Todos los perdedores del caso Bolinaga

El caso Bolinaga está cerrado. El etarra Iosu Uribetxeberria está oficialmente en libertad y ya no hay más vías legales para recurrir la decisión de la Audiencia Nacional. Casi mes y medio después de que se iniciara este asunto, el único beneficiado es el exreo, que ha conseguido poder tratarse del cáncer irreversible que padece en libertad. Su caso, mientras, ha conseguido poner en jaque al Gobierno, Fiscalía, Audiencia Nacional, médicos y víctimas. Todos han salido mal parados en un asunto que se les ha escapado de las manos y que se ha seguido minuto a minuto.

A principios del mes de agosto, Uribetxeberría anunciaba una huelga de hambre para conseguir su libertad por estar enfermo. La dirección de la banda terrorista no consiente que sus presos tomen decisiones unilaterales, pero en este caso decidió utilizar la imagen del recluso como insignia de su lucha. Así, un gran número de presos etarras anunciaron el seguimiento de esa huelga de hambre, una causa común que duró poco porque rápidamente la abandonaron.

El propio Uribetxeberría aguantó quince días. Alegó que la falta de alimentos estaba perjudicando su salud y lo dejó. La causa Bolinaga era ya un filón para la izquierda abertzale y organizaciones proetarras que diariamente salían a la calle y se concentraban en el Hospital Donostia, donde se encuentra el enfermo, para exigir su libertad.

A partir de ese momento comenzó a funcionar la maquinaria gubernamental y judicial, grandes perdedoras en este conflicto. El Ministerio del Interior, por unas u otras razones, aprobó la concesión del tercer grado, a través de Instituciones Penitenciarias, como paso indispensable para que el juez de Vigilancia Penitenciaria le pudiera conceder la libertad condicional.

La primera plana del Ejecutivo cerró filas en torno al ministro Jorge Fernández Díaz y defendió públicamente que la ley obliga a que el etarra quede en libertad por razones humanitarias al tener una esperanza de vida inferior al año. Finalmente, el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, le concedió la libertad en contra del criterio de la Fiscalía y de la médico forense de la Audiencia Nacional, ambos con la idea de que el recluso podía seguir el tratamiento en los servicios hospitalarios de la cárcel al no estar en estado terminal.

Mientras tanto, el ambiente se fue caldeando y las víctimas se enfrentaron al Gobierno y al juez, acusándoles de caer en el chantaje de ETA. Como colofón, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de la Fiscalía y confirmó la libertad.

Un caso que inicialmente iba a pasar desapercibido como el de otras libertades condicionales a etarras por enfermedad o por arrepentimiento, se les ha escapado de las manos hasta tal punto que ahora está pasando factura a unos y a otros. El Gobierno ha sufrido fuertes críticas por apoyar la libertad de un etarra con informes desfavorables de la Fiscalía y de la médico forense. Las consecuencias reales se verán en los resultados de las elecciones en el País Vasco el próximo 21 de octubre.  

Protagonistas judiciales

El doble juego del Ejecutivo ha pesado en el juez Castro. Apoyado inicialmente por el Gobierno, en los últimos momentos del caso algunos miembros del Ejecutivo, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cargaban toda la responsabilidad en él. Fuentes cercanas al juez lamentan el desgaste sufrido por el magistrado, superado por las presiones políticas y mediáticas. Su imagen entrando en el hospital para hablar con Uribetxeberría le costó cara, y recibió fuertes críticas de la Fiscalía al actuar de oficio y sin contar con su apoyo.

En la diana también ha estado la médico forense, Carmen Baena. Cuando la Sección Primera de lo Penal, presidida por Fernando Grande-Marlaska, le encargó el último informe médico para conocer su opinión sobre el estado real de salud del enfermo, la presión pudo con ella. Asediada por periodistas, ella misma comentaba, con rostro desencajado, que no aguantaba más.

La Fiscalía intentó desde el principio que el etarra, condenado por el secuestro de Ortega Lara y por el asesinato de tres guardias civiles, siguiera en prisión mientras  no se demostrara que su estado era terminal. El juez no le escuchó y la Sala tampoco. Según fuentes próximas al Ministerio Público los dos fiscales que llevaron el asunto incluso llegaron a sufrir presiones del Ministerio del Interior, desde donde seles llegó a ofrecer, en medio del proceso, recuperar su servicio de escoltas, opción rechazada tajantemente. El único alivio de la Fiscalía es que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no se entrometió en el caso y aprobó todas sus decisiones.

El tribunal que estudió su recurso optó por seguir la tesis del Gobierno y del juez Castro y alegar razones humanitarias para firmar la libertad. El presidente de la Sala, Grande-Marlaska, gran defensor de las víctimas de ETA y uno de los arietes contra la banda en su etapa de juez central de instrucción, se ha quedado con la imagen de vendido  para las víctimas, que fueron a verle y recriminarle su postura por "olvidarse de su dolor". La decisión de la Sala además quedó empañada porque no fue por unanimidad. Uno de los cinco magistrados se opuso a dejar en libertad al etarra sin ningún éxito al estar claramente en minoría. Las víctimas seguirán intentando Uribetxeberría Bolinaga vuelva a la cárcel, pero la decisión es ya irreversible.