Los viajes de Dívar apuntillan el prestigio judicial ante el silencio de Gallardón

El escándalo de los viajes privados del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la credibilidad de la Justicia. Nunca antes en la historia de este órgano judicial se ha visto un Consejo tan dividido con la solicitud de dimisiones encima de la mesa y con un fuerte descrédito institucional. Cinco vocales han pedido en bloque la dimisión del presidente por cargar al erario público sus salidas personales a Marbella y otros siete al vocal que le denunció ante la Fiscalía.

El órgano que regula a los jueces ha saltado por los aires con un presidente que ha rechazado de plano dar una explicación pública sobre su comportamiento. El Ministerio Público, con el fiscal general Eduardo Torres Dulce como máximo representante, no ve un delito de malversación de caudales públicos en su actuación, postura que no comparte parte de la judicatura. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló ayer tras la finalización del pleno extraordinario, que Dívar lamenta “el quebranto que todo esto ha supuesto para el Supremo y el Poder Judicial y la carrera judicial”. Y con esa frase se da por zanjado el asunto.

Tampoco va a haber consecuencias para el vocal que acudió sin consulta previa a la Fiscalía a denunciar el comportamiento de su presidente. Gómez Benítez recopiló una serie de documentación que el propio Consejo había decidido facilitar sobre los gastos y se fue con ellos al Ministerio Público. Siete vocales, entre ellos miembros del sector progresista como él, han pedido su expulsión. Pero ni el uno ni el otro se van a ir porque se necesitan trece votos para su reprobación.

Nunca antes se había visto a un presidente del Tribunal Supremo tan expuesto a la opinión pública por un asunto privado. A esta crisis se junta la del Tribunal Constitucional, que cansado de su descrédito, ha dado un golpe encima de la mesa. Sus últimas resoluciones sobre el Estatuto de Cataluña o la legalización de Bildu les ha creado una imagen de poca objetividad y credibilidad. A esto, se añade que desde hace más de cuatro años trabajan con un magistrado menos porque las principales formaciones políticas utilizan sus nombramientos como batalla política con el único resultado de su bloqueo indefinido. Otros tres magistrados tendrían que haberse ido hace un año y medio pero por este mismo problema siguen en funciones sin ningún viso de salir de allí.

Ya han intentado dimitir pero su presidente, Pascual Sala, no se lo permitió precisamente por no dejar en vilo a una de las máximas instituciones del Estado. Pero eso puede cambiar más pronto que tarde. Los once magistrados han advertido a la clase política. O resuelven los nombramientos o se van a tomar medidas drásticas, es decir, la dimisión de los tres magistrados. En cuanto uno de los restantes falte, algo no muy difícil por la enfermedad de alguno de ellos, la institución queda paralizada. El órgano que protege los derechos fundamentales y defiende la Carta Magna podría dejar de funcionar.

Tampoco produce muy buena imagen, sobre todo en el extranjero, la condena a Baltasar Garzón, o la politización de la Audiencia Nacional. Y como colofón, el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con anuncios de medidas después corregidos que provoca una inseguridad jurídica innecesaria en el momento de crisis general que vive el país. El anuncio del pago de tasas en la Justicia o la introducción de la prisión permanente revisable, que inicialmente iba a ser para pederastas, violadores y terroristas y luego solo para los últimos, genera inestabilidad. Parece que la frase pronunciada por el alcalde de la ciudad de Jerez, Pedro Pacheco, en 1985 de “la Justicia es un perfecto cachondeo", vuelve a cobrar vigencia.