El juez bloquea 50 cuentas y 20 empresas pantalla de Díaz Ferrán y Ángel de Cabo

El juez de la Audiencia Nacional que se encarga de la ‘Operación Crucero’, Eloy Velasco, ha ordenado el bloqueo y el embargo de hasta veinte empresas y 50 cuentas relacionadas con los principales imputados, los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo. Según fuentes de la investigación, la idea principal de este movimiento es recuperar el máximo número posible de activos para destinarlos a concursos abiertos a sus empresas y devolver así el máximo posible de los 45 millones de euros de deuda generada con los mayoristas de Viajes Marsans. En principio no habrá más detenciones, pero no se descarta que haya nuevas imputaciones.

El medio centenar de cuentas son de personas jurídicas y en ningún caso aparecen  ninguno de los dos empresarios. Los investigadores han conseguido relacionar estas cuentas con los imputados gracias a la información aportada por la Agencia Tributaria.

Las detenciones se fijaron por la Policía, y con la aprobación del instructor, con el propósito de “dar el golpe” para recuperar todo lo posible.

Estas mismas fuentes señalan que al igual que se pudo paralizar la salida de aguas españolas del yate propiedad de Díaz Ferrán, los investigadores consiguieron parar la fuga de inmuebles de los imputados pero muchos otros no han corrido la misma suerte.

El error de Díaz Ferrán y De Cabo, que les ha llevado a su detención, ha sido su “torpeza”. La voz de alarma saltó cuando se descubrió que el expresidente de la patronal CEOE se estaba deshaciendo de todas sus empresas y de sus bienes personales para venderlo todo a una misma persona, Ángel de Cabo, conocido por hacerse con empresas en procesos de quiebra como Nueva Rumasa.

Ambos, junto al socio de Díaz Ferrán ya fallecido, Gonzalo Pascual, se centraron en el vaciado de todas las cuentas durante el año 2010 para evitar pagar a los acreedores y trabajadores. El primero vendió al segundo Viajes Marsans, para después declarar su quiebra. Desde entonces, legalmente Díaz Ferrán no poseía ningún activo pero, sin embargo, ha seguido operando a través de De Cabo, o concretamente a través de sus empresas pantallas y sus testaferros.

Fuentes judiciales sostienen que De Cabo ya planeaba salir del país porque ya había rebasado el límite de lo razonable. Sin embargo, no hay pruebas fehacientes de que Díaz Ferrán también quisiera huir del país.

En estos momentos, la Policía sigue analizando toda la documentación incautada en los registrados mientras que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ya está ultimando comisiones rogatorias a varios países que funcionan como paraísos fiscales para intentar recuperar dinero destinado a cuentas en el extranjero.

Los detenidos declararán como imputados este miércoles por los delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y alzamiento de bienes dentro de una investigación abierta tras la querella presentada por mayoristas de Viajes Marsans.

Fuentes jurídicas no descartan que la Fiscalía solicite prisión para alguno de ellos, incondicional o con fianza, siempre y cuando una vez finalicen los interrogatorios haya sospechas de riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas.