Un anónimo delató al “Príncipe de CiU”, Oriol Pujol, en la trama de las ITV

Hay anónimos y anónimos. Y el que llegó al Juzgado Número 11 de instrucción de Barcelona el pasado 4 de abril no tiene desperdicio. Incorporado por el juez en el tomo 13 del sumario de la trama de las ITV, pone al descubierto el papel de Oriol Pujol –a quien llama ‘El Príncipe de CiU’- en las millonarias comisiones por las inspecciones y las deslocalizaciones de multinacionales como Sony, Yamaha y Sharp.

Apenas dos semanas antes de que llegara el ánonimo al juez, habían sido detenidos en Barcelona los supuestos integrantes de una trama que intentaba amañar concursos públicos como el de las ITV. Los implicados eran los empresarios Sergi Alsina, Sergi Pastor y Ricard Puignou. Pero también el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña, Isidre Masalles, y Josep Tous, responsable de la sectorial de Empresa de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) e intermediador entre las empresas concesionarias y la Administración para diseñar un nuevo mapa territorial de estaciones de inspección técnica.

Tous y Alsina, por si fuera poco, eran compañeros de estudios de Oriol Pujol, secretario general de Convergència. Las conversaciones grabadas por orden judicial descubrieron que Oriol Pujol era conocido entre sus amigos como Zumosol, por el poder (político) que tenía ante sus adversarios.

En el anónimo que llegó a manos de la jueza a principios de abril se habla de Alsina como el representante en la negociación del “Príncipe de CiU”, o sea, de Oriol Pujol.  “Alsina les animó a negociar duro porque, gracias a él, el Príncipe, al final, les aprobaría el expediente”. Lógico, porque los intereses crematísticos eran estratosféricos.

Y se especificaba que la trama urdida en torno a las adjudicaciones de estaciones de ITV en Cataluña pivotaba sobre Pujol y sus amigos, que se habían embolsado millones de euros en comisiones para ayudar a deslocalizar empresas, al margen de los negocios en común que tenían con las estaciones de ITV o con otros futuros negocios relacionados con la inspección técnica, ya fuesen en empresas o en domicilios particulares (los implicados habían previsto el establecimiento de una inspección obligatoria de eficiencia energética por ley en todos los domicilios particulares para cobrar 50 euros por cada una de estas inspecciones, lo que supondría una millonada anualmente).

Pero, al margen de tan suculentos negocios, el escrito que llegó al juzgado aportaba datos nuevos. ”Según ha manifestado repetidas veces el propio director general de Yamaha, José Escribese, dicha compañía contrató a Sergi Alsina en julio de 2012 [sic, en el escrito original hay una errata, ya que debe tratarse del año 2011], en contra de la opinión de todos sus asesores para que busque un socio industrial que desarrolle alguna actividad en la fábrica de Yamaha y contrate a los trabajadores que éste quería despedir. Según manifiesta el mismo Escribese, el encargo a Alsina se hace porque Oriol Pujol prácticamente les obliga. Pujol llamó personalmente a los responsables de Yamaha España en Europa, con sede en Amsterdam, para convencerles de la necesidad de contratar a Alsina. Antes de hacer esta llamada personal, presionó a otras personas en Barcelona para que se hiciera el encargo a Alsina”.

Una minuta millonaria

El escrito anónimo añade que “Alsina no consiguió absolutamente nada importante para Yamaha, pero cobró una minuta de 5,5 millones de euros”. El documento detalla que “el trabajo de Alsina no sirvió nada más que para cobrar y subir el coste de toda la operación a Yamaha España”. Y destaca que en las negociaciones con la Administración, Yamaha se mostró inflexible para asegurar que se iba de España y que iba a pagar una indemnización de sólo 15 días por año trabajado a sus empleados, pero, de repente, subió la oferta a 110 días. Un extraño giro que nadie entiende.

En los dos últimos años, tres multinacionales mostraron su intención de irse de Cataluña para instalar sus factorías en otros mercados: Sony, Yamaha y Sharp. Comenzaron negociaciones con la Administración para aminorar el impacto laboral de estas decisiones y, en todas ellas, había un nombre en común: la empresa Alta Partners sería la encargada de buscar compañías que se hiciesen cargo de las factorías y los trabajadores que, irremediablemente, se iban al paro.

En Alta Partners constaba como uno de sus principales accionistas Sergi Alsina, el amigo de colegio de Oriol Pujol. Y, como asesora, Anna Vidal Maragall, esposa de este último. Anna cobró, al menos, algunas de  sus asesorías en facturas “prefabricadas”, es decir, con conceptos cuanto menos “sospechosos”, según se desprende de las intervenciones telefónicas realizadas por orden judicial.

En octubre de 2011, Artur Mas fue informado detalladamente de las operaciones en las que estaba implicada Alta Partners y de la posibilidad de que estallase un escándalo político por ello. Según ha podido conocer este diario, el president ”se subía por las paredes, porque no tenía ni idea de lo que se estaba cociendo a sus espaldas”. Seis meses después, tuvieron lugar las detenciones.

La operación de Sony

La misiva alude también a la operación de Sony, que anunció su deslocalización en el año 2010. Según algunos documentos que constan en el sumario, el grupo de intermediarios (al que se había sumado incluso el propio director general de Sony en España, Pedro Navarrete, y su esposa) cobró alrededor de 3 millones de euros por asesorar en el proceso de deslocalización y por buscar un socio industrial que se hiciese cargo de la planta de Sony en Viladecavalls.

Los implicados en la trama consiguieron que Ficosa asumiese la planta, con el añadido de que Alsina, Pastor y otros socios creasen una compañía intermediaria (en la que supuestamente estaría Oriol Pujol) para que se hiciese cargo de la plantilla de Sony, que recibirían varios cientos de miles de euros de la Generalitat para formar nuevamente a esa plantilla para prepararlos para las inspecciones técnicas que querían imponer por ley en los próximos años. O sea, un negocio redondo, ya que contaban con las subvenciones oficiales: la asunción del personal excedente de Sony no les costaría ni un euro y, además, se harían de oro con las adjudicaciones futuras de la Administración.

Justamente cuando se acabó la operación de deslocalización de Sony, Anna Vidal cobró más de 200.000 euros como asesora de la operación. En cambio, todavía se investiga el beneficio económico que pudieron obtener de la deslocalización de Sharp, aunque las sospechas apuntan a que pueden ser también varios millones de euros, lo que situaría el monto total de las comisiones por las tres grandes deslocalizaciones de los últimos años en, al menos, una decena de millones de euros.

Fuentes de Convergència señalan a este diario que “Anna trabaja desde hace al menos 13 años en la empresa de Alsina, Alta Partners, y eso no es ningún delito. Lo que se hace ahora es mezclar intereses e implicar a Oriol Pujol en el asunto”. Pero éste ya se implicó por él mismo en la trama. En primer lugar, porque hay escuchas telefónicas y SMS que delatan abiertamente su ascendencia con los otros implicados. En segundo lugar, porque en una de las conversaciones intervenidas da órdenes concretas para amañar el futuro concurso de las ITV con el objeto de beneficiar a sus amigos. Y, en tercer lugar, porque en un organigrama elaborado por los investigadores figura su nombre en la cúspide de la pirámide de mando de la trama.