SOLO SERÁN ATENDIDOS EN URGENCIAS, POR ENFERMEDAD O EN CASO DE ACCIDENTE

El Gobierno aprueba que los inmigrantes 'sin papeles' paguen los servicios sanitarios

La generosidad de la sanidad pública española por cubrir gratuitamente asistencia sanitaria a todo el mundo se acabó. Ayer, el Consejo de Ministros puso fin a

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El Gobierno aprueba que los inmigrantes 'sin papeles' paguen los servicios sanitarios
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    La generosidad de la sanidad pública española por cubrir gratuitamente asistencia sanitaria a todo el mundo se acabó. Ayer, el Consejo de Ministros puso fin a este uso fraudulento de la Seguridad Social y aprobó el proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España. A partir del 31 de agosto, los extranjeros sin papeles en situación irregular se quedarán sin cobertura sanitaria. Una medida anunciada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, a mediados de abril, con un objetivo claro: frenar el 'turismo sanitario' y ahorrar mil millones de euros.  

    Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que la aplicación de la reforma redundará en la mejora de la dotación del “fondo de Cohesión Sanitaria del SNS”, que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros. El Gobierno accedió a poner coto al ‘turismo sanitario’ tras escuchar las revelaciones del Tribunal de Cuentas, que hizo público un informe en el que anunciaba que casi 700.000  extranjeros accedieron sin derecho a la tarjeta sanitaria española, ocasionando un gasto de 917 millones de euros.

    Tradicionalmente, los inmigrantes tenían derecho a una tarjeta sanitaria con sólo estar empadronados en un municipio. Con la llegada al Gobierno del PP y el déficit desorbitado, el Ejecutivo considera un “fraude” que personas que no pagan sus impuestos puedan disfrutar del sistema que todos los demás pagan. Excluyendo a los extranjeros no registrados como residentes en España, un colectivo formado por alrededor de 500.000 personas, según el INE, Sanidad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros. El ministerio lo advirtió: los sin papeles que se han visto privados de cobertura básica exclusivamente serán atendidos durante el embarazo, el parto y el postparto. Los menores de edad recibirán los mismos cuidados que los españoles.

    El Real Decreto contempla, sin embargo, la atención de urgencia, por enfermedad o accidente, de los sin papeles. Gracias a esto, “la cobertura es una de las más amplias que la de la mayoría de los países europeos”, sostienen. El objetivo es evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que, mediante lagunas administrativas, se beneficien para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España. Además, también se pretende impedir que el sistema de salud sufrague la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta, del mismo modo que los españoles que se encuentren en esta coyuntura sufrirán la misma situación en el extranjero.

    Un organismo 'espía' para 'cazar' a los fraudulentos

    El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único organismo que tramitará y resolverá la condición de asegurado y beneficiario. También será el encargado de detectar irregularidades como los 800.000 titulares que “constaban como beneficiarios de otras personas, cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían ser titulares; las 200.000 personas que figuraban como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos o las 150.000 tarjetas sanitarias activas que se han detectado en personas ya fallecidas”.

    Hasta el año 2000, la situación era similar a la que el Gobierno de Rajoy va a imponer ahora. Los inmigrantes irregulares no tenían derecho a la misma atención sanitaria que los españoles. Pero ese año, el Ejecutivo, también del PP, modificó la ley de Extranjería y permitió a los "sin papeles" acceder a la tarjeta sanitaria con el empadronamiento como único requisito. Ahora, el ministerio de Sanidad denuncia un abuso de asistencia sanitaria, y vuelve a perjudicar a un colectivo ya de por sí débil, según las organizaciones de ayuda.

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