La oposición a Rajoy sale del Congreso y se instala en las calles apoyada por la izquierda

El gran temor de los estrategas populares, que la oposición al Gobierno se instalara en las calles en lugar de en las instituciones, comienza a cristalizar con el respaldo de los partidos de izquierda, sindicatos y estudiantes. Sin embargo, la mecha ha prendido a más de 300 kilómetros de la Puerta del Sol, epicentro de las últimas protestas sociales. Los incidentes derivados de la disolución de una marcha de alumnos de secundaria en Valencia obligó ayer a Mariano Rajoy a pedir calma desde Londres, mientras el Congreso de los Diputados se convertía en un altavoz de las manifestaciones que durante la tarde de ayer volvieron a denunciar los recortes educativos y la actuación de la Policía.

Lejos de amainar, las críticas contra la gestión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de Léon, arreciaron desde el PSOE, el grupo de la Izquierda Plural, UGT, CCOO, plataformas de indignados e, incluso, los principales sindicatos policiales. Pese a ser relativamente poco numerosas, las marchas estudiantiles se han convertido, gracias a su proyección nacional, en la metáfora con que la oposición pretende definir al Gobierno de Rajoy: un gabinete ejecutor de recortes sociales, insensible a las reivindicaciones de los más débiles y que recurre sin rodeos a la represión policial. Su impacto mediático y político ya parece haber superado a las manifestaciones contra la reforma laboral.

El PSOE no ha tardado en identificar estas protestas como la vía para abrir un flanco en el Ejecutivo. La mayoría absoluta del PP en el Parlamento, así como su gran dominio sobre ayuntamientos y comunidades autónomas, obliga a la oposición a redefinir sus estrategias. Los socialistas acaban de experimentar una disputada batalla por el liderazgo que ahora se desplaza también a federaciones como Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía. Además, su autoridad para fiscalizar al Gobierno todavía está mermada por su reciente salida del poder y, en todo caso, solo cuentan con 110 escaños en el Congreso.

Por ello, Alfredo Pérez Rubalcaba ha comenzado a restablecer la alianza de su formación con UGT, CCOO y los sectores sociales de izquierda que deben alimentar su base electoral. Tras las manifestaciones del domingo contra la reforma laboral, en las que el PSOE contó con una representación oficial, Ferraz decidió elevar el tono para solidarizarse con los estudiantes de la llamada Primavera Valenciana.   

El lunes, Elena Valenciano manifestó su “indignación” por los incidentes y el Grupo Parlamentario Socialista exigió la comparecencia de Fernández Díaz y del director de la Policía, Ignacio Cosidó. Ayer, Rubalcaba tachó de “intolerables” las imágenes de la actuación policial, mientras que los diputados socialistas valencianos, comandados por Ximo Puig, quien a su vez pugna por el liderazgo del partido en la comunidad, han planteado una batería de preguntas e intervenciones en el Congreso y en el Senado para esclarecer “la negligente acción policial”.

Protestas ante la sede del PP

También en la Cámara baja, los diputados de IU, ICV, CHA y ERC exhibieron carteles con los lemas “Dimissions” y “Valencia: yo también soy el enemigo”, en referencia a las declaraciones de Antonio Moreno, el Jefe Superior de Policía que, curiosamente, fue designado para ese cargo por Rubalcaba en 2008. El rifirrafe parlamentario tuvo lugar al mismo tiempo que miles de personas desfilaban en Valencia liderados por partidos de la oposición, sindicatos, colectivos de estudiantes, padres de alumnos y asociaciones de vecinos.

La protesta, más numerosa que en días anteriores, reclamó la dimisión de la delegada del Gobierno, y tras tomar el centro de la capital del Turia llegó a rodear la sede del PP en la comunidad, lo que evocó lo sucedido en 2004 durante la jornada de reflexión. En la noche de ayer, varios miles de personas se concentraron en Cibeles cortando al tráfico la calle de Alcalá y marcharon después a Colón, en las inmediaciones de la sede nacional del PP. Para este miércoles está convocada una tercera manifestación, y los ecos de este conflicto ya han sido recogidos por medios como The Guardian, Le Monde, Le Figaro, Sky News o Euronews.

Rajoy pide “serenidad”

Tal vez por ello, Rajoy pidió desde Londres, donde se entrevistó con David Cameron, “serenidad” y “mesura” a “todo el mundo”. “Es la hora de la serenidad y la responsabilidad y, desde luego, no podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país”, señaló. “Todos debemos hacer un esfuerzo, y me incluyo a mí mismo, para estar a la altura y creo que es la hora de la serenidad y de la responsabilidad”, añadió.

Desde el PP se mantiene un total apoyo a Fernández Díaz, así como a las decisiones tomadas por la delegada del Gobierno para disolver a los estudiantes. Para los populares, no hay duda de que la oposición está llevando a cabo una instrumentalización política de los incidentes, por lo que temen que el PSOE aliente comportamientos delictivos en este tipo de protestas.

Pero el Gobierno de Rajoy debe hacer frente también al malestar extendido entre los sindicatos policiales. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, criticó que el lunes se mataran “moscas a cañonazos”: “Mala planificación, sin medios, decisiones erróneas y peor explicación”. A través de un comunicado, Sánchez acusó a la delegada del Gobierno y al Jefe Superior de Policía de cometer “un grave error”. Pero su críticas alcanzaron también al titular de Interior, a quien recriminó su “cobardía política y personal” por tildar de “excesiva” la actuación policial sin destituir por ello a Sánchez de León.

Tras conocer esta respuesta, Fernández Díaz matizó que sus declaraciones sobre los excesos cometidos se referían únicamente a “lo que cometen los radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias para hacer cosas que no deben”. No obstante, la decisión de abrir una investigación para esclarecer los incidentes también ha irritado a la Confederación Española de Policía, que en una nota advirtió al ministro que “la senda de introducir la sospecha sobre el trabajo de la Policía supone exactamente lo mismo que su partido criticaba cuando estaba en la oposición; es decir, convertir una pieza básica de nuestro Estado en una parte más de la contienda política”. Si la legislatura transcurre como apuntan las primeras semanas de Gobierno popular, es posible que Rajoy se quedara corto con su previsión de que sufriría una huelga general.