La construcción se rebela por los impagos de la administración murciana

Dicen que los grandes amores terminan, en caso de ruptura, en divorcios tormentosos. Esto es lo que parece pasar entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el sector de la construcción, especialmente con los promotores inmobiliarios y contratistas. Desde hace semanas, estos dos últimos grupos lanzan dardos envenenados contra la administración regional del presidente Ramón Luis Valcárcel por los impagos acumulados. Se acusa al Gobierno regional de retener dinero “que no es suyo” y de llevar a las empresas de construcción a la ruina. Desde la cúpula de la patronal murciana se apoya sin rodeos a los demandantes.

Durante los años del boom inmobiliario, terminado con el estallido de la burbuja, el sector de la construcción era uno de los más firmes apoyos del Gobierno regional en Murcia. No en vano representaba prácticamente el único motor real de la economía de la región y tanto la administración autonómica como las locales no escatimaban facilidades normativas para estimular y apoyar ese rubro económico.

Ahora, cinco años después del estallido de la burbuja, la situación ha cambiado. El malestar creciente entre los empresarios acreedores de la Administración regional aumenta exponencialmente, según se van acumulando retrasos en los pagos y no se vislumbra una solución.

Esa falta de perspectiva provocó que una pancarta con el lema de “Valcárcel ¡Paga YA!” recorriera las principales calles del centro de Murcia el pasado 25 de enero. La sostenían dirigentes de la Asociación de Empresas de Mantenimiento y Construcción de Murcia (ASEMACO), seguidos de varios cientos de afiliados y empleados. Esa organización está compuesta por pequeños empresarios o autónomos cuya supervivencia administrativa peligra si no cobran los más de 80 millones de euros que les adeuda la Comunidad Autónoma, según dijo su dirigente Encarna Inglés.

A ese primer brote público de indignación le siguió la advertencia de acudir a los tribunales que lanzó la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, si no les son entregadas las subvenciones estatales para la construcción de vivienda protegida y que ya han sido transferidas desde la Administración central a la autonómica. El monto total es de unos 2,5 millones de euros, en un cálculo “moderado”, dicen fuentes de la asociación, pues se refiere solo a los afiliados a la misma.

Fuentes de ambas asociaciones rechazan la primera respuesta oficial: sus deudas serán satisfechas dentro del plan de pagos a cinco años de la Comunidad Autónoma.

En la carta de advertencia enviada por el presidente de los promotores, José Hernández, al consejero de Obras Públicas, José Ballesta, se lee que “la Comunidad Autónoma está reteniendo un dinero que no es suyo”. Es decir, la cantidad que la administración central entrega como subvención para las VPO. Hay elaborado un modelo para que los afectados puedan reclaman sus deudas individualmente, “y luego cada asociado tendría que interponer una demanda civil”, según fuentes de la asociación, que precisan que, informalmente, se les ha asegurado que el problema podría resolverse durante este mes.

“La situación es insostenible”

“La situación es insostenible. Muy complicada. Estamos al límite”. Así describe el asunto el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel del Toro, quien está actualmente inmerso, como empresario de la construcción, en un contencioso con el ayuntamiento capitalino.

“Pero, además de a la construcción, afecta a otros sectores como al de proveedores de material sanitario, al de farmacéuticos o al de nuevas tecnologías…”, agrega Del Toro, para quien la causa de que la situación esté al borde del estallido es clara: “No se han implantado medidas anticíclicas para corregir el problema, que viene de 2008”. Sus datos son estremecedores: en Murcia ha desaparecido el 20% de la masa empresarial en los últimos cuatro años y medio, “y eso sin incluir a los autónomos, de los que 8.000 han cesado su actividad”.