El Gobierno lleva al Consejo el Plan de Reformas para cortar las duplicidades autonómicas

El Gobierno aprovechará el Consejo de Ministros de mañana para estrechar la vigilancia sobre el gasto en las Comunidades autónomas. En el plan nacional de reformas que estudiará el Ejecutivo figura un capítulo con el compromiso de acabar en este ejercicio con las duplicidades de competencias entre las distintas administraciones, y también con la confusión sobre las fórmulas para financiar de esas prestaciones, según fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial.

Si no hay acuerdo entre gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos y ayuntamientos para repartirse la labor (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales...), en última instancia decidirá el Gobierno. Además, el Ejecutivo controlará directamente la financiación y las partidas asignadas a cada prestación con el fin de acabar con el descontrol actual de las Autonomías que hace difícil saber incluso los criterios que siguen para cuantificar los gastos que dedican a cada prestación social.

El Consejo de Ministros se limitará a enunciar las líneas generales de la reforma, pero es un nuevo aviso a las Comunidades autónomas para que se apliquen el principio de "una administración, una competencia" y que lo hagan inmediatamente con el objetivo de acabar con las duplicidades en la prestación de servicios, una práctica que contribuye al despilfarro de fondos públicos y que complica la atención al ciudadano.

El cambio servirá para que la Administración central sepa a dónde va cada partida y cómo se gasta en prestaciones sanitarias, gasto en cada nivel educativo, dependencia, seguridad o cualquier servicio que corra a cargo de gobiernos autonómicos o locales.

La citada reforma está incluida en los planes inmediatos del Ejecutivo, junto con la ley de emprendedores para incentivar la creación de empresas y el apoyo a los autónomos o las medidas para recuperar la unidad de mercado interior, una norma que chocará con el caos del cúmulo de reglamentos y disposiciones autonómicas que rigen el comercio y el sector servicios en España.

El Gobierno quiere que el Consejo de Ministros sirva para hacer un primer repaso del camino andado en materia de reformas desde que se constituyó en diciembre y avanzar los proyectos que piensa acometer en los próximos meses, siempre con el fin de poner las bases para la recuperación económica y la creación de empleo una vez que ha tomado medidas contra el déficit público en los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo de Rajoy sacó ayer adelante su primera ley que, como anunció en el debate de investidura, es la de estabilidad presupuestaria. El resto de las reformas se han acometido por el procedimiento de urgencia del decreto ley aunque luego, la mayoría, se ha tramitado como ley. El Senado dejó el texto como salió del Congreso y obtuvo el apoyo de los mismos partidos. El Grupo Popular, con 7 senadores de CiU más UPN y Foro Asturias, sumó 155 votos frente a 59 del bloque de izquierdas.

Los socialistas se mantuvieron en sus trece de oposición cerrada al pacto pese a que era el desarrollo del único acuerdo registrado en la legislatura anterior entre el PSOE de Zapatero y Rajoy. La iniciativa aprobada, que el Gobierno "venderá" en la UE y los mercados como la prueba del nueve de que va en serio para acabar con el déficit público, resulta ser una exageración para los socialistas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces tienen que ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta. En concreto, el texto introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.