El Gobierno llama al orden a los empresarios para que dejen de reclamar el rescate

En boca cerrada no entran moscas. Por esa misma razón el Gobierno prefiere que los empresarios más ilustres del Ibex-35 se abstengan en sus intervenciones oficiales de realizar referencias y alusiones que incidan en la conveniencia de un rápido rescate de España a manos de la Unión Europea. Mientras Alemania no decante su posición de apoyo a un programa institucional de asistencia financiera y hasta que la prima de riesgo no se dispare peligrosamente, la estrategia de Mariano Rajoy consiste en aguantar el tirón, para lo cual es fundamental que los poderes fácticos de la economía española cierren filas con el poder legal establecido para no provocar malos entendidos en la opinión pública.

El primer arrebato en pos de un rescate bancario no deseado fue rubricado por Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM. Sin embargo, lo que verdaderamente ha levantado ampollas en medios oficiales ha sido la reciente invocación de Francisco González, titular del BBVA, cuando hace unos días señaló que si fuera posible sería mejor solicitar la ayuda de Bruselas “cuanto antes”.

En el Gobierno entienden que algunos empresarios pueden estar interesados en forzar la máquina del rescate como piedra angular para resolver por la vía directa las propias carencias de sus proyectos industriales. Ni que decir tiene que no es ésta la situación del BBVA, sobre todo después de que los test de estrés realizados por Oliver Wyman certificasen un superávit de capital para la entidad financiera de 11.183 millones en el peor de los escenarios. Precisamente por eso, y porque “FG sabe muy bien de qué va la cosa”, las citadas fuentes vinculadas con el Ministerio de Economía se han mostrado muy sorprendidas de que el máximo responsable del segundo banco español hable ahora de un rescate que “Rajoy no está dispuesto a solicitar… de momento”.

Las declaraciones de Francisco González, y ése es el problema, han enardecido los ánimos dentro del sector bancario, sobre todo una vez conocidos los datos de las auditorías efectuadas para delimitar las necesidades del sistema financiero español. Las voces y los ecos se mezclan en un griterío de socorro y salvamento al que se han sumado en los últimos dos días el Banco Popular con motivo de su forzada ampliación de capital y la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, quien ayer mismo se mostró partidaria de pedir, también rápidamente, la ayuda financiera a la Unión Europea.   

La clarificación de una postura institucional que aúne esfuerzos entre el Gobierno y los empresarios forma parte de las tareas que lleva a cabo la Oficina Económica de Presidencia, encabezada por Álvaro Nadal. El llamado zar económico de Moncloa mantiene contactos periódicos con los primeros espadas de las grandes corporaciones y multinacionales españolas agrupadas en torno al Consejo Empresarial para la Competitividad. El objetivo de estas reuniones de trabajo consiste en definir objetivos comunes de actuación en defensa de la “marca España” que contrarresten los constantes ataques que se vienen sufriendo desde el exterior.

Antes del verano,  la línea de actuación de este marketing estratégico tenía por objeto trazar una frontera lo más amplia posible con Grecia, de modo que nadie pudiera establecer odiosas comparaciones con la economía y las tribulaciones del país heleno. Ahora, el punto de mira se va a colocar en la defensa de la política de ajuste y austeridad sobre la base del enorme esfuerzo fiscal que se ha llevado a cabo durante el primero año del Partido Popular en el Gobierno. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está convencido de que España cumplirá el objetivo del déficit público previsto para este año en el 6,3% del PIB, pero otros responsables ministeriales menos optimistas consideran que incluso hasta una desviación del 7% debería ser entendida como un éxito, teniendo en cuenta que el cierre presupuestario de 2011 va a deparar unos números rojos del 9,4%:  “En un marco de recesión como el actual, la evolución fiscal de España a lo largo de 2012 no tiene parangón con ningún otro país de la OCDE”, aseguran las citadas fuentes del área económica del Gobierno.

Bajo estos fundamentos, la pertinaz insistencia en el rescate como panacea de la acción política y económica en España se considera en medios oficiales una irresponsabilidad aparte de  un “palo en la rueda” de la estrategia que defiende Rajoy. El presidente quiere que los empresarios dejen de presionar con una reclamación de insospechadas consecuencias y espera que admitan la legitimidad del Gobierno situándose en primer tiempo de saludo, asumiendo su papel gregario en materia de alta política y aceptando los sacrificios que también a ellos les corresponden ante una crisis de horizonte incierto.

Dentro de este marco de colaboración “y para que nadie se llame a engaños”, Hacienda ha decidido poner coto a las ventajas fiscales que las principales sociedades cotizadas en Bolsa han venido disfrutando tradicionalmente en el Impuesto de Sociedades. Un tributo que grava los beneficios a un tipo máximo del 30% pero que luego se reduce a un impuesto efectivo del 17%. Sin contar a las grandes empresas, que entre deducciones y desgravaciones múltiples, consiguen no pagar más del 5%. A partir de ahora se acabó lo que se daba. No es una “vendetta”, es simple necesidad recaudatoria, pero donde las dan las toman… y callar es bueno.