Casa Real, banca y Poder Judicial, las líneas rojas fuera del control parlamentario

En las últimas semanas han quedado claras cuáles son las líneas rojas que el control parlamentario y las exigencias de transparencia no pueden cruzar. La Casa Real, la banca y el Poder Judicial, involucrados en escándalos, dudas sobre su funcionamiento e, incluso, sobre el uso de grandes cantidades de dinero público, han logrado eludir hasta ahora cualquier tipo de rendición de cuentas. Al margen de los procesos judiciales que puedan desarrollarse, la actitud de los grandes partidos, aunque con posturas diferentes según el caso, ha logrado paralizar hasta el momento los intentos de que la Casa del Rey, los gestores de las cajas de ahorro, el Banco de España o el presidente del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) den explicaciones en el Parlamento.

El blindaje en torno al Rey es el que más consenso ha suscitado entre los partidos políticos, ya que PP, PSOE y CiU han unido sus fuerzas en diversas ocasiones para impedir que don Juan Carlos tenga que aclarar cuestiones como en qué gasta su asignación económica o explicar los detalles de sus cacerías. El Gobierno ha excluido a la Casa Real de la publicitada Ley de Transparencia con la excusa de que no es una administración pública, mientras que los socialistas se limitan a dejar que sea la propia institución la que vaya regulando su grado de apertura.

PP, PSOE y CiU también vetaron las preguntas parlamentarias de Izquierda Unida en torno a la cacería en Botsuana, donde el Rey se rompió la cadera, así como sobre el rol oficial de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Entre otras cosas, IU pretendía averiguar quién pagó la cacería, cuánto costó, si Juan Carlos I realizó alguna gestión para favorecer los negocios de los patrocinadores del viaje o quién nombró a doña Corinna “representante” del Rey en viajes oficiales, tal y como desveló El Confidencial.      

En cuanto a la gestión de los responsables de cajas de ahorro, las alianzas o enfrentamientos han ido variando entre las principales formaciones, aunque el resultado es el mismo: nadie ha comparecido todavía para explicar el derrumbe de estas entidades financieras, sus fusiones, o la nacionalización de Bankia. Los primeros en ondear en el Congreso la bandera de la transparencia fueron los grupos la Izquierda Plural, que desde un principio pidió la creación de una comisión de investigación, y UPyD, que pretende llevar el caso ante los tribunales.

Tapar el caso Bankia

El PSOE, por su parte, ha protagonizado varias rectificaciones, producto de la división interna que padece. En un principio, Alfredo Pérez Rubalcaba acordó con Mariano Rajoy rebajar la presión sobre el caso, dada la exaltación de los mercados, pero no pudo cumplir su estrategia por la fuerte presión de figuras como Carme Chacón, Tomás Gómez y otros destacados diputados de su formación. Finalmente, el líder socialista cedió a estas demandas y, tras comprobar que los populares insistían en demorar sine die cualquier comparecencia, ordenó registrar una petición de comisión de investigación.

El Gobierno del PP y su grupo parlamentario, no obstante, está dispuesto a vetar tanto las comparecencias de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Rodrigo Rato, Miguel Blesa o José Luis Olivas, como las demandas para una comisión investigadora o “de la verdad”, como han coincidido en denominarla Cayo Lara y Chacón. Así las cosas, solo la presencia del subgobernador del Banco de España, eso sí, a puerta cerrada, está prevista en el Congreso. Ordóñez pasó por el Senado, pero solo para lamentar que se le había exigido silencio.

En Cataluña, solo Ciudadanos ha reclamado una comisión de investigación sobre las cajas catalanas. “No estamos dispuestos a seguir soportando que partidos den dinero a entidades bancarias quebradas y todo el mundo de vaya a casa sin dar la cara y con pensiones vitalicias”, afirmó el miércoles su líder, Albert Rivera. Sin embargo, está idea no gustó ni a socialistas, ni a populares ni, por supuesto, al Ejecutivo de CiU.

De Marbella a la división de poderes

La última prueba de estos límites ha sido el veto del Gobierno a la comparecencia de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, para explicar sus reiterados viajes a Marbella con dinero público en fines de semana de cuatro días. Alberto Ruiz-Gallardón apeló el jueves a la separación de poderes, y aseguró que la conducta de los integrantes del Poder Judicial debe examinarse en el seno del CGPJ. De esta forma, las peticiones de PSOE e IU para que Dívar se explique en el Congreso también están destinadas al fracaso.

Y ello, a pesar de que el Tribunal Constitucional avala las comparecencias parlamentarias de presidentes del CGPJ, que existen precedentes, y que incluso el predecesor de Dívar, Francisco Hernando, enfrentado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acabó acudiendo a la Cámara, aunque también le dio plantón en 2006, acogiéndose a la excusa de la división de poderes. Un nuevo conjunto de líneas rojas que vienen a sustituir en el refranero español al tradicional “con la Iglesia hemos topado”.