Los fantasmas de la corrupción acechan a Mas

Los fantasmas de la corrupción sobrevuelan la campaña de las elecciones autonómicas catalanas previstas para el próximo 25 de noviembre. ¿Tiene Artur Mas cuentas secretas en Suiza? ¿Y Jordi Pujol? Desde la Generalitat y Convergència i Unió (CiU) lo niegan categóricamente. Pero desde otras instancias aseguran que tienen incluso cajas de seguridad en el país helvético. Quien tiene la potestad de llevar adelante cualquier investigación es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que no tienen ni idea de que hubiese una investigación sobre el asunto.

Según las informaciones que publicó ayer el diario El Mundo, un borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aseguraba que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Convergència durante la última década a través del Palau de la Música se desviaban a cuentas corrientes en Suiza controladas por Jordi Pujol y Artur Mas, además del padre de éste, fallecido el año pasado.

“En el Ministerio del Interior no tenemos constancia de ninguna investigación sobre cuentas en el extranjero. El ministro ha pedido explicaciones sobre lo que se ha publicado, porque no sabía nada. El informe al que se hace referencia no existe. Y si se ha hecho algún informe al margen de los cauces oficiales es una chapuza, porque si en algún momento hay constancia de un delito, lo que debe hacerse es judicializar el asunto. Si el Ministerio hubiese sabido algo, lo hubiésemos puesto en conocimiento del juzgado”, asegura a El Confidencial una fuente oficial de Interior.

Hace un mes comenzaron a circular algunos correos electrónicos -dirigidos a políticos, empresarios y periodistas- que apuntaban a la existencia de cuentas corrientes en Suiza a nombre no sólo de Jordi Pujol y de Artur Mas, sino de otros políticos de primera fila, incluidos expresidentes del Gobierno, y empresarios de postín.

La información parecía surgir del robo de información confidencial de una oficina del HSBC en Suiza en el año 2008 por parte de un empleado infiel, Hervé Daniel Falciani, que se fugó con los datos confidenciales de 130.000 cuentas de clientes de la entidad. Falciani utilizó el nombre falso de Rubén Al-Chidiak para ponerse en contacto con varios servicios de información europeos. En España, los datos se atesoraron en las dependencias de Hacienda y de la Fiscalía Anticorrupción. Falciani fue detenido en Barcelona el pasado 1 de julio y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, a la espera de decidir si concede la extradición a Suiza, que le acusa de robar información de su empresa para venderla a la competencia.

En la información que había sustraído, existían datos confidenciales de varios miles de cuentas corrientes de ciudadanos y empresas españolas desde 1997 hasta finales de 2007. Según parece, no le hicieron demasiado caso por lo que decidió filtrar documentos de las cuentas corrientes de la familia Botín (a través de la Hacienda francesa), lo que obligó a la Agencia Tributaria a abrir un expediente y a tomar en consideración la información adicional contenida en su lista.  

Las cuentas secretas y el caso Palau

Pero el tema de la investigación sobre los nacionalistas catalanes va más allá. Según fuentes consultadas por El Confidencial, hace algunas semanas alguien intentó que el juzgado que investiga el escándalo del caso Palau (donde están imputados algunos cargos de Convergència y por el que el partido de Artur Mas tuvo que depositar una fianza de 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil) aceptase introducir nuevas pruebas que apuntaban a cuentas secretas de Mas y Pujol en Suiza. La información se hizo llegar también a la Fiscalía, pero el sumario, después de varios años de tramitación, ya estaba cerrado. No fue posible incluirla en el mismo.

A partir de ese momento, se pierde la pista de las pesquisas que supuestamente había seguido la UDEF. Por si fuera poco, en sus afirmaciones hay errores de bulto, atribuyendo a la familia Pujol propiedades que no tienen. “El Ministerio no encargó jamás ningún informe sobre este tema”, aseguran a este diario fuentes gubernamentales. Por su parte, el juzgado del caso Palau emitió ayer un comunicado desvinculando cualquier información publicada con las pesquisas que lleva a cabo.

“El informe es un montaje, han cruzado la raya”

Fuentes de la cúpula de CiU consultadas por este diario aseguran que el supuesto informe de la Policía “es un montaje. Se dice que todo sale de la investigación del caso Palau pero en el sumario no existe ni una referencia a cuentas en Suiza de algún político catalán. En esta ocasión, han traspasado la raya. Hemos estado callados hasta el momento pero ahora responderemos jurídicamente”. Según dichas fuentes, CiU interpondrá una querella criminal contra El Mundo y contra los responsables del “supuesto informe” el lunes o martes. Aseguran además que las filtraciones que se han realizado “tienen una explicación política, pero no se aguantan jurídicamente. Todo es mentira”.

Lo cierto es que los servicios de información del Gobierno han estado hurgando en los últimos meses en todas las instancias para conocer los puntos débiles de los nacionalistas catalanes. Pero no habían canalizado ninguna información con datos concretos.

Convergència tiene pendientes en los juzgados varios temas escandalosos. Hay indicios sólidos que apuntan a que pudo lucrarse a través del Palau de la Música, cuando esta institución estaba presidida por el saqueador confeso Fèlix Millet. En este sumario, está imputado el extesorero, Daniel Osàcar, ya que millones de euros podían haberse desviado al partido mediante el Palau, que habría servido como instrumento para trasvasar los fondos de las constructoras a Convergència, pasando por la Fundación oficial del partido. Y aquí tanto la trayectoria del dinero como las reuniones que mantenía la cúpula del Palau con destacados dirigentes de Convergència sí que figuran en informes oficiales realizados por orden del juez.

Además, CDC ha de responder por el caso ITV, donde se apunta al propio secretario general del partido, Oriol Pujol. La trama de las ITV pretendía derogar los concursos de estaciones de ITV del anterior Gobierno y establecer un nuevo mapa para favorecer a empresas amigas., además de intentar llenarse luego los bolsillos con adjudicaciones oficiales de inspecciones industriales. Según las conversaciones telefónicas interceptadas, Oriol Pujol estaba en contacto con los principales implicados para articular los sistemas legales que beneficiasen a sus intereses particulares.

Además, un juzgado de Barcelona investiga a un exalto cargo del Gobierno, Ramon Bagó, íntimo amigo de Jordi Pujol, por adjudicar a sus empresas decenas de  contratos públicos por casi 60 millones de euros. La propia Oficina Anticorrupción de Catalunya (OAC) ha estado investigando las adjudicaciones de Bagó a sus empresas en el ámbito sanitario (se autoadjudicaba los comedores y servicios de la mayoría de hospitales públicos).