Alternativas (reales) para evitar los desahucios

Casi 400.000 ejecuciones hipotecarias, tres suicidios, una normativa española criticada desde Europa y las denuncias de ciudadanos y jueces. Cinco años después de que se produjese el primer desahucio de esta crisis la bola de nieve se ha convertido en avalancha y la clase política está obligada a resolver lo que a día de hoy es un verdadero drama: los bancos, amparados por las leyes en vigor que nadie se decide a reformar, están dejando a demasiada gente en la calle.

Ante este escenario muchas han sido las propuestas que han llegado al Congreso de los Diputados: dación en pago, limitación de la concesión de créditos y cláusulas abusivas, ayudas del Estado para los hipotecados, etc. Pero ninguna ha sido considerada. Y ahora, cuando los desahucios muestran su cara más cruda, se suceden las ofertas de pactos entre partidos y las supuestas soluciones de urgencia. Sin embargo, los expertos en el tema creen que no se está abordando de forma adecuada. 

“El enfoque es erróneo. Los desahucios son el efecto de la falta de protección al ciudadano, y no su causa. España es una anomalía en el mundo, un caso único en la falta de protección a los particulares”, explica Luis Barriga, técnico en programas de Bienestar Social y miembro de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. “El problema no es la Ley Hipotecaria sino el derecho español, que establece una responsabilidad ilimitada ante la deuda, para cada ciudadano, que se traspasa a sus hijos y a los hijos de sus hijos”.

Todos los países de la OCDE tienen sistemas de protección a los particulares sobreendeudados y de saneamiento de esa deuda, excepto España. Básicamente -explica Barriga- hay tres modelos. El francés y el belga se basan en la mediación con el acreedor. Cuando los ciudadanos no pueden pagar deben acudir obligatoriamente a este sistema. Si no se llega a un acuerdo el asunto pasa a la vía judicial, “pero allí los jueces tienen plenos poderes para adoptar las decisiones que consideren oportunas: quitas, moratorias, conversión en alquileres… En función de cada caso”, recuerda el técnico. “Además, no se sobrecarga la justicia ya que el caso llega a los jueces con el expediente armado y ellos pueden proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En España se han puesto en marcha varios servicios con vocación de mediación. El primero en Cataluña, hace cuatro años, con oficinas de información e intermediación. Después en el País Vasco y el Ayuntamiento de Terrasa. El último de estos proyectos se puso en marcha hace ocho días en Castilla y León, con 24 corporaciones locales que dependen de Servicios Sociales. Once entidades bancarias se han adherido y se estima que ya están tramitando cerca de un centenar de expedientes. “Lo bueno -explica Barriga, asesor del proyecto- es que no se negocia con las sucursales, sino con las centrales de los bancos, mucho más preocupadas por su imagen, y evitando así además situaciones de enfrentamiento personal”.

Pero hay más fórmulas. La segunda alternativa, que se aplica en Alemania y Austria, está fundamentada en el procedimiento concursal. El ciudadano que no puede hacer frente a sus deudas se declara en quiebra. “En España se aplica pero la legislación, tal como está planteada, impide que proteja a los ciudadanos. En el caso de los particulares, como la vivienda no se considera un medio de producción sino un derecho, no se puede proteger”, constata Luis Barriga.  La reforma de Ley Concursal, aprobada al final del último Gobierno de Zapatero y en vigor desde el pasado 1 de enero, incluía además una disposición adicional única que obligaba al Gobierno a remitir a las Cortes Generales en el plazo de seis meses un informe sobre la ejecución y efectos del conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades para satisfacer sus obligaciones, y especialmente las garantizadas con hipoteca". Más de cuatro meses después de que expirara el plazo no ha habido medidas ni, por tanto, informe, incumpliendo el mandato.  

“En España -explica el técnico- el administrador concursal es una figura mal vista, además es el que más cobra y el primero en hacerlo. En Alemania son las oficinas de los Lander quienes se encargan de llevar a cabo estos procedimientos y, si los acreedores no están de acuerdo, los tribunales toman las decisiones que consideran oportunas, con moratorias de hasta cinco años, por ejemplo”. Este modelo alemán, en opinión del experto, sería el más adecuado para su aplicación en España: “Al acreedor se le garantiza que los plazos son ajustados a la realidad y que no hay picaresca. Y al deudor un trato individualizado fiel a la realidad de su situación”.

