El Congreso reclama la correspondencia de Bono y Salgado para aclarar las obras en la Cámara

Los misterios de las actuales obras del Congreso, encargadas sin publicidad por el anterior Gobierno a instancias de José Bono, estimulan la curiosidad de algunos grupos parlamentarios que prueban a intentar aclararlos por vía reglamentaria. Después de que El Confidencial sacara a la luz las instrucciones escritas del anterior presidente de la Cámara a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, UPyD exige al Ministerio de Hacienda (donde está ahora Patrimonio del Estado) que le remita toda la documentación sobre las obras.

La diputada Rosa Díez se acoge al artículo 7 del Reglamento del Congreso para que la Cámara obligue a la Administración (en este caso Hacienda) a facilitarle toda la documentación solicitada o, si se niega, a que en un plazo no superior a 30 días informe al presidente de las Cortes sobre “las razones fundadas en derecho que lo impidan”.

La parlamentaria de UPyD recurre a ese trámite, más directo que la pregunta por escrito dirigida al Gobierno, para aclarar esa ‘herencia’ de Bono que tiene el Palacio patas arriba desde hace dos semanas: vallado, con grúas, casetas y zonas de carga y descarga en la puerta de los leones, la acera correspondiente y los patios interiores.

Las obras acometidas por decisión de Patrimonio del Estado son de una envergadura y duración que nadie tenía previsto. Hasta el extremo de que se han tenido que suprimir las tradicionales jornadas de puertas abiertas que se celebran desde 1996 con motivo del aniversario de la Constitución, además de la recepción del día 6 de diciembre, que se ha pasado al Senado. Para reparar la cubierta, recuperar dos salas y poner orden las instalaciones exteriores del Palacio, la empresa constructora calcula que tardará unos ocho meses.

Rosa Díez pide toda la documentación sobre las obras: el expediente de contratación, el contrato suscrito con la empresa adjudicataria del concurso con todos sus anexos y calendario de ejecución, informes técnicos que justificaran las necesidad de las obras y toda la correspondencia existente entre el Ministerio de Economía o el actual de Hacienda y Administraciones Públicas, que es de donde ahora depende la dirección general de Patrimonio.

El deterioro de la cubierta del Palacio del Congreso era evidente desde hace años y los grupos no cuestionan que se tenga que reparar, pero quieren explicaciones sobre todo lo demás: el origen el contrato, la licitación de las obras y el retraso en su puesta en marcha. Bono pidió a Salgado en febrero de 2011 que el concurso se hiciera sin publicidad, Patrimonio obedeció y sólo invitó a las 5 grandes constructoras (Ferrovial, Sacyr, OHL, Dragados y Acciona) a que se presentaran. Aunque el proyecto ascendía a 7 millones de euros, al final se lo quedó Dragados (Florentino Pérez) por 4,5 millones.