Mato estudia varias propuestas para implantar el copago farmacéutico en función de la renta

Ana Mato tiene desde hace varias semanas sobre la mesa de su despacho el documento que recoge las líneas maestras del nuevo modelo de financiación de los medicamentos españoles. Este informe habla de lo “profundamente injusto” que es el sistema actual y apuesta por un copago farmacéutico que tenga en cuenta “la renta de los contribuyentes” y deje de lado el régimen presente, basado exclusivamente en una aportación lineal de carácter porcentual. A falta de los últimos detalles, se baraja, entre otras cosas, eximir de pagar a los parados sin subsidio y dar una atención especial a los medicamentos con mayor coste/efectividad.

La iniciativa que estudia la ministra cuenta con el beneplácito del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de los principales barones del Partido Popular, como Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo.

La voluntad del Ejecutivo en materia de copago farmacéutico coincide con las voces críticas de numerosos expertos en economía de la salud que desde hace años vienen calificando la regulación vigente (40% de copago para activos, gratuidad para jubilados, sea cual sea su nivel de renta, y 30% para mutualistas, tengan o no 65 años) de nada equitativa. De hecho, el copago actual, que no alcanza ni al 5% del gasto sanitario público, se concentra en el 5% de unos usuarios que no son precisamente lo más ricos. “Algún día habrá que investigar las definiciones de equidad que permiten considerar que ésta no se vulnera cuando al jubilarse un trabajador de Muface debe seguir pagando por sus medicamentos un 30% del precio, mientras se exime de este tributo al resto de jubilados con independencia de la cuantía de sus rentas”, señala el doctor Ricard Meneu, experto en financiación sanitaria. Éste, el que se refiere a los funcionarios, es otro de los cambios que Mato analiza en estos momentos.

Es decir, el copago exigido en la actualidad apenas guarda relación con los niveles de renta y riqueza, eludiéndolo pensionistas de alto poder adquisitivo y exigiéndose a empleados en precario o desempleados con importantes cargas familiares. Como señala el economista Vicente Ortún, decano de la Facultad de Económicas de la Pompeu Fabra, “el impacto redistributivo de los actuales copagos brilla por su ausencia, y los datos demuestran cómo se dispara el consumo de fármacos cuando un individuo accede a la condición de pensionista, con independencia de su edad y de su estado de salud”. En ese momento, el médico actúa como agente sensible del paciente y casi siempre opta por prescribir una medicación más cara.

Campo abonado a la demagogia

El gasto farmacéutico hace tiempo que entró por la senda de la moderación, y ya no crece a un ritmo de dos dígitos, como hacía en la última década del pasado siglo. De hecho, en 2011 cerró con un descenso del 8,7% y un gasto de 11.136 millones de euros. Pero la evidencia de un consumo excesivo e inadecuado de ciertos medicamentos y el desplazamiento del gasto a productos más nuevos, pero no mejores, ha hecho que esta partida siempre esté en el punto de mira de los recortes.

Por eso, el gasto y la implantación de cualquier fórmula de copago en España ha generado desde siempre gran controversia política y no ha sido ajena a la demagogia. De hecho, en marzo de 2009, el pleno de la Cámara Baja aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a rechazar la introducción de cualquier forma de copago por parte del usuario del sistema nacional de salud, y en febrero de 2011 la comisión de Sanidad del Congreso sacaba adelante una proposición no de ley que rechazaba cualquier fórmula para que el usuario pagara por receta o visita al médico. Es decir, todas las formaciones políticas votaron en contra de la introducción de algo que en el caso de la farmacia esta legislado desde 1966, aunque sufre modificaciones al alza en la década de 1970, cuando se pasó de una aportación fija (D 3157/1966) a una porcentual (Real Decreto 945/1978).

Los pacientes de todos los países europeos participan ya en mayor o menor medida del copago de los medicamentos y sólo España, Grecia, Dinamarca y Reino Unido no lo han extendido a los servicios sanitarios. El Partido Popular, sin embardo, descarta por el momento ampliar el copago a primaria, especializada o urgencias como mecanismo para promover el buen uso de los servicios de salud, cosa que si han hecho Alemania, Francia, Noruega o Suecia, entre otros muchos países.

Pese a la prudencia de Mato a la hora de poner en marcha cualquier reforma sanitaria, numerosos expertos han recordado al equipo ministerial la necesidad de constituir, como han hecho ingleses y suecos, una agencia independiente (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, en el caso de Gran Bretaña) para mejorar y racionalizar la eficiencia de este gasto público y, sobre todo, detraerlo de la disputa política. El NICE, por ejemplo, utiliza un baremo muy riguroso para evaluar el coste/efectividad de los procedimientos, y excluye de la financiación cualquier diagnóstico, tratamiento o fármaco que supere las 30.000 libras esterlinas.