El juez reclama los créditos que Bankia concedió a sus directivos y familiares

El juez Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia', busca posibles operaciones irregulares de los 33 imputados por la quiebra de la entidad bancaria en beneficio propio o de sus familiares, en siete escritos remitidos el pasado mes de julio a las siete cajas de ahorro integradas. 

El magistrado, que en el auto en el que imputó a los responsables de Bankia, con el exministro Rodrigo Rato a la cabeza, afirmaba que la entidad se gestionó pensando en el “favor político” y no en el “rendimiento económico” de sus accionistas, pide también que se le informe de las “operaciones de crédito, aval o garantía” a favor de los partidos o grupos políticos que tengan representación en ayuntamientos o parlamentos autonómicos “que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros”, y la situación actual de los mismos.

En la misiva enviada al director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia el pasado 4 de julio (todas son idénticas), desglosa en seis apartados toda la documentación que le debe ser remitida “a la mayor brevedad posible”. Como en el caso de los partidos políticos, Andreu solicita en primer lugar el detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas "desde el uno de enero de 2008 hasta la actualidad”, pero en este caso a favor de los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal directivo, familiares en primer grado, o con empresas o entidades que controlen, y las condiciones en que les fueron concedidas.

En el informe de gestión correspondiente a 2011, la entidad informa de la existencia de nueve créditos vivos a final del año pasado. Seis de ellos le fueron concedidos a empresas vinculadas al consejero Francisco Javier López Madrid por importe de 140 millones de euros y garantía personal. Arturo Fernández Álvarez, presidente de la patronal de los empresarios españoles, recibió dos millones de euros, también para empresas vinculadas e, igualmente, con garantía personal.

El instructor pregunta por las cláusulas de blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación, y pide a las entidades que le remitan una copia de las mismas desde enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010, momento en que entró en vigor la integración. Igualmente, reclama el importe desglosado de las indemnizaciones.

En su interés por indagar en todo tipo de ingresos que hayan podido recibir los 33 imputados en la causa no se olvida de los planes de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión, como pensiones complementarias o seguros de vida, y las aportaciones a los mismos. Finalmente, Andreu quiere saber los sueldos y las retribuciones de cualquier naturaleza que recibieran en atención a su cargo.

Tampoco parece conforme el juez Andreu con la supervisión sobre el estado de la entidad que hizo tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España (BE). En un escrito remitido a éste, también el 4 de julio pasado, el magistrado quiere que el supervisor le remita “los informes, documentos y expedientes elaborados por el grupo de inspección encargado de la inspección del Grupo Bankia en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y la actualidad”, y “los informes relativos a las retribuciones de los consejeros y directivos de Bankia y Banco Financiero y de Ahorro (BFA)” posteriores al 28 de diciembre de 2010. En el informe de resultados de Bankia correspondiente al tercer trimestre de 2011 se aseguraba que BFA alcanzaría el 9% de cuore capital exigido a junio de 2012 sin necesidad de acudir a fondos públicos.

Andreu ha reclamado del Banco de España el plan de capitalización que le presentó Bankia en enero de 2010, y el plan de saneamiento alternativo remitido por Rodrigo Rato, su presidente, poco antes de su renuncia el 7 de mayo de 2010 y que, según su testimonio, contaba con la aprobación del supervisor.