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La red de Pitiusa espió a un coronel del Aire, un joven fallecido y un creativo de Desigual
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AYUDABA A COMPAÑÍAS DE SEGUROS PARA NO PAGAR INDEMNIZACIONES

La red de Pitiusa espió a un coronel del Aire, un joven fallecido y un creativo de Desigual

La red de espías desarticulada en la Operación Pitiusa espiaba a víctimas de accidentes graves para intentar no abonar las indemnizaciones a las que tenían derecho.

Foto: La red de Pitiusa espió a un coronel del Aire, un joven fallecido y un creativo de Desigual
La red de Pitiusa espió a un coronel del Aire, un joven fallecido y un creativo de Desigual

La red de espías desarticulada en la Operación Pitiusa espiaba a víctimas de accidentes graves para intentar no abonar las indemnizaciones a las que tenían derecho. Una de estas víctimas fue el coronel del Ejército del Aire Ovidio Alcázar, destinado en San Javier. Los datos confidenciales del coronel fueron facilitados al intermediario Tomás Ripoll por un cargo relevante del Ministerio de Trabajo de Barcelona, José Alfonso Gómez, que se jubiló el pasado 1 de diciembre.

Gómez y Ripoll se veían a menudo y constan seguimientos policiales a ambos durante sus encuentros tanto en las inmediaciones de la Delegación de Trabajo de Barcelona como en la plaza Francesc Macià, donde solían quedar para hacer sus negocios. Con su jubilación, el intermediario perdió su más importante fuente dentro de la Administración, tanto que a partir de diciembre subió sus tarifas a 150 euros por cada expediente laboral (cobraba 120 hasta entonces) y amplió el plazo de entrega: hasta ese momento, podía sacarlos incluso en el mismo día y a partir de entonces imponía un plazo de tres a cuatro días.

Según consta en el sumario, Ripoll pidió a Gómez (apodado Pepe por sus amigos) el pasado 27 de noviembre todos los datos que constasen del coronel en la Seguridad Social. En aquel momento, Alcázar se hallaba inmerso en el proceso judicial por un accidente de tráfico ocurrido en octubre del 2010. “Un taxi se saltó un semáforo en rojo y se me llevó por delante. A todo esto, cerca había la policía y un montón de testigos. Como consecuencia de ello, perdí una pierna, por lo que ahora soy ya un ex coronel mutilado. Pero aún así, la Mutua Madrileña del Taxi se niega a pagar. Por lo que sé, encargaron a una señora detective una investigación sobre mí”, señala Ovidio Alcázar a El Confidencial.

El robo de datos sobre su persona se debe, muy posiblemente, a esa investigación, ya que el juicio se celebró a mediados del pasado mes de enero. En él, la aseguradora basó sus alegatos en intentar rebajar la cuantía de la indemnización alegando que Ovidio Alcázar no ganaba tanto como decía, a pesar de que perdió su licencia de vuelo a causa de su minusvalía. Y es precisamente en la Seguridad Social, donde hurgaron los espías, donde consta la base de cotización de todos los ciudadanos, aunque en ella no están incluidos los complementos específicos de cada uno. “Es una auténtica vergüenza”, se queja el militar.

Pero la información no sabe de justicias o injusticias. Otro caso sangrante es el de Mikel Uriarte, un joven del País Vasco que perdió la vida al precipitarse su coche al agua desde el puente colgante de Getxo. El accidente -que desató una gran polémica social- ocurrió en septiembre del 2010. Mikel había viajado a Madrid con dos amigos para buscar piso porque pensaba trasladarse a la capital española a estudiar Empresariales. De vuelta al País Vasco, llegó a Portugalete sobre las 12 de la noche y se dirigió al transbordador para llegar a su casa en Getxo. Lo resbaladizo del suelo (había llovido copiosamente) deslizó el vehículo, que cayó a la ría y se sumergió rápidamente. Un testigo del accidente relató más tarde cómo vio que el joven apretó los frenos del coche, se encendieron los pilotos, pero el vehículo “pareció deslizarse y coger mayor velocidad”.

Desde el principio, la empresa responsable del puente y la compañía aseguradora regatearon la indemnización por la muerte del joven, pero lo que no regatearon fueron esfuerzos para tratar de encontrar algo oscuro en el historial de Mikel. Así, a finales de setiembre del año pasado, Juan Antonio Rama, alias Juanito, pidió los antecedentes penales del muchacho. En aquel momento, las compañías implicadas en el accidente preparaban su defensa en el juicio que iba a tener lugar.

Dos querellas contra las compañías

Los padres del joven interpusieron dos querellas contra las compañías, una por alteración de las pruebas (pretendían evitar responsabilidades en el accidente) y otra contra la empresa que gestiona el transbordador, la aseguradora y el perito de ésta por falsedad documental y falso testimonio. Y es que el transbordador,de 120 años de antigüedad y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2006, no tiene suelo andideslizante, entre otras cosas. Finalmente, los jueces ordenaron una indemnización a la familia de Mikel demás de 116.000 euros,que fue destinada íntegramente a la Fundación Benéfica Mikel Uriarte, constituida recientemente.

Los dos intermediarios que intervinieron en estos casos son considerados los dos cerebros de la trama Pitiusa. Un informe policial que consta en el sumario relata: “nos encontramos ante la confirmación de la existencia de una verdadera red de mercadeo ilegal de datos personales reservados, que tiene a Juan Antonio Rama y a Tomás Ripoll como verdaderos catalizadores de la compra continuada de la voluntad profesional de servidores públicos y personal de otros entes privados que, sin duda,se prestan a ello a cambio de una retribución económica”.

Y es que no había nada que se les resistiese. Por ejemplo, Juanito se interesó por los teléfonos de Gustavo Alda, uno de los creadores de la marca textil Desigual. Alda es director de arte y manager de diseño gráfico en la compañía. Fuentes de la empresa señalaron a este diario que el investigado trabaja en ella, pero no es un cargo importante. No obstante, Rama solicitó, el pasado 18 de octubre, datos sobre los teléfonos del creativo a uno de sus contactos en Linares (Jaén), Genaro Simón, colaborador en un despacho de detectives que tiene contactos con el propietario de una tienda de Movistar en esta localidad. A través de ella, la banda conseguía datos confidenciales relacionados con las llamadas efectuadas y recibidas por cualquier ciudadano que esté abonado en esta compañía.

La red de espías desarticulada en la Operación Pitiusa espiaba a víctimas de accidentes graves para intentar no abonar las indemnizaciones a las que tenían derecho. Una de estas víctimas fue el coronel del Ejército del Aire Ovidio Alcázar, destinado en San Javier. Los datos confidenciales del coronel fueron facilitados al intermediario Tomás Ripoll por un cargo relevante del Ministerio de Trabajo de Barcelona, José Alfonso Gómez, que se jubiló el pasado 1 de diciembre.