Hacienda mete mano al ‘ladrillazo’ del Estado para hacer caja con sus 14.000 edificios

El Gobierno está dispuesto, como ya anunció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a meter mano en el espectacular Patrimonio Inmobiliario del Estado para optimizar su uso, enajenar algunos bienes y reducir al máximo los costes en alquileres. Las cifras concretas ya están encima de la mesa y en los próximos meses, una comisión interministerial presidida por el ministro Cristobal Montoro aportará soluciones concretas para la racionalización del patrimonio.  

Las propiedades del Estado suman, en total, 53.662 bienes, aunque no todos son edificios. En concreto, la Administración posee 13.952 edificaciones, 3.756 solares y 39.953 terrenos rústicos, según el inventario general de bienes y derechos del Estado. Unas cifras que avalan lo que la propia vicepresidenta calificó en febrero como “inaceptable”, que solo en la almendra central de la M-30 de Madrid haya patrimonio inmobiliario sin utilizar por valor de 500 millones mientras se gastan otros 100 en alquileres.

Montoro señaló ayer, en la constitución de la comisión que estudiará todos los bienes del Estado, que es una “obligación” cambiar “el despliegue inmobiliario de la Administración para hacerlo más eficiente y menos costoso”. El grupo de expertos, formados por representantes de todos los ministerios, no ha aportado aún cifras concretas de esa posible optimización de las propiedades del Estado, aunque la comercialización inmediata de determinados inmuebles situados en Madrid podría suponer unos ingresos inmediatos de 2.800 millones de euros. Esa es, al menos, la estimación elaborada por Isabel Benéitez, directora del Sector Público de CBRE España y autora, junto a PwC, de un informe sobre la racionalización del patrimonios del Estado que toma como muestra 230 edificios ocupados por la Administración del Estado en Madrid.

Y es que el Gobierno no esconde que una de sus prioridades es la enajenación y puesta en valor de bienes rústicos y urbanos para hacer caja, incrementar los ingresos públicos y reducir los costes asociados a la disposición de bienes inactivos. Para ello, la Comisión elaborará en los próximos meses un mapa detallado de los inmuebles del Estado en propiedad y arrendamiento cruzará los datos con otras bases de información como, por ejemplo, el catastro.

Según ha informado Hacienda en un comunicado, la Comisión tratará de obtener un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria de la Administración central y sus niveles de ocupación. Este diagnóstico incluirá los costes de utilización del parque inmobiliario y señalará los inmuebles susceptibles de ser enajenados a corto y medio plazo. Y es que, según el citado informe elaborado por CBRE y PwC, las ratios de ocupación de la mayoría de los inmuebles públicos están sobredimensionadas respecto a otros sectores, con un exceso del 37%.

Módulos más pequeños y eficiencia energética

Hacienda promoverá también medidas que permitan reducir el gasto en arrendamientos, a los que, de momento no renuncia el Gobierno, combinando, eso sí, actuaciones de negociación a la baja de los alquileres y reubicación de efectivos en edificios en propiedad. Se analizará además el estudio de los espacios en las empresas privadas para adoptar módulos más reducidos de ocupación.

Por último, el Gobierno también impulsará la puesta en marcha de medidas específicas en materia de eficiencia energética. Un capítulo no menor. Y es que los inmuebles públicos suelen ser antiguos y estar obsoletos en control y eficiencia energética, razón por la que sus consumos son elevados y obvian, en la inmensa mayoría, el impacto ambiental producido.