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Garzón denuncia el “afán” por acabar con él: "La sentencia estaba anunciada desde hace meses"
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RECURRIRÁ AL TC Y AL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS SI FUERA NECESARIO

Garzón denuncia el “afán” por acabar con él: "La sentencia estaba anunciada desde hace meses"

El juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación y expulsión de la carrera judicial por un delito de prevaricación al

El juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación y expulsión de la carrera judicial por un delito de prevaricación al haber intervenido las conversaciones entre los “cerebros” de la trama de corrupción Gürtel y sus abogados, hizo pública una nota en la noche de ayer en la que rechaza “frontalmente la sentencia”, afirma que sus derechos “han sido sistemáticamente violentados” y sostiene que el juicio oral ha sido una pantomima porque su condena estaba decidida de antemano. El durísimo fallo condenatorio acusa al juez de haber vulnerado el Estado de Derecho y recurrido a prácticas propias de sistemas totalitarios.

“Mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”, dice Garzón en su comunicado.

El magistrado defiende su actuación en el caso Gürtel que, dice, se ajustó a la ley, y reitera, como ya hizo en la vista oral, que si intervino las conversaciones de los cabecillas de la red corrupta con sus abogados fue porque éstos formaban parte de la misma como encargados de blanquear el dinero procedente de sus actividades ilícitas. “Tomé las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados (…) se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama”.

Garzón descalifica al tribunal por concluir que las decisiones que tomó lo hizo a sabiendas de que eran injustas, y que pretendió justificarlas con una aparente, aunque falsa, protección del derecho de defensa. “Es una aberración (…) que se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa, y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Asimismo, falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuidé de garantizarlo, y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal”.

Más allá del demoledor efecto personal del fallo, Garzón dice que la sentencia “sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad, y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”.

El juez conocía la sentencia desde hacía varios días

Una persona próxima al magistrado aseguró que éste sabía desde hacía varios días que iba a ser condenado a través de una filtración, y que pese al impacto inicial al conocer la literalidad del fallo en la tarde de ayer se encontraba ya “muy tranquilo”. Lo que no esperaba Garzón es que la sentencia se hiciera pública al día siguiente de que la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo que le ha condenado por las escuchas de Gürtel dejara visto para sentencia la causa por haber investigado los crímenes del franquismo.

“Esta tarde he hablado en tres ocasiones con él –relataba ayer a este diario su abogado Francisco Baena Bocanegra-. En la primera le encontré abatido y muy dolido, pero en la última que acabo de tener ya es el Garzón vitalista e indomable que se  crece en el castigo. Me ha pedido que mire a fondo el fallo para ver qué podemos hacer, y aunque aún no está decidido, la intención es agotar todas las posibilidades”.

El propio Garzón afirma en su nota que acudirá “a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia, y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.

El magistrado fue juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) dada su condición de aforado, y no tiene otra opción de recurso que el de amparo al Tribunal Constitucional, para el que dispone de un plazo de 30 días. El Alto Tribunal tendrá que decidir en primer lugar si admite el recurso a trámite y, si lo hace, posteriormente resolver si lo rechaza o no.

Un fallo favorable del Constitucional supondría una descalificación en toda regla de la Sala Segunda del Supremo y sus siete magistrados. Ambos tribunales ya han protagonizado sonados encontronazos al revocar el primero algunas resoluciones del segundo. En el caso contrario, que el Constitucional fallara contra el recurso, Garzón solo podría recurrir a la justicia internacional para demostrar su inocencia, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), o  bien ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dos opciones que son excluyentes entre sí. La prolongada tramitación de las denuncias hace que sus resoluciones sean reconocimientos morales escasamente prácticos.

Asesor en Colombia y Ecuador

La inmediatez del fallo obligó al magistrado a cancelar un próximo viaje a Colombia, a dónde iba a desplazarse como asesor de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que trabaja en “justicia transaccional”. Esta figura jurídica se aplica en procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, con criterios que intentan compatibilizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con otras medidas estrictamente políticas para conseguir un bien mayor. Se ha utilizado con profusión para facilitar la transición a la democracia de las dictaduras del Cono Sur.

Garzón forma también parte de un grupo de expertos que asesoran al gobierno de Ecuador sobre la forma de organizar la justicia en aquel país. Junto a estas dos actividades “fijas”, el magistrado tiene numerosas ofertas para dar charlas en universidades de Estados Unidos y Latinoamérica, según informó a este diario una persona de su entorno.

"Mi padre es inocente"

Antes de que Garzón hiciera pública su nota, su hija María Garzón remitió a los medios una carta dirigida “a los que hoy brindarán con champán” por la inhabilitación de su padre. “A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto. Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la Justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin estar guiada por envidias; por acuerdos de pasillo (…) ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SI está tranquila”.

A la dureza del fallo contra el magistrado se une que el mismo ha sido por unanimidad de los siete magistrados de la Sala, que en sus fundamentos jurídicos acusan a Garzón de haber vulnerado el Estado de Derecho “sustituyendo el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo”, y de haber tenido “una conducta en ejercicio del poder judicial que, bajo el pretexto de la aplicación de la ley, resulta frontalmente vulneradora” del mismo.

No todo vale

La sentencia rechaza todos los argumentos con los que el juez desgranó durante la vista oral para justificar justificó el “pinchazo” de las comunicaciones entre los máximos responsables de la red Gürtel y sus abogados, según los cuales éstos formaban parte de la red delictiva que recibían órdenes de sus clientes para colocar fuera de España el dinero obtenido con sus actividades ilícitas. El tribunal sostiene que su conducta no se explica “mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho (…) La búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”.

Los siete magistrados de la Sala afirman que las decisiones de Garzón en la instrucción del caso “restringieron sustancialmente el derecho de defensa” de los imputados, con efectos “devastadores”  en “el núcleo de la estructura del proceso penal”. Efectos que pueden concretarse en que la investigación del caso Gürtel podría ser invalidada por estar viciada.

Decisiones propias de regímentes totalitarios

El fallo recoge que Garzón no adoptó la decisión de “pinchar” al interpretar de manera errónea la ley, sino que la misma fue “un acto arbitrario, por carente de razón”, que provocó “una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa”.

El reproche llega a acusar al condenado de haber prescindido de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho para recurrir a prácticas “que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.

De los siete magistrados de la Sala Segunda dice Garzón que le han condenado “de forma injusta y predeterminada”. Una acusación de prevaricación en toda regla.

El juez Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación y expulsión de la carrera judicial por un delito de prevaricación al haber intervenido las conversaciones entre los “cerebros” de la trama de corrupción Gürtel y sus abogados, hizo pública una nota en la noche de ayer en la que rechaza “frontalmente la sentencia”, afirma que sus derechos “han sido sistemáticamente violentados” y sostiene que el juicio oral ha sido una pantomima porque su condena estaba decidida de antemano. El durísimo fallo condenatorio acusa al juez de haber vulnerado el Estado de Derecho y recurrido a prácticas propias de sistemas totalitarios.

Baltasar Garzón