Cerco sobre Leopoldo Arnaiz, el urbanista del boom inmobiliario en Madrid

Investigado por posible blanqueo de capitales, el arquitecto Leopoldo Arnaiz ha visto como su caso en el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid adquiere una nueva dimensión tras la personación en la causa de Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, y de José María González, diputado regional de la misma formación política en el parlamento de Castilla y León. Los dos dirigentes políticos presentaron a comienzos de este mes un escrito para ser admitidos como parte, trámite que aún está por resolverse después de que el juez les haya solicitado más información, según fuentes jurídicas.

Apelando a la figura jurídica de la Acción Popular, los dos políticos de Izquierda Unida han decidido sumarse a la causa abierta el pasado mes de abril, por la que el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid ha procedido a imputar a Arnaiz, el urbanista de la Comunidad de Madrid al que la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Delitos Económicos sitúan detrás de una red blanqueo de capitales y fraude fiscal desarrollada a lo largo de los años dorados del boom inmobiliario, en los que el investigado amasó una fortuna como desarrollador de planes urbanísticos al mismo tiempo que como inversor. 

La investigación bascula sobre la posible existencia de un entramado de sociedades controladas por varios testaferros a través de las cuales habría cometido blanqueo de capitales y fraude fiscal al no declarar los beneficios correspondientes a las operaciones realizadas entre distintas sociedades. Precisamente, una transacción entre dos de ellas (Beltraex-Nexo y Fersa Gestión) es la que dio pie para que su exsocia, Llanos González, le denunciara en 2009 ante el juzgado n°4 de lo Mercantil de Madrid por desavenencias en el cobro de su participación y descubriera, de paso, la existencia de una red de sociedades creadas por Arnaiz.

Según recoge el escrito de personación, estas dos sociedades citadas son tan sólo unas de los ocho sociedades cabecera de un entramado total de 33 empresas que pertenecerían presuntamente a Leopoldo Arnaiz. Según la información que forma parte de las distintas causas en curso, la red de sociedades estaba administradas por distintos testaferros, aunque la titularidad final correspondía al propio urbanista, que aparece como propietario a través de otras firmas (Chees Writeghts y De Pinna Noteries) registradas en Londres, una arquitectura societaria que el imputado ha justificado por motivos fiscales.

Dado que la causa judicial en marcha se centra sólo en la operativa entre dos sociedades, las destapadas por cuenta de Llanos González, que reclamaba una cuantía mayor por su parte en la sociedad motivo de la transacción, los diputados nacionales y regionales Gaspar Llamazares y José María González solicitan al juez diligencias complementarias de instrucción, "a efectos de confirmar la pertenencia de las sociedades investigadas a una red más amplia" que podrían aflorar la existencia de múltiples conductas así como la aparición de nuevos hechos de trascendencia penal.

El entramado de sociedades vinculadas a Leopoldo Arnaiz, que nunca figura como propietario directo para eludir la incompatibilidad legal, eran dueñas de suelos o desarrollos inmobiliarios en municipios regidos por el Partido Popular (Boadilla del Monte, Alcorcón, Pinto, Soto del Real, Arroyomolinos…) en los que luego el urbanista participaba como redactor del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), aunque el investigado ha negado en alguna de sus comparecencias ante la Justicia haber hecho uso de información privilegiada. Ahora, Llamazares y González quieren ver hasta dónde llega el dinero de esta red.