La juez impone más de 800 millones de fianza al ex consejero de los ERE

La titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, ha impuesto una fianza civil de 807.403.232 euros al ex consejero Antonio Fernández, en prisión desde el pasado 24 de abril. La decisión de la juez se produce después de haberse desestimado, por otra parte, el recurso interpuesto por  el abogado del ex consejero solicitando la salida de la cárcel del ex titular de Trabajo.

La fianza que ha decidido imponer la jueza y que se recoge en el auto dictado este miércoles por la titular del juzgado número seis se acerca a los 890 millones que pedía la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, representadas por el PP y el sindicato Manos Limpias.

La petición de la juez trata de prever la reparación del daño que se haya podido hacer a las arcas públicas en un caso, el de los ERE, en el que la instructora considera a Antonio Fernández el ideólogo de un procedimiento a partir del cual se dieron casi setecientos millones de forma discrecional a empresa y personas cercanas al PSOE.

Antonio Fernández que se encuentra en prisión provisional desde el 24 de abril, está acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios, los cuatro últimos de forma continuada, y es el alto cargo de la Junta de Andalucía de mayor rango que ha entrado en la cárcel. La juez dictó precauciones para que Fernández no pudiera comunicarse con Francisco Javier Guerrero, que como él, se encuentra en la cárcel de Morón de la Frontera y que fue el que desveló los “fondos de reptiles”, que se llegaron a gastar incluso en drogas y juergas.

El encarcelamiento de Fernández recibió críticas de importantes líderes del PSOE, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que creyeron excesiva la medida de la instructora, e incluso dio origen a un pliego de firmas de políticos socialistas y personas cercanas al ex consejero que pedían así su puesta en libertad. No obstante, Alaya argumentó en su auto de prisión que podía haber riesgo de fuga en el caso de Fernandez, pues a pesar de su arraigo familiar, tenía un alto sueldo, por lo que podía contar con medios para evadirse. Fernández era presidente del Consejo Regulador de Jerez en el momento de su encarcelamiento.