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El Gobierno lamina las 1.482 mancomunidades para ahorrar 2.500 millones
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LAS DIPUTACIONES ASUMIRÁN SUS FUNCIONES

El Gobierno lamina las 1.482 mancomunidades para ahorrar 2.500 millones

“Sobran las mancomunidades porque son estructuras paralelas a municipios y Diputaciones”. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Juan Ignacio Zoido,

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El Gobierno lamina las 1.482 mancomunidades para ahorrar 2.500 millones

“Sobran las mancomunidades porque son estructuras paralelas a municipios y Diputaciones”. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Juan Ignacio Zoido, adelantó la semana pasada el anuncio que ayer hizo el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta: que el Gobierno eliminará las 1.482 mancomunidades que existen en España para reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales. La medida, según fuentes del Ejecutivo, permitirá ahorrar 2.500 millones de euros a través de la redefinición de competencias entre las tres administraciones con la que se ha obsesionado el Gobierno de Mariano Rajoy.  

En un principio, los municipios y el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro habían pactado someter a un examen de un año a las mancomunidades para ver si tiene razón de ser su existencia. Sin embargo, Beteta zanjó ayer todas las dudas sobre la viabilidad de estos organismos basándose en un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, que revela que la gestión global de los servicios municipales es veinte veces más barata que la individual. Fuentes de la FEMP aseguran que "más del 80% de las mancomunidades no sirven para nada" y que únicamente sirven para torpedear funciones "de los municipios o de las diputaciones".

Con esta decisión, el Gobierno echa atrás su idea inicial de fusionar ayuntamientos o eliminar diputaciones. Hacienda coqueteó hace unos meses con la idea de fusionar los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, en un intento de unificar todos los servicios municipales posibles. Ahora, el Ejecutivo quiere fortalecer las Diputaciones Provinciales devolviéndole las funciones que hasta ahora encargaban a las mancomunidades en el caso de las localidades más humildes. Así, los pueblos con menos de 20.000 habitantes (7.718 localidades de las 8.116 que existen) podrán ceder a las diputaciones la prestación de algunos o todos los servicios mínimos cuando el ayuntamiento no pueda mantenerlos.

El Gobierno se encuentra inmerso en una dura batalla por acabar con las funciones duplicadas entre las tres administraciones: local, autonómica y central. La reforma de la Administración que ultima el Gobierno planea también suprimir las competencias de Educación y Sanidad de los municipios y traspasarlas a las comunidades. Un cúmulo de traspaso de poderes en el que el ministro Montoro pretende también introducir los principios de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para limitar el déficit público de los consistorios españoles.

El PSOE habla de un desmantelamiento de los servicios municipales

Por su parte, el PSOE acusa al gobierno de querer “desmantelar” los servicios públicos municipales y cambiar el modelo de los ayuntamientos. Además, aseguran que no se pueden tachar a todos los municipios de despilfarradores. Beteta se comprometió a que la voz de los ciudadanos “se seguirá escuchando a través de los alcaldes y los diputados provinciales”. El secretario de estado añadió que la eliminación de las mancomunidades, entidades legalmente constituidas por agrupación de municipios, traerá consigo la supresión de cargos públicos. Además, a través de la Ley de Transparencia “se procederá a una racionalización y homogeneización de los distintos niveles salariales”.

“Sobran las mancomunidades porque son estructuras paralelas a municipios y Diputaciones”. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Juan Ignacio Zoido, adelantó la semana pasada el anuncio que ayer hizo el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta: que el Gobierno eliminará las 1.482 mancomunidades que existen en España para reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales. La medida, según fuentes del Ejecutivo, permitirá ahorrar 2.500 millones de euros a través de la redefinición de competencias entre las tres administraciones con la que se ha obsesionado el Gobierno de Mariano Rajoy.