La Consejería de Cultura de Murcia, embargada por 4.100 euros

Son malos tiempos para la cultura. Las alegrías y dispendios generales tan comunes en los años de la burbuja inmobiliaria se han acabado. Pero las consecuencias para los acreedores siguen dando vueltas. Así lo muestra que un pequeño empresario del sector servicios no haya tenido más remedio que obtener judicialmente un embargo de las cuentas de Murcia Cultural, la sociedad anónima de capital público con la que la Consejería de Cultura realiza todos sus actos culturales y agrupa sus centros, para intentar cobrar una deuda de 4.100 euros, proveniente de varios trabajos realizados durante 2009 y 2010.

Murcia Cultural es la sociedad creada por la consejería que ahora dirige Pedro Alberto Cruz para la realización de todos los eventos culturales oficiales algunos de ellos con presupuestos millonarios, como la PAC (Proyecto de Arte Contemporáneo, cuyo acrónimo coincide con las siglas del consejero), Manifesta (que costó ocho millones de euros en su edición de hace dos años) o el festival SOS 4.8 (subvencionado con dos millones de euros para su última celebración en mayo pasado) y que controla los centros culturales de la Comunidad Autónoma, como, por ejemplo, el Auditorio Regional o el CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo).

El empresario en cuestión, que prefiere que su nombre no sea revelado, presentó en enero de este año una reclamación judicial por los 4.100 euros del total de la deuda, avalada con las correspondientes facturas y albaranes. En mayo, pocos días después de la celebración del millonario SOS 4.8 solicitó el embargo porque la consejería se negó a pagar la deuda contraída por Murcia Cultural.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Murcia dictó el embargo el pasado 17 de septiembre tras solicitar extractos de las cuentas bancarias de la sociedad que muestran saldos inferiores a la cantidad reclamada. Como figura en los anexos al dictamen judicial, Murcia Cultural tenía siete cuentas en BMN y CAM saldos de 1.699,64 euros, 334,38; 12,68; 2,95; 0,43; 0,06 y 0,00, respectivamente. Su única propiedad inmobiliaria, según la información solicitada por el juzgado antes de dictar el auto, es el Auditorio Regional de la Región de Murcia, un edificio de 12.893 metros cuadrados de superficie construida con un valor catastral en 2012 de 6.925.420,54 euros, según la información del catastro facilitada oficialmente al juzgado.

Ante la escasez de liquidez de la sociedad Murcia Turística, el auto judicial al que ha tenido acceso este diario decreta “el embargo de los derechos de cobro que la ejecutada tuviese con cargo a la Consejería de Cultura de la CARM hasta cubrir la totalidad de lo reclamado, así como que la referida Consejería informe al juzgado sobre el crédito que tiene a su favor el ejecutado, con expresión de los 20 dígitos de la cuenta corriente en la que ingresa dichos pagos”. Es decir, cualquier cantidad que se mueva desde la consejería a la sociedad anónima de capital público o sus propiedades, como es el Auditorio, deberá ser destinada a cubrir los 4.100 euros adeudados antes que a cualquier otro fin. Todo esto por un total dinerario extremadamente inferior al coste que habrá supuesto el  procedimiento jurídico para las arcas públicas.