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Los ayuntamientos pueden despedir con 20 días al 60% de sus empleados
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LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ES LA QUE MENOS FUNCIONARIOS TIENE

Los ayuntamientos pueden despedir con 20 días al 60% de sus empleados

Los ayuntamientos se han quedado sin margen de improvisación para diseñar un plan de ajuste creíble que garantice la sostenibilidad económica municipal. El Gobierno ha planteado

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Los ayuntamientos pueden despedir con 20 días al 60% de sus empleados

Los ayuntamientos se han quedado sin margen de improvisación para diseñar un plan de ajuste creíble que garantice la sostenibilidad económica municipal. El Gobierno ha planteado a los 4.622 consistorios que se han sumado al plan de pago a proveedores bajar los sueldos a sus trabajadores e, incluso, despedirlos con veinte días de indemnización por año trabajado. El 60% de las 646.627 personas que trabajan para la administración local (384.273) está totalmente desprotegido contra cualquier despido colectivo que planteen los consistorios para ajustar sus gastos. En este porcentaje se enmarcan los empleados fichados como “personal laboral”, encargados de cubrir necesidades específicas y que pueden ser despedidos en cualquier momento.  

Según el Registro Central de Personal que elabora el Ministerio de Hacienda, uno de cada cuatro trabajadores públicos está al servicio de la administración local. Los ingresos de los entes locales ya no dan más de sí y los alcaldes están echando números sobre la dimensión del gasto en personal para cuadrar la caja. Los funcionarios municipales puros y duros, los únicos que están blindados ante un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE), suman 219.998 empleos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha advertido en más de una ocasión: "Las administraciones públicas no son oficinas de contratación. Los funcionarios tienen que ganarse su puesto de trabajo, como todos los españoles”.

Los 8.114 municipios que hay en España tienen contratados a otros 42.356 empleados interinos o eventuales, que pertenecen al apartado de “otro personal”. En un principio, a esta masa laboral tampoco afectaría la reforma anunciada hace un mes por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que deja a los ayuntamientos con serios problemas económicos entrar en un proceso de ERE “cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”. En ese despido colectivo los equipos municipales solo pueden deshacerse del “personal laboral”, que recibiría una indemnización máxima de 20 días trabajados. El “otro personal” y los funcionarios están a salvo.

Que la “insuficiencia presupuestaria” justifique el despido colectivo por motivos económicos en los entes y organismos públicos allana el ajuste al que ahora se encuentran sometidos los ayuntamientos, que tienen que enviar antes de que finalice marzo un plan que garantice la devolución del dinero solicitado. Y la administración local es la que dispone de más personal laboral en su plantilla: casi el doble que los funcionarios.

Límite a los sueldos de los alcaldes

El 80% del personal que trabaja para el Estado puede respirar tranquilo. De las 592.531 personas con un contrato firmado con la Administración General del Estado, solo 124.116 tienen en el aire su empleo. El desasosiego es todavía menor entre el personal de las administraciónes regionales, donde menos de 150.000 de sus 912.893 trabajadores no cuentan con un contrato blindado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el viernes que la nueva Ley de Transparencia fijará un baremo para la retribución de los alcaldes y presidentes de Diputación para evitar casos como en Barcelona o Madrid, donde los alcaldes cobran más que el propio presidente del Gobierno. Xavier Trias gana 109.939 euros brutos anuales mientras que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, recibe 101.987. Cobran de las arcas municipales 30.000 euros más que Mariano Rajoy, cuyo sueldo asciende a 78.185. 

Los ayuntamientos se han quedado sin margen de improvisación para diseñar un plan de ajuste creíble que garantice la sostenibilidad económica municipal. El Gobierno ha planteado a los 4.622 consistorios que se han sumado al plan de pago a proveedores bajar los sueldos a sus trabajadores e, incluso, despedirlos con veinte días de indemnización por año trabajado. El 60% de las 646.627 personas que trabajan para la administración local (384.273) está totalmente desprotegido contra cualquier despido colectivo que planteen los consistorios para ajustar sus gastos. En este porcentaje se enmarcan los empleados fichados como “personal laboral”, encargados de cubrir necesidades específicas y que pueden ser despedidos en cualquier momento.