La Xunta nunca aplicó la Ley de Prevención en las arrasadas Fragas do Eume

Como siempre ocurre después de un tragedia, ahora es tiempo de reproches. Pero en Galicia nadie tiene derecho a alzar demasiado la voz. Ni el Gobierno que compartieron socialistas y nacionalistas hasta 2009, ni el Ejecutivo popular que les sucedió, dieron una sola orden para aplicar, en las ahora arrasadas Fragas do Eume, la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. La ley cumple esta semana cinco años en el limbo de las buenas intenciones.

Y no fue la única que los sucesivos gobiernos gallegos ignoraron. Las Fragas do Eume, el bosque atlántico más importante de Europa, carece de plan rector de conservación. Por lo tanto, no está dotado de un protocolo de prevención de incendios. Está legislado que este plan rector debe ser redactado en un plazo máximo de dos años desde la consideración oficial de parque natural. Y las Fragas do Eume son parque natural desde 1997. Trece años de retraso para cumplir otra ley, y al menos 1.000 hectáreas, según las discutidas cifras oficiales, arrasadas en tres días.

Todo este fárrago burocrático no es baladí: si esas normas se hubieran aplicado, ni la acción simultánea de varios incendiarios hubiera conseguido propagar el fuego hasta el corazón de las Fragas.  En el tipo de arboleda y vegetación que crece en el bosque atlántico autóctono, el fuego se hubiera extendido muy lentamente, hubiera sido inmediatamente localizado y controlado. Sin embargo, el incendiario contó con un cómplice imprescindible: los centenares de hectáreas de eucalipto que, de forma ilegal, rodean el parque y están invadiendo su corazón hasta la misma orilla del río Eume. El eucalipto es una especie invasora no autóctona que esquilma la tierra y favorece enormemente la propagación de incendios.

“Las masas forestales monoespecíficas no podrán tener una superficie continua superior a 50 hectáreas”, señala el artículo 24 de la citada e incumplida ley. “Ese es el gran problema. No solo hay centenares de hectáreas continuas de eucalipto alrededor de las Fragas. También las hay en el interior”, reconoce el director del parque natural, Luis Costa, en la escueta declaración que concede a El Confidencial.

¿Por qué, tras cinco años de vigencia de la ley de prevención de incendios, ni el Gobierno bipartito PSOE/BNG (2005-2009), ni el actual Ejecutivo del PP, han iniciado el más mínimo trámite para regularizar la situación de las Fragas? Desde la Consellería de Medio Ambiente intentan explicarlo: “En su inmensa mayoría, las parcelas del bosque son privadas. Y lo que no puedes hacer es entrar a saco y empezar a cortar eucaliptos sin más. Los propietarios también tienen sus derechos”. La única zona de titularidad pública de este parque natural de 9.126 hectáreas es la que rodea el monasterio de Caaveiro, un monumento erigido a mediados del siglo X para albergar a los numerosos anacoretas que habitaban estas frondas, y que estuvo a punto de ser devorado por las llamas.

Más difícil le resulta a los portavoces de Medio Ambiente explicar por qué el parque natural carece de ese plan rector de gestión y conservación que, por imperativo legal, debería haber empezado a aplicarse hace ya 13 años: “Estamos trabajando en ello”. La ausencia de este plan rector explica, por ejemplo, que no exista a día de hoy un protocolo específico de prevención y lucha contra incendios para el parque natural. Hubiera ayudado a coordinar más eficazmente las labores de extinción.

Otro de los incumplimientos de la norma legal en el parque se refiere a la protección de las vidas humanas. El fuego obligó a desalojar a 200 personas porque las viviendas no estaban a la distancia preceptiva de 50 metros de la masa forestal. Artículo 23 de la citada ley: “Asegurar la existencia de una faja de protección de 50 metros de ancho a su alrededor [de viviendas, comercios, explotaciones], libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada”.

¿A quién beneficia?

Desde el primer momento, tanto la Policía como la Guardia Civil descartaron la autoría de un pirómano. “El incendiario no es un enfermo. Actuó con demasiado cálculo y premeditación, y eligió el lugar y el momento adecuados. Este fuego iba para dentro. Quería hacer daño. Sin duda su objetivo era arrasar la Fraga”, señalan fuentes del cuerpo militar.

El autor plantó los tres focos en los espesos eucaliptales de la zona noroccidental del parque, lugar de A Capela. Soplaba viento del nordés, lo que favorecía la propagación del fuego en línea recta desde los focos hasta el otro extremo, hacia el monasterio de Caaveiro, devastando la totalidad del parque. ¿Quién se hubiera beneficiado de la desparición de la Fraga?

La respuesta es nadie. La legislación impide recalificar espacios arrasados por el fuego hasta 30 años después. Algunas teorías conspiranoides apuntaron, en principio, a la conflictiva y cercana mina de andalucita de la empresa anglo-sudafricana Picobello S.L. La andalucita es un mineral raro que sirve para fabricar ladrillos y cerámicas de alta resistencia. Solo existen otras cuatro explotaciones en el mundo. La excavación se encuentra a cincuenta metros de la linde del parque natural, y cuenta con el rechazo de la oposición parlamentaria, grupos ecologistas y numerosos colectivos ciudadanos. Sin embargo, el proyecto de explotación fue aprobado por la Xunta en abril de 2010. La desaparición o conservación de la Fraga no afecta en absoluto al futuro de la mina. Por tanto, como se diría en una novela policiaca, no existe un móvil que justifique esta acción criminal.

“Claro que no hubiera beneficiado a nadie”, reconoce Miguel Angel Soto, responsable de bosques de Greenpeace. “En Galicia, el fenómeno incendiario tiene una naturaleza que no se da en otros lugares. Hay una peculiar cultura del fuego. Aquí se utiliza el fuego como arma de venganza o incluso de protesta social”.

Soto es reticente a criticar la gestión del parque como culpable única del desastre ecológico. “Quizá no había buenas zanjas contra incendios… Pero, en bosques de este tipo, no hay presupuesto que gestione la destrucción de la biomasa. Es imposible. El crecimiento de la vegetación es continuo, imparable”, justifica.

Más crítico se pone Soto con la reducción de medios económicos y humanos para prevención. “Se ha reducido al menos una persona por retén. La Xunta debería haber previsto que no era el momento de hacerlo. En condiciones normales, este tipo de bosque no arde fácilmente. Pero este invierno seco lo ha hecho más vulnerable”.

Hace ya tres años que la Xunta eliminó las ayudas a los ayuntamientos para prevención. Los útimos presupuestos gallegos recortaron 22 millones en lucha contra el fuego. El pasado mes de febrero, la Xunta incorporó nueve nuevos helicópteros, pero, aparte del piloto, no los dotó de personal. Los brigadistas que se jubilan o están de baja no son sustituidos desde hace años. Y, de los 1.900 efectivos que trabajan hoy en los dispositivos anti incendios, solo unos 1.400 están en el monte. Y la sequía continúa.