La ’Operación Mercurio’ se desinfla: el número 2 del PSC sólo recomendó a una persona

Ni tanto ni tan poco. El escándalo levantado con motivo de la denominada Operación Mercurio, en la que varios dirigentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), fueron imputados en supuestos tráficos de influencias, cohecho y varios delitos económicos más, no lo es tanto. Con motivo del escándalo, dejaron sus puestos el número 2 del PSC, Daniel Fernández, y el alcalde de Sabadell y responsable de Política municipal del PSC, Manuel Bustos. Según las primeras informaciones, la investigación trataba de determinar si responsables políticos de la localidad de Sabadell, cercana a Barcelona, se lucraban con supuestas concesiones municipales de obras o servicios.

Pero las pruebas apuntan a que el el número 2 del PSC no tiene nada que ver en el asunto. “Simplemente, había llamado a la alcaldesa de Montcada i Reixac [una localidad cercana] para pedirle que tuviera en cuenta que había una persona con el perfil idóneo para la plaza de arquitecto que el Ayuntamiento había sacado a concurso. Se hizo la selección conforme a la ley. Se hizo un concurso público y fue contratada. ¿Alguien puede afirmar que no está capacitada para ocupar ese puesto?”, explican fuentes del PSC a El Confidencial.

El tema en cuestión era que la alcaldesa, Maria Elena Pérez, imputada también por la juez, había destituido al arquitecto municipal y buscaba un profesional para sustituirle. Fernández la llamó y le recomendó que tuviese en cuenta a una persona que conocía y que se adaptaba al perfil que buscaba. Así, Carmina Llumà pasó la prueba y fue contratada por este ayuntamiento. Pero en su currículum constaba que había sido secretaria general de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, es decir, la segunda del consejero Joaquim Nadal, durante siete años la cabeza visible de esa consejería.

Fuentes de los partidos rivales consultadas por El Confidencial reconocen que los cargos contra Fernández son endebles. ”Si nos medimos con el mismo rasero, la mitad de los políticos españoles deberían estar en la cárcel”, asegura una fuente de la dirección de un partido rival. Y añade que “es una putada, pero técnicamente se puede interpretar como tráfico de influencias. De todos modos, es casi seguro que el Tribunal Supremo le retirará la imputación porque no tiene sentido que te procesen por recomendar a alguien”.

Desde el PP, no obstante, han echado leña al fuego. La portavoz local popular, Eva García, dio ayer una rueda de prensa para explicar que Fernández y Pérez habían pactado la contratación de Llumà como responsable del área territorial del Ayuntamiento a pesar del concurso público que se había convocado, al que se habían presentado cinco personas. De hecho, el registro en el consistorio de esta localidad se realizó exclusivamente para obtener el expediente de ese concurso. Y aprovechó para dejar caer que el anterior responsable del área fue destituido “de forma fulminante y sin dar explicaciones”. ¿El motivo? La alcaldesa había perdido la confianza en él y determinó su sustitución, iniciativa, por otro lado, que entra dentro de sus prerrogativas.

La confianza del líder del PSC

El líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, salió ayer en defensa de los dos altos cargos de su partido. “Estar imputado no quiere decir que sean culpables de nada”, subrayó Navarro. Y añadió que “estamos hablando de personas que tienen su honor, su familia y sus circunstancias individuales. Y lo más importante en un estado de derecho es la presunción de inocencia”.

Navarro reconoció que había hablado tanto con Fernández como con Bustos, que le habían narrado sus respectivas responsabilidades en el tema. ”He escuchado las explicaciones de ambos y me han convencido cuando me dicen que con inocentes”, afirmó el líder del PSC. Además, diferenció la denominada Operación Pretoria (en la que fueron encarcelados el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el ex diputado socialista Luis García y los ex dirigentes de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta) de esta llevada a cabo en Sabadell, ya que su naturaleza es “muy diferente”.

Fuentes socialistas consultadas por este diario destacan la “inoportunidad” del gran despliegue policial (se utilizaron 300 mossos d’esquadra para las entradas y registros) y algunas de las circunstancias del mismo. Por ejemplo, “que esperasen a que Daniel Fernández fuese a dar una rueda de prensa a las 5 de la tarde del martes para comunicarle su imputación, cuando podían haberlo hecho antes o después. Sin embargo, y sorprendentemente, se hizo cuando la prensa estaba concentrada en la sede del PSC. Y encima, por un tema que nada tiene que ver con la corrupción urbanística. Eso sólo se puede deber a un intento propagandístico y para llamar la atención”, afirman las fuentes.

De todos modos, todavía queda en el aire la actuación de los cargos políticos y personal municipal que presuntamente formaban parte de la trama y que, presuntamente, se repartía el dinero que pagaban los empresarios que querían establecerse o trabajar en ese municipio. Según la Fiscalía Anticorrupción, los aspirantes a trabajar con el Ayuntamiento de Sabadell debían aportar a fondo perdido 120.000 euros y luego pagar la mordida del 3% del total de las obras que hacían con cargo al erario público. Según las pesquisas, el número 2 del PSC no tenía nada que ver con ello, y el alcalde de la ciudad niega cualquier vinculación. Pero alguien tendrá que explicar cómo, cuándo y por qué se pagaba a los funcionarios municipales.