La excarcelación de Bolinaga pone a prueba la unidad del PP

La dirección del PP ha logrado imponer en sus filas durante la última semana la consigna interna de guardar silencio ante la próxima excarcelación del terrorista Josu Uribetxeberria Bolinaga, pero el proceso se alarga hasta cruzarse con el acto de arranque del curso político del partido. Mientras el fiscal prepara el recurso, Mariano Rajoy se encontrará este lunas en la reunión del comité ejecutivo a los tres dirigentes que ya se han pronunciado en contra: Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre y María del Mar Blanco. Y no son los únicos que esperan explicaciones, bien porque no entienden las prisas del Ejecutivo en aplicar los beneficios de la ley al asesino etarra que no pide ni disculpas, o bien porque no comprenden la gestión que ha hecho del caso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El Partido Popular en bloque ha cerrado filas con el Gobierno en todas las medidas que ha tomado para combatir la crisis, incluso las que iban contra el programa electoral y los principios de la organización (subir todos los impuestos), ante el panorama de bancarrota de las cuentas públicas y la urgencia de cumplir con el objetivo de déficit. Cualquier amago de debate interno se ha quedado en discretos comentarios sobre si el Ejecutivo se había quedado corto en las primeras medidas de austeridad o si Rajoy se debía esforzar más en la política de comunicación. Pero la concesión del tercer grado para Bolinaga y las posteriores contradicciones entre los informes médicos sobre su esperanza de vida sí que han provocado malestar y crítica abierta.

Primero fue el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja, quien hizo público su disgusto ante un paso que podía fortalecer a ETA. Eran “las cosas de Jaime”, como decían en fuentes de la dirección para restar importancia a la obsesión del ex ministro del Interior con la idea de que el Gobierno pueda dar continuidad, aunque sea por omisión, a las negociaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista durante sus años de mandato.

Jorge Fernández se encargó en persona de dar explicaciones a su compañero en la dirección del PP y hombre de la absoluta confianza de Rajoy. No hubo reprimenda, ni en privado y en público. Era lo último que interesaba al Gobierno: abrir un debate interno en el PP sobre la excarcelación del etarra, una medida que no cuestionaba partido alguno de la oposición salvo el grupo de Rosa Díez. El apoyo explícito y entusiasta del PSOE, que desde el poder cedió ante ETA en el caso De Juana Chaos hasta permitirle reemprender libre su vida en Venezuela, era un problema.

Esperanza Aguirre tampoco se mordió la lengua esta vez y dijo lo que pensaban muchos dirigentes y militantes del PP: que ella no hubiera promovido el tercer grado para el terrorista y que convenía pedir otro informe médico sobre su estado de salud. La Fiscalía y su equipo de forenses avivaron después las dudas e inquietudes  en el Partido Popular más allá de la indignación de las asociaciones de víctimas. Todo ello cuando lo que buscaba el Gobierno era un trámite discreto y rápido que cerrara cuanto antes el espectáculo de aprovechamiento político y mediático del caso Bolinaga que tenían organizado los proetarras como gran acto preelectoral ante los comicios autonómicos vascos del otoño.

Además de “las cosas de Jaime” (que se van cumpliendo desde hace años), la sinceridad sin medida de Aguirre y la desgarrada queja de María del Mar Blanco (“es una humillación para las víctimas del terrorismo”), en el PP se han oído otros comentarios de puertas adentro muy críticos con la gestión del ministro del Interior y desde los ángulos más diversos. Unos dirigentes no entendían que no se hubiera excarcelado antes a Bolinaga “si había que hacerlo” y antes de que su salida pudiera ser tan bien instrumentada por Bildu y compañía; otros muchos no entendieron los excesos verbales del ministro al defender el paso que daba (lo de la prevaricación) y casi ninguno que el Gobierno no hubiera manejado a tiempo la posibilidad de que los informes médicos fueran tan contradictorios.

Como no ha habido explicaciones internas, en medios del PP, más que información predomina la idea de que el Gobierno calculó que el brazo político de ETA esperaba organizar un gran circo mediático, incluso internacional, en contra del Ejecutivo español si se prolongaba la estancia en la cárcel de Bolinaga. En plena precampaña electoral hubiera significado además facilitar las cosas a los proetarras para que cultivaran el victimismo con que dan cohesión a sus bases. La cuestión es que ahora también pueden exhibir la excarcelación como una victoria frente “Estado español” (más moral para sus militantes) y a costa de desconcertar y provocar la desafección en el electorado del PP.

El pasado lunes María Dolores de Cospedal anunció que en la reunión que iba a tener con los miembros del comité de dirección del partido, compuesto por los tres vicesecretarios y los tres portavoces parlamentarios, Mayor Oreja incluido, se iba a tratar del asunto de Bolinaga. Luego se difundió la versión de que ni la secretaria general sacó el tema ni el ex ministro lo requirió. La consigna era guardar silencio y no moverlo más. Ahora la cuestión se ha complicado aún más porque cuando la Fiscalía recurra esta semana la concesión de la libertad condicional al terrorista el proceso se podría alargar hasta el otoño, que es lo que no quería el Gobierno.

Para acabar de enconar la situación, Mariano Rajoy se ha pronunciado al respecto en una entrevista publicada este domingo: "Tenemos que hacer caso a lo que nos dicen los informes de los médicos", asegura. "Yo respetaré lo que resuelva el juez, que es el competente para tomar la decisión definitiva. Esa es mi posición. Sé que le repugna a mucha gente; a mí también. Pero creo que el Gobierno tiene una obligación, que estar en la ley y en el respeto a las decisiones de los tribunales".