Quién se llevará el dinero de los peajes de Aguirre: las concesionarias, en el punto de mira

Las cuentas no salen. La crisis ha vacíado las arcas públicas y las comunidades buscan medidas para no verse engullidas por el déficit. En Madrid, Esperanza Aguirre lleva semanas estudiando la manera de implantar un peaje para que los usuarios costeen el mantenimiento de los 2.500 kilómetros de carreteras regionales. Sin embargo, esta posibilidad no ha encontrado el respaldo de los partidos de la oposición, que acusan al Ejecutivo regional de “favorecer a las concesionarias y perjudicar al usuario”.

“La implantación de los peajes implicaría un claro y escandaloso trato de favor a las concesionarias”, denuncia a El Confidencial José Manuel Franco, portavoz socialista en la Comisión de Transportes e Infraestructuras. En el PSM explican que este año hay presupuestados 65,5 millones para el mantenimiento de las carreteras y que “la recaudación de los peajes iría destinada a sufragar los ‘peajes en la sombra’ que se aplica en la M-407, M-45, M-511 y M-501".

La construcción de la M-45 costó 487 millones y la concesión inicial fue de 30 años. El pago del canon anual está siendo de 70 millones de media, por lo que la cifra total por la M-45 subiría hasta los 2.000 millones

Estas carreteras se construyeron con el sistema de ‘peajes en la sombra’, por el que se adjudica la construcción y gestión de una carretera a una empresa y a cambio la Comunidad paga un canon anual dependiendo del tráfico con dinero público autonómico durante el tiempo que dure la concesión (entre 20 y 30 años). Actualmente la Comunidad paga por estas cuatro carreteras a las empresas concesionarias 103,6 millones de euros al año. Es en este punto donde se centran las críticas de la oposición, ya que “comparado el coste de este ‘alquiler’ de 57,8 km de carreteras con el simple mantenimiento de 2.500 km, es donde se ve que efectivamente las cifras no cuadran para el contribuyente. Los peajes sólo irían destinados al mantenimiento de las vías sino a sufragar el peaje en la sombra”, sentencia Franco.  

El caso de la M-45 es el más ilustrativo. La construcción de la vía costó 487 millones y la concesión inicial fue de 30 años. El pago del canon anual está siendo de 70 millones de media, por lo que el coste total por la M-45 ascenderá hasta los 2.000 millones. 

Desde UPyD no valoran si es "justo o no" que los usuarios paguen las carreteras, pero Ramón Marcos, portavoz adjunto del partido de Rosa Díez en la Asamblea madrileña, critica el "exceso" de infraestructuras que construyó la Comunidad de Madrid sin analizar el coste-beneficio. Un exceso que "venía impulsado por el modelo de crecimiento por el que apostó la Comunidad, el del ladrillo", arrastrada por "el lobby de las grandes empresas".

Las concesionarias, a la espera

Las principales concesionarias del país están implicadas en el sistema de ‘peaje en la sombra’. En el caso de la M-45, según datos facilitados por el PSM, “Grupo Acciona, FCC, Cintra y Sacyr” están entre las empresas que gestionan la vía. El Confidencial les ha dado la oportunidad de exponer su valoración sobre la implantación de los peajes, pero todas han declinado la invitación.

“Hemos tenido contactos con la Comunidad de Madrid, se nos ha preguntado nuestra opinión, pero por el momento no vamos a hacer declaraciones. Es una decisión política que estudiaremos y valoraremos llegado el momento”, declaran fuentes de una de estas compañías.

Por su parte, en la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peajes (ASETA) defienden “tarificar la red de carreteras en cumplimiento de la directiva europea conocida como Euroviñeta”, que supone el pago de un peaje por circular por las principales autovías transeuropeas que se aplica en exclusiva al tráfico pesado por su mayor contaminación y desgaste de la carretera. Además, en la ASETA recalcan que “la implantación de los peajes en este momento es inevitable para sanear el déficit público”.

El sector de los transportes: "Es una medida insostenible"

Rechazo. Ese es el sentimiento con el que ha acogido el sector de los transportes la posible implantación de los peajes en las carreteras de la Comunidad de Madrid. “Sería una medida insalvable e insostenible que sólo responde a un intento desesperado por recaudar de cualquier sitio para reducir el déficit”. Así de tajante se muestra Jorge Serrano, responsable de transporte de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). 

“La situación del sector es dramática. Desde que comenzó la crisis han cerrado en España 20.000 empresas y las que sobreviven están ahogadas por la subida del combustible”, expone Serrano a El Confidencial. Desde 2008 el precio de hidrocarburo se ha incrementado un 67%, lo que implica una subida anual de entre el 15 y 19%. Estos porcentajes les suponen a las empresas el 50% de los costes de explotación, lo que destroza la viabilidad de cualquier empresa.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) también ha expresado su rechazo a los peajes puesto que “nuestro sector ya contribuye al mantenimiento de las carreteras”, defiende Juan José Gil, responsable de Fenadismer Madrid. Una afirmación que defiende recurriendo a la recaudación que se hace mediante el impuesto de hidrocarburos, por el que las empresas madrileñas abonan 1000 millones de euros al Estado, de los cuales el 58% son para Madrid, aproximadamente 600 millones. Cifras que “superan con creces los 65 millones que la Comunidad necesita para el mantenimiento de las carreteras”. 

 “Nunca se han utilizado gratis las infraestructuras”

“Somos absolutamente contrarios a que se cobre un peaje por la utilización de infraestructuras a los particulares”. Declara a El Confidencial Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Cuestionado por el anuncio de Pablo Clavero, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de implantar peajes "duros" –se denominan así a los que tienen barrera- en la M-61 y la radial de la carrera de Burgos, Arnaldo se muestra tajante: “Que tarifen carreteras de nueva construcción solo responde a las presiones del lobby de las empresas constructoras, que tienen una deuda de cuatro mil millones”.