinación entre ambos ministerios obligó a Justicia a mover ficha a través de una instrucción remitida a todos los juzgados por la que se suspendía el cobro de dicha tasa hasta la publicación en el BOE de los nuevos formularios y que, por tanto, no se exigiría “en ningún caso la presentación del justificante de autoliquidación de la tasa para dar curso a los escritos procesales que se presenten”.

La orden del Ministerio de Hacienda establece la forma, plazo y procedimientos de presentación de los formularios, tanto de autoliquidación como los de solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales, que se podrán presentar en un plazo de cuatro años desde el momento que la resolución adquiera firmeza.

“Mientras se está hablando de eficacia y austeridad, la incompetencia o incapacidad del Gobierno en la forma de legislar ha hecho que los que tenían que haber pagado las tasas de antes, las personas jurídicas, han estado 26 días sin pagar y se han podido perder ya cerca de 15 millones de euros de recaudación”, explicó ayer Villarrubia en el Congreso.

CGPJ y Fiscalía piden su revisión

Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado se han manifestado a favor de que se revisen algunas cuantías de las tasas judiciales. El vicepresidente del CGPJ, Fernando de la Rosa, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, expresaron ayer su apoyo a la ley de tasas, si bien rechazaron algunas de las cantidades que se han de abonar a partir de ahora para acudir a la justicia.

De la Rosa ha considerado que “algunas cuantías” deberían ser objeto de revisión para ajustarlas “a la realidad social”. El vicepresidente del CGPJ recordó que el Tribunal Constitucional también dijo en su día que el concepto de tasa era constitucional, pero añadió que el debate “debe centrarse en las cuantías, que están un poco desfasadas”, y que esa revisión es posible “con consenso y negociación”.

En parecidos términos se expresó también el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien en una entrevista radiofónica reconoció que algunas tasas son “excesivas” y podrían revisarse para no dificultar el acceso a la justicia.

Cristóbal Montoro