EL JUEZ YA TIENE EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE LA CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN

Bermúdez no descarta investigar a la cúpula de Interior por la filtración de Publio Cordón

La reactivación de la investigación del secuestro de Publio Cordón podría llegar a salpicar al Ministerio del Interior. El magistrado Javier Gómez Bermúdez quiere averiguar quién

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Bermúdez no descarta investigar a la cúpula de Interior por la filtración de Publio Cordón
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La reactivación de la investigación del secuestro de Publio Cordón podría llegar a salpicar al Ministerio del Interior. El magistrado Javier Gómez Bermúdez quiere averiguar quién ha revelado a los medios de comunicación los datos secretos recogidos en una comisión rogatoria remitida por Francia, claves para revelar la total autoría del secuestro y la localización del cuerpo. Según fuentes jurídicas, Bermúdez ya tiene en su despacho el informe de la Benemérita sobre la cadena de custodia de esa información.

Si el juez considera corroborado que los agentes no están relacionados con la filtración, el juez no descarta apuntar más arriba dentro de la cúpula del Ministerio del Interior si hace falta. En todo caso, esto no ocurrirá hasta la vuelta del verano.

Al recién estrenado juez de instrucción no le tembló el pulso para ordenar a la Guardia Civil que le detalle cómo se gestionó la información sobre la localización del domicilio donde estuvo retenido el empresario zaragozano hace 17 años y otras pesquisas relacionadas con el caso.

Fuentes de la Audiencia Nacional critican que desde el Gobierno se haya dado tanta importancia a este asunto en este preciso momento. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofreció a la prensa datos reveladores sobre la investigación como que en la inhumación del empresario participaron tres terroristas, entre ellos José Antonio Ramón Teijelo, María Victoria Gómez Méndez (ambos detenidos en la última operación), y una tercera persona de la que no reveló su identidad.

Condiciones inhumanas

Gómez Méndez, junto a Teijelo custodiaron a Cordón en la vivienda alquilada por el propio Teijelo con documentación falsa y la acondicionaron para el secuestro del empresario.

El ministro recibió un duro revés cuando el instructor dejó en libertad a dos de los detenidos, echando por tierra todas sus afirmaciones que confirmaban que el caso había quedado esclarecido. Fernández Díaz se precipitó al anunciar a bombo y platillo la operación de la Guardia Civil y ofreciendo públicamente una serie de datos que el juez considera claves para el proceso.

A pesar de que Gómez Bermúdez dejó en libertad a dos de los cuatro detenidos, el instructor no decae en la investigación para intentar averiguar la localización del cadáver de Cordón. Ayer recibió al testigo protegido “Alfa”, un exmiembro del GRAPO que participó en el secuestro y que en 2008 certificó el lugar donde estuvo retenido hasta que el propio Cordón, según su versión, se precipitó por una ventana al intentar huir.

Esta persona fue quien identificó a los nuevos imputados y quien ofreció las pesquisas necesarias para llevar a cabo esta operación policial. En su testimonio se acoge la Fiscalía para recurrir ante Gómez Bermúdez la puesta en libertad de Vicente Sarasa y Manuela Ontanilla, partícipes, según el testigo, en el secuestro y en el cobro de los 400 millones de pesetas entregados por la familia de Cordón para un rescate que nunca se hizo efectivo.

Para el Ministerio Público, si la declaración testifical sirvió para enviar a prisión a Teijelo y Gómez Méndez, debe tener la misma validez para los otros dos. Además, que considera que existe un alto riesgo de fuga dada la gravedad de los hechos de naturaleza terrorista. El fiscal Luis Barroso habla de la “verosimilitud” de las declaraciones del testigo protegido Alfa respecto a datos y hechos aportados por el mismo, que ha culminado con la localización de la vivienda utilizada como “cárcel del pueblo” en la custodia del secuestrado, su inspección ocular y la declaración policial de la propietaria. Por eso, considera necesaria la presencia de todos los implicados en el proceso, algo que puede no ocurrir si quedan en libertad y se sustraen de la justicia.

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