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Siete diputados del PP no han declarado sus bienes seis meses después de las elecciones
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UNO DE ELLOS ES CARLOS ARAGONÉS, EXJEFE DE GABINETE DE AZNAR

Siete diputados del PP no han declarado sus bienes seis meses después de las elecciones

Seis meses después de las elecciones generales del 20N, siete diputados del PP no han presentado aún en el Congreso su declaración de bienes, en la

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Siete diputados del PP no han declarado sus bienes seis meses después de las elecciones

Seis meses después de las elecciones generales del 20N, siete diputados del PP no han presentado aún en el Congreso su declaración de bienes, en la que tienen que reseñar todo su patrimonio (bienes inmobiliarios, vehículos, planes de pensiones e inversiones en bolsa, entre otros). Esos mismos siete diputados sí han cumplido con su obligación de declarar sus actividades profesionales al margen de su cargo de parlamentario por si fueran incompatibles. Otros dos diputados populares más se encuentran en la misma situación que compañeros, pero han sustituido más recientemente a dos parlamentarios de su partido que han dejado el escaño. Fuentes de la Cámara manifestaron a este diario que no hay un plazo concreto para presentar la declaración de patrimonio (se puede consultar en este enlace), aunque reconocen que los seis meses transcurridos desde los comicios exceden lo habitual.

Los diputados en cuestión son María Arenales Serrano, exsenadora y ahora diputada por Valladolid, a quien en 2007 Arturo González Panero "el Albondiguilla", entonces alcalde de Boadilla y hoy imputado en el  caso Gürtel, la nombró su asesora; Carlos Aragonés, jefe de gabinete del expresidente José María Aznar durante los ocho años que estuvo al frente del Gobierno (1996-2004); Agustín Conde Bajén, exalcalde de Toledo, expresidente del PP de Castilla-La Mancha y senador las dos últimas legislaturas; María Ángeles Esteller Ruedas, diputada por Barcelona; Alejandro Fernández Álvarez, parlamentario por Tarragona; José Ignacio Llorens Torres, diputado por Lleida, y María del Carmen Navarro Cruz, vicepresidenta del PP de Almería y diputada por dicha provincia.

Algunos de ellos han reconocido en su declaración de actividades otras ocupaciones, algunas de ellas remuneradas, que pese a la obligada dedicación exclusiva de sus señorías fueron autorizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados el pasado 25 abril. Iñaki Antigüedad, hasta el pasado miércoles diputado de Amaiur, ha sido el único parlamentario de los 350 de la Cámara que se ha visto obligado a dejar su escaño porque es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) y no ha querido abandonar su actividad docente.

Actividades privadas compatibles con el escaño

Alejandro Fernández Álvarez es el diputado más ocupado. Compagina su trabajo en el Congreso con la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Tarragona; labor por la que cobra dietas y gastos de desplazamiento por acudir a los plenos. En su condición de concejal es también miembro de la Mancomunidad de residuos urbanos de dicha localidad catalana, cargo por el que cobra también dietas y, por último, es profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili en el Máster de Derecho Local que se celebra entre junio y octubre.

José Ignacio Llorens Torres es administrador de la Escuela de Idiomas e Informática, de su propiedad, y consejero de GESMADRID, cargo retribuido con dietas. Se trata de una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. de naturaleza privada sin participación del sector público en el capital de la sociedad, ni ninguna otra relación con el sector público, según consta en su declaración de actividades.

La diputada María Ángeles Esteller es miembro del Consejo General de la Caixa d´Estalvis i Pensión, actividad remunerada, y concejal del ayuntamiento de Barcelona, del que cobra exclusivamente dietas por asistir a sus órganos colegiados. El Congreso ha autorizado también a Agustín Conde su trabajo como abogado y administrador único de la Asesoría Jurídica Conde y Esteban S.L. El ex jefe de Gabinete de José María Aznar, Carlos Aragonés, declara su participación en charlas, conferencias y clases de manera ocasional. Igual que la parlamentaria María del Carmen Navarro Cruz y María Arenales Serrano, que en su caso dice que no cobra remuneración alguna por dichas actividades.

Concepción González-Gutiérrez sustituyó el pasado 16 de abril a su compañero Rafael Rodríguez-Ponga y tiene pendiente de presentar ambas declaraciones, la de bienes y la de actividades. En el caso de Roberto Soravilla, ha ocupado el escaño que dejó vacante Alfonso de Senillosa el pasado 3 de enero. Los cuatro meses y medio transcurridos desde entonces no han sido suficientes para declarar su patrimonio, aunque sí lo ha hecho con sus actividades: ninguna.

La Comisión del Estatuto del Diputado se reunió ayer a puerta cerrada para aprobar un nuevo dictamen sobre las actividades declaradas por un número indeterminado de señorías que aún no habían sido estudiadas para resolver si son incompatible con su función institucional. El acuerdo debe ser aprobado ahora por el Pleno, en un mero trámite que no suele modificar la solución adoptada por la comisión.

Seis meses después de las elecciones generales del 20N, siete diputados del PP no han presentado aún en el Congreso su declaración de bienes, en la que tienen que reseñar todo su patrimonio (bienes inmobiliarios, vehículos, planes de pensiones e inversiones en bolsa, entre otros). Esos mismos siete diputados sí han cumplido con su obligación de declarar sus actividades profesionales al margen de su cargo de parlamentario por si fueran incompatibles. Otros dos diputados populares más se encuentran en la misma situación que compañeros, pero han sustituido más recientemente a dos parlamentarios de su partido que han dejado el escaño. Fuentes de la Cámara manifestaron a este diario que no hay un plazo concreto para presentar la declaración de patrimonio (se puede consultar en este enlace), aunque reconocen que los seis meses transcurridos desde los comicios exceden lo habitual.