Aún existe un tercer modelo que podría ser una alternativa real al problema español de los desahucios. Y no parte precisamente de planteamientos políticos de izquierdas. “En Estados Unidos odian la economía subsidiada. Y cuando un particular entra en una situación de quiebra se ve condenado a esos subsidios o a la economía sumergida”, explica Barriga. “Y eso a los estadounidenses les da pánico. Por eso a los deudores se les garantiza la conservación de todos los medios vitales de subsistencia –como la vivienda- y, transcurrido un tiempo, se produce incluso la condonación total de la deuda”. La idea es: ‘Sal y vuelve a emprender’. Se busca dar una nueva oportunidad al ciudadano para que contribuya al sistema”.

Europa no avala las leyes españolas 

“La tragedia española -indica Barriga- es que la persona jurídica tiene protección y la física no. La deuda te persigue hasta la muerte y tus herederos la heredan”. Esta misma percepción llevó a José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado mercantil 3 de Barcelona, a plantear en julio de 2011 una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo al considerar el sistema de desahucios español “injusto e irrespetuoso”. Este viernes se ha conocido el dictamen de la abogada general Juliane Kokott demuestra la "debilidad" del sistema jurídico actual y abre la puerta a que con la futura sentencia los jueces revisen de oficio las cláusulas abusivas en los créditos. Sin embargo, todavía falta el fallo, que puede provocar un terremoto judicial.

La iniciativa del magistrado español nace de la consideración de la Ley Hipotecaria, de 1909, como una normativa “obsoleta” y que no atiende “los problemas de fondo derivados de la crisis económica y los productos -abusivos y complejos- de las entidades financieras”. El resultado de la aplicación de esta ley son 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007, por lo que, a juicio de Fernández Seijo, “la solución no pasa por la reforma parcial de la norma, sino por la creación de una ley de insolvencia de particulares”.

Además, el magistrado insiste en la necesidad del “carácter retroactivo” de toda medida que adopte la clase política, ya que “de no ser así no se habrá resuelto el problema”. Pese a lo crudo del escenario, con tres suicidios de afectados por las ejecuciones hipotecarias, José María Fernández Seijo es optimista. “La reacción del poder político llega con cinco años de retraso, pero hay que mirar al futuro y seguir presionando para que quienes tienen la capacidad actúen y eviten que España deje de ser un país de primera división”.

Escepticismo hacia la clase política

La Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales envío un trabajo con sus alternativas al Congreso e incluso se reunieron con el Secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre: “Salimos convencidos de que nada se iba a hacer. Los bancos han impuesto firmemente las líneas rojas de lo que no se puede negociar”, afirma Barriga. Antes, lo intentaron con el PSOE y  algunos de sus diputados estuvieron trabajando en el tema, sin llegar tampoco a ninguna reforma efectiva. El informe también se envió a la anterior Defensora del Pueblo y a las Cortes, que le dio traslado a la comisión de Economía la pasada primavera. De si sus consecuencias se han estudiado o tomado en consideración, nada se sabe.

Tampoco la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha recibido nunca respuesta a la Iniciativa Legislativa Popular presentada en la Cámara Baja. Sin esperanza en la clase política y mirando con “desconfianza” al inminente pacto entre el Gobierno y el PSOE, insisten en que “toda medida que se tome debe atender también a las familias que ya han sido desahuciadas”.

Luis Barriga también es escéptico con las propuestas que tratan PP y PSOE para reformar la legislación. “Están demasiado centrados en el tema económico y el problema no es ese, sino que el ciudadano está absolutamente desprotegido. Lo que es imprescindible es una ley que, como en otros países, ayude a salir del sobreendeudamiento. Es una asignatura pendiente horrorosa en la legislación española que, hoy por hoy, trata al ciudadano como en la época de Dracón: convirtiéndolo en esclavo de por vida”.