El euro por receta une a Cataluña y Madrid contra el Gobierno

Unidos contra el Gobierno. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que éste ha autorizado a su presidente a interponer un recurso de inconstitucionalidad para suspender la implantación del pago de un euro por receta que Cataluña porque “vulnera la igualdad entre todos los españoles”. Ignacio González, que mantiene firme su idea de aplicar la medida a partir del 1 de enero, salió en defensa de los catalanes y sostuvo que su implantación es “absolutamente indispensable”.

El presidente de la Comunidad de Madrid fue informado de las intenciones del Gobierno con Cataluña antes incluso de que la vicepresidenta anunciara que en el recurso tiene previsto solicitar la suspensión cautelar del cobro del euro por receta. González, avisado antes del anuncio por la ministra de Sanidad, Ana Mato, ni siquiera se esperó al anuncio oficial para responder que va a agotar todas las vías que le queden en la mesa de diálogo que ambas administraciones tienen abiertas. “Tenemos el marco competencial a nuestro favor”, respondió a las amenazas del Gobierno el sucesor de Esperanza Aguirre en la Real Casa de Correos.

Los catalanes han mostrado su intención de mantener la tasa pese al veto del Gobierno. El argumento que ayer utilizó el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para echar por tierra las intenciones del PP nacional es que, después de cinco meses de funcionamiento, “se ha demostrado” que el euro por receta “es útil y eficiente en el mantenimiento de la calidad de la sanidad”. Según los catalanes, con la medida se recaudan 140 millones de euros anuales.  

La vicepresidenta argumenta que la tasa grava dos veces la misma circunstancia

Mas-Colell criticó al Gobierno de “sarcástico” por hablar “de equidad” cuando acaba de decidir “no actualizar” las pensiones. “Un jubilado catalán pagará por el euro por receta como máximo 61 euros, mientras que por la no actualización de la pensión dejará de ingresar 217 euros”.  Cataluña también se pregunta si “impugnando medidas como el euro por receta y las tasas judiciales”, el gobierno mantiene “autoridad moral” para exigir esfuerzos dirigidos al cumplimiento del déficit y las políticas de austeridad indicadas por Bruselas.

La número dos del Ejecutivo ha explicado, sin embargo, que el euro por receta supone una tasa que grava dos veces una misma circunstancia (la adquisición de medicamentos) y lo hace de forma indiscriminada, sea cual sea la renta de los catalanes. Para la Generalitat, “las actuaciones del Gobierno parecen dirigidas a torpedear el proceso presupuestario de la Generalitat de Cataluña. Son un sabotaje a las finanzas catalanas”.

Sáenz de Santamaría se ha mostrado muy cautelosa con Madrid, a 15 días de poner en marcha la medida, pero deja un mensaje a González: “La norma todavía no ha entrado en vigor. En el caso de que se produzca esa aprobación tendremos que responder de igual manera que ya lo hemos hecho con otra comunidad”.