Bono instó a Salgado por escrito a que adjudicara sin publicidad las obras del Congreso

José Bono resulta ser el promotor de las obras acometidas en el Congreso desde la pasada semana y que han obligado a anular las celebraciones del Día de la Constitución de este año (como adelantaba en exclusiva El Confidencial), jornadas de puertas abiertas incluidas. Así lo acredita una carta enviada en febrero de 2011 por el anterior presidente de las Cortes a la entonces vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, a la que ha tenido acceso El Confidencial, y que incluía la petición de que la reforma se encargara “sin publicidad” por los intereses de “la seguridad del Estado”. Patrimonio, entonces dependiente del Ministerio de Economía, sólo invitó a licitar a las 5 grandes constructoras: Ferrovial, Sacyr, OHL, Dragados y Acciona.

En vez de facturas sin pagar, la herencia que se ha encontrado la actual Mesa del Congreso con el cambio de presidencia consiste en unas obras retrasadas, tan aparatosas como inaplazables, que complicarán el tránsito y el acceso al Palacio de la Carrera de San Jerónimo hasta el próximo verano. Entre la petición de Bono a Salgado y la decisión de Patrimonio del Estado de invitar a las empresas elegidas para licitar en un proyecto que ascendía a los 7 millones de euros, pasaron ocho meses. Después, los trámites se fueron alargando y hasta junio de este mismo año no se adjudicaron las obras a Dragados por 4,5 millones de euros. 

El 5 de noviembre empezó el vallado del edificio y llegaron a la puerta de los leones, a las aceras adyacentes y a los patios las bases para las grúas, las casetas, los andamios, y las zonas reservadas para carga y descarga. Ayer, Jesús Posada explicó a los miembros de la Mesa del Congreso y a los grupos que en esas condiciones era imposible celebrar los actos habituales de la Constitución y que había decidido trasladar la recepción del día 6 de diciembre al Senado previa consulta con su presidente, Pío García Escudero.

Los partidos de la oposición no pusieron pegas en la reunión, pero la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, comentó luego que las obras se podían aplazar. También insinuó que Posada, al suspender los actos, quería evitar problemas con el 15-M y los grupos que convocan cercos o asaltos al Congreso en los últimos meses. Pero las dudas sobre la reforma residen en la tardanza en acometerla (las filtraciones y goteras son un problema acuciante desde hace años) y en el procedimiento elegido. En el escrito remitido por Bono a Salgado el 10 de febrero de 2011, el entonces presidente de las Cortes explicaba que la dirección general del Patrimonio del Estado “ya conoce” la necesidad de rehabilitar la cubierta del Palacio del Congreso para proteger la integridad del edificio.

Bono dio las pautas que debía seguir el Ministerio de Economía. Como la contratación de los trabajos requería facilitar a las empresas los planos del Palacio, así como “las numerosas instalaciones que se encuentran en la cubierta”, el presidente del Congreso indicaba que “no debería procederse a la convocatoria de un procedimiento abierto, sino que debería procederse a la convocatoria de uno negociado sin publicidad”. También añadía que la Mesa del Congreso (Órgano que él presidía) había considerado en su reunión del día 8 de febrero que “concurren intereses esenciales para la seguridad del Estado que deben ser protegidos en la contratación del proyecto y obras de rehabilitación de la cubierta del Palacio del Congreso de los Diputados”.

Reformas para los grandes e inaplazables

Elena Salgado procedió como le indicaba Bono, sin publicidad, pero se tomó su tiempo. Patrimonio del Estado no tuvo listo hasta junio el pliego de prescripciones técnicas, que además fijó el importe de licitación en 7.080.000 euros. Las invitaciones a las empresas no se hicieron hasta octubre de ese año, con las Cortes recién disueltas. La oferta a concurrir sólo llegó a las cinco grandes compañías de la construcción: Ferrovial, Sacyr, OHL, Dragados y Acciona. En mayo, ya en la nueva legislatura, se emitió el informe técnico de valoración de las ofertas. Las obras quedaron adjudicadas a Dragados al mes siguiente por un importe mucho más bajo que el límite propuesto: 4.530.966 euros.

En fuentes de la Mesa del Congreso insisten en que se encontraron todo hecho desde Patrimonio del Estado. La magnitud de la reforma y las consecuencias sobre del desarrollo de la vida parlamentaria es lo único que aspiran a paliar, mientras que el grado de deterioro de la cubierta impedía aplazar más los arreglos, según aseguran en los mismos medios. Lo que temen ahora en la Cámara es que las reformas se alarguen, como es habitual en todas las obras, y no estén terminadas hasta el próximo otoño.