La ley antiderroche de la vicepresidenta deja en evidencia a Montilla y Antich
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IMPONDRÁ POR LEY SANCIONES E INCLUSO CASTIGOS PENALES

La ley antiderroche de la vicepresidenta deja en evidencia a Montilla y Antich

Que el Senado se ha convertido a lo largo de los años en un cementerio de elefantes políticos no supone descubrir nada nuevo bajo el sol.

Foto: La ley antiderroche de la vicepresidenta deja en evidencia a Montilla y Antich
La ley antiderroche de la vicepresidenta deja en evidencia a Montilla y Antich

Que el Senado se ha convertido a lo largo de los años en un cementerio de elefantes políticos no supone descubrir nada nuevo bajo el sol. Sí sorprende, sin embargo, que sean, precisamente, esos viejos dinosaurios de la política los que asuman, ahora, la réplica al Gobierno en sus principales reformas. Algo que, a la postre, produce extrañas situaciones como la vivida ayer en la Cámara Alta, donde Soraya Sáenz de Santamaría detalló ante dos ex presidentes autonómicos, José Montilla y Francesc Antich, ambos del PSOE, las prácticas de buen Gobierno y los castigos que impondrá por ley a quienes administren con negligencia el dinero de todos.

La vicepresidenta mentó la soga en casa del ahorcado, como diría el refranero popular, aunque, en este caso, dada la irretroactividad de las leyes, poco puedan inquietarles a los dos ex barones del PSOE los nuevos castigos que el Gobierno piensa introducir por ley para los gestores públicos. Sáenz de Santamaría acudió a la Cámara Alta para exponer, al igual que ya hizo en el Congreso, las líneas generales de su departamento para los próximos cuatro años y tuvo enfrente, en las filas de la oposición a los dos ex presidentes autonómicos. Antich, que hablaba en representación del grupo socialista, y Montilla, del PSC, formación que como es tradicional en la Cámara Alta está adscrito al grupo Entesa pel Progrés.

Soraya detalló antes ellos y ante el resto de los portavoces y miembros de la comisión Constitucional el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno que quiere presentar a principios de abril en las Cortes. Una norma de calado y que, por primera vez con respecto al código anterior de Jordi Sevilla, no se quedará solo en una declaración de intenciones y de principios éticos sino que incluirá, también, infracciones administrativas y castigos penales para quienes lo incumplan en cualquiera de las tres administraciones del Estado.  

“Todos estaremos sometidos al principio de responsabilidad, de ejemplaridad y de máxima exigencia”, explicó la vicepresidenta. La vulneración de principios y de obligaciones dará lugar a la comisión de “infracciones administrativas” que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones. “La respuesta será contundente; la ley impondrá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit de endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas –es decir, las facturas no contabilizadas- y también a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de justicia o los órganos de fiscalización contable”, detalló.

En sus turnos de réplica, Montilla y Antich eludieron  hacer valoraciones sobre los casos concretos expuestos por la vicepresidenta y se limitaron a mostrar su apoyo y su voluntad de consenso en la parte del proyecto que afecta a la transparencia de las administraciones públicas. Un asunto que el PSOE no reguló por ley durante sus siete años de Gobierno pese a las eternas promesas al respecto de De la Vega, primero, y Ramón Jaúregui, después.

Herencias ruinosas

Cualquier otra declaración podría haber expuesto a ambos portavoces ante el recuerdo de su pasado. Montilla, por ejemplo, cuadruplicó durante su gestión al frente de la Generalitat la deuda de Cataluña, que llegó hasta los 31.914 millones en el momento del traspaso de poderes a Artur Mas. Por su parte, José Ramón Bauza, presidente de las islas Baleares, acusó a Antich de dejarle unas cuentas en bancarrota de casi 5.000 millones de deuda y de 1.100 millones de euros sin pagar a proveedores. Cifras que el propio Antich dijo en su día que estaban infladas pues, según su exconseller de Economía, la deuda legada era de 4.364 millones de deuda, mientras que las cuentas pendientes con los proveedores alcanzaban solo los 400 millones.

En la Comisión Constitucional del Senado también se sienta el exalcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, que ha dejado a sus vecinos una deuda doce veces superior a la que él reconoce y que su sucesor, el popular David Pérez, cifra en 612 millones de euros. Algunas de las facturas que el ex edil dejó sin pagar corresponden a diferentes ágapes, caterings y regalos que, en su conjunto, alcanzan los 600.000 euros.

Sea como fuere, el Gobierno explicó también que aprobará una ley orgánica complementaria a esta ley de transparencia por la reformará el Código penal con nuevas tipificaciones de delitos. “Esta reforma penal –explicó la vicepresidenta- tendrá en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia y conllevará la inhabilitación para quien incurra en estas conductas”.

José Montilla