La Comunidad carga contra Botella por "intoxicar" con la tragedia del Madrid Arena

La tragedia del Madrid Arena, que de momento ha costado la vida a cuatro jóvenes, se ha convertido en arma arrojadiza entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, o, lo que es lo mismo, entre Ignacio González y Ana Botella. Fuentes del Gobierno regional aseguran no estar dispuestos a que “por una lamentable irresponsabilidad” desde el Ayuntamiento “se intoxique” y se echen balones fuera con un “supuesto vacío legal sobre las macrofiestas”. Por su parte, desde el Consistorio se afirma que nada más lejos de la realidad y que el “haber aceptado una comisión de investigación lo demuestra”.

El ‘número dos’ de González, Salvador Victoria, abrió el fuego en la tarde del sábado en las redes sociales: “Espero que se depuren responsabilidades de todos los que han violado la Ley de Espectáculos y sus estrictos requisitos”. La andanada del portavoz era un claro mensaje en respuesta a las informaciones que empezaban a llegar desde el Ayuntamiento y que recogía la prensa, y que no han sentado, en absoluto, nada bien en la Comunidad.

Desde el Ayuntamiento se filtraba que esperaban de la Comunidad un desarrollo, mediante reglamentos, de la Ley de Espectáculos puesto que, según la versión municipal, en la actual normativa no se especifica en ningún texto legal aspectos como “la seguridad, los controles internos necesarios o los servicios médicos recomendables”.

Estas afirmaciones son las que han encendido las alarmas en el Gobierno regional, que ven una clara intención en “buscar derivadas que no existen”. “La ley de Espectáculos –aseguran desde la Comunidad- es muy rigurosa en cuanto a la prohibición de menores, aforos, licencias, etc”. Y van más allá: “Lo que hay que hacer es cumplirla”.

Tras la primera andanada de Salvador Victoria en las redes sociales, apelando a lo “estricto” de la norma, el portavoz del Gobierno de Ignacio González insistió: “La ley de Espectáculos establece estrictos requisitos de aforo, menores, objetos peligrosos, seguridad y control de accesos”. E insistía en que “el problema es que no se cumplan las leyes” y reproducía hasta la saciedad el mensaje: “La Comunidad espera que se depuren responsabilidades”.

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por El Confidencial aseguran que “nada más lejos de la intención de la alcaldesa que abrir un frente. Su máxima es que las instituciones no están para pelearse, lo que sería una ofensa para los ciudadanos”, y destacan la “plena disposición del Consistorio, nada de echar balones fuera, como lo demuestra el haber aceptado una comisión de investigación. Lo que sucede es que todo está bajo investigación policial, y van a salir muchos datos y la empresa organizadora tendrá mucho que decir”.

Las palabras de Ana Botella han reabierto una herida que se produjo apenas unas horas después de la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, la alcaldesa de la capital abrió el melón de la sucesIón al asegurar que “lo normal” era un Congreso para elegir un nuevo líder al frente del PP de Madrid. González respondió de inmediato: “Tengo todo el partido detrás”, advirtió a Botella, y tuvo que mediar la secretaria general, Dolores de Cospedal, para zanjar el debate abierto y dar la razón a González. Ahora, las dudas municipales sobre la “ambigüedad de la ley” no han hecho sino reabrir el enfrentamiento.

La ley de Espectáculos

Lo cierto es que la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de julio de 1997, recoge ya en su preámbulo recuerdos de los graves sucesos que ha vivido Madrid en su historia, al asegurar que “la seguridad de los espectáculos y de los establecimientos ocupa un lugar preferente entre las exigencias sociales, máxime en una región como Madrid que ha vivido trágicos accidentes todavía frescos en la memoria colectiva”.

La ley establece que son los “ayuntamientos quienes deberán efectuar la previa comprobación administrativa de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia”; que son los entes locales los que deben “ejercer las funciones inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas”.

La ley establece infracción muy grave “la permisión o tolerancia de actividades ilegales, especialmente la tolerancia del consumo ilícito o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en locales, espectáculos o establecimientos regulados en esta Ley o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, organizadores o encargados”; ”la superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes”; “disponer de personal para el desarrollo de la actividad de control de acceso en espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones sin el certificado acreditativo de la Comunidad de Madrid, así como el incumplimiento de las medidas o servicios de vigilancia obligatorios”. Y se considera falta “grave” la “admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos donde tengan prohibida su entrada o participación”.