El juez ayudante de los EREs tira por la borda la instrucción de la jueza Alaya

Fernando de Pablo estaba citado ayer, a las diez de la mañana, por el magistrado Iván Escalera en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De Pablo, abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, en prisión desde hace siete meses por el caso de los EREs falsos, recibió la noticia de Escalera con “desilusión”. Esperaba la libertad de su cliente.

Guerrero podrá esquivar la cárcel pagando 50.000 euros. El juez ya había dejado en 150.000 euros la fianza impuesta al ex alto cargo de la Junta. “No sé cuánto dinero hay recaudado. Lo estamos peleando, no es nada fácil, pero hay que hacerlo. Cada día allí no es un día, es un año”, admite De Pablo en declaraciones a El Confidencial.

El que fuera mano derecha de tres exconsejeros de Empleo (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández) ha sido incapaz de pagar la fianza que les exigió la juez Mercedes Alaya, de baja laboral por estrés desde el pasado mes de septiembre (ver Matacán de Javier Caraballo). Fernando de Pablo ya argumentó para pedir la libertad sin fianza de Guerrero “una cuestión de equilibrio y equidad" entre los distintos imputados en la causa. Alaya dejó en libertad con cargos tanto a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera como al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

¿Vuelve Alaya?

La vuelta de Alaya a su despacho de los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla es una incógnita. Fuentes judiciales consultadas por este diario resaltaron que la incorporación podría ser “inminente”, pero aún no existe una fecha concreta. Lo que está claro es que el trabajo de Escalera, magistrado ayudante de Alaya encargado de aliviar el abundante volumen de trabajo de la juez no sólo en el caso de los EREs falsos (también en Mercasevilla), ha tirado por la borda la instrucción de Alaya.

La juez se negaba constantemente en sus autos a rebajas indiscriminadas en la fianza impuesta a los imputados en prisión o a la excarcelación de algunos de ellos, como la de Juan Francisco Trujillo, el llamado chófer de la cocaína. Trujillo salió de prisión el pasado lunes, en un taxi, de la cárcel de Morón de la Frontera. El chófer está imputado por 22 delitos en el caso de los EREs.

El exdirector general de Trabajo ya salió de la cárcel el pasado mes de agosto, pero fue sólo para declarar en la comisión de investigación de los EREs falsos. En su intervención, en la que contestó a muy escasas preguntas de los diputados de los tres partidos políticos, declaró que él no era “ni un putero, ni un drogadicto, sino una persona jovial”. “Me tomo las copas donde me apetece y donde quiero, cosa que también se me cuestiona. He llevado la vida normal de cualquier persona normal”, destacó Guerrero.

También aseguró conocer “el precio de un Gin-tonic” y de un “paquete de Marlboro”, antes de ningunear las declaraciones de su exchófer quien reconoció ante la juez Mercedes Alaya que habían utilizado dinero del fondo de reptiles dinero para juergas y cocaína. “Yo no voy a estar al pairo de quien me quiera poner a trapo, lo tendrá que demostrar él”, precisó Guerrero, el último implicado de la trama que sigue entre rejas.