Todos los policías exculpan a Garzón antes del alegato final del juez

El juez Baltasar Garzón contó ayer con el testimonio favorable de los policías que investigaron el “caso Gürtel” en la segunda sesión de la vista que se sigue contra el magistrado por haber intervenido las comunicaciones de los jefes de la trama (Francisco Correa y Pablo Crespo) con sus abogados en la prisión de Soto del Real. Los agentes manifestaron que fueron ellos quienes pidieron al juez que autorizara los “pinchazos”, y que si se grabó a los letrados fue porque formaban parte de la organización delictiva como encargados de blanquear el dinero de la misma. Las acusaciones no encontraron la forma de “meter el diente” a los policías por más que lo intentaron.

El comisario principal José Luis Olivera, jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEV), y Manuel Morocho, jefe del grupo policial que intervino las comunicaciones, ratificaron el testimonio del propio Garzón el pasado martes, primer día de la vista oral, cuando afirmó que los letrados eran “parte nuclear” de la trama para el blanqueo de dinero; que preservó su derecho a la defensa; que expurgó las grabaciones para que no trascendieran cuestiones personales sin relación con la causa y que de su contenido no se derivó la práctica de ninguna diligencia. Ambos policías dijeron lo mismo, aunque con distintas palabras.

El comisario Olivera manifestó que él personalmente le pidió al juez que “precipitara las primeras detenciones porque Francisco Correa tenía planificado irse del país”, y calificó de imprescindible la intervención de las comunicaciones cuando se investigan redes organizadas con muchas ramificaciones ya que, además, operan fueran de España, en paraísos fiscales y con sociedades pantalla.

El jefe de la investigación dijo que Garzón le pidió que prevaleciera el derecho a la defensa, pero cuando las acusaciones le preguntaron cómo lo hizo, dijo que su unidad se limitaba a transcribir las conversaciones grabadas y enviárselas al juez con un informe en el que detallaban aquellos aspectos que consideraban relevantes para el juez. Ante la insistencia de los letrados de la acusación, explicó que el magistrado le dijo que él mismo se encargaría de valorar lo que podía afectar a dicho derecho.

El inspector Manuel Morocho declaró que se pidió la prórroga de las intervenciones porque aunque los acusados prescindieron de los servicios de sus primeros abogados para recurrir a los de los que ahora les representan y acusan a Garzón de haber violado su derecho a la defensa, los primeros continuaron visitando a los imputados en prisión. “El cambio de letrados no modificó la labor que estos venían desarrollando en el blanqueo de dinero”, dijo.

Un tercer agente, el inspector jefe Avelino José García, director de programas de Seguridad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, declaró que su labor consistió en tramitar las órdenes de intervención de las comunicaciones en prisión y facilitar copia de ellas a los investigadores que acudían periódicamente a recogerlas. Pese a ello, se enredó y terminó diciendo que Mercedes Gallizo, entonces máxima responsable de Prisiones, tenía acceso a todas las intervenciones que se practicaban en todas las cárceles del país, que además de quedar grabadas en el disco duro de cada prisión, quedaban registradas también en otro existente en la Secretaría General.

Las acusaciones se encontraron con una pista inesperada, que desvelaba un posible control político del contenido de las comunicaciones en un caso en el que están imputados numerosos miembros del PP. El fiscal estuvo presto para aclarar lo que el inspector Avelino quería o no decir.

-Yo diría que sí; yo afirmaría; yo creo que me dijeron pero no estoy seguro. De su declaración se deduce que usted habla de oídas -le espetó el Ministerio Público- ¿Ha querido decir que desde Instituciones Penitenciarias se podían escuchar todas las grabaciones que se hacían en todas las prisiones? Dígame lo que sepa, no lo que crea.

-No– fue la respuesta.

-¿Puede tener el Gobierno acceso al disco duro de la prisión de Soto del Real?

-Lo desconozco.

El testigo se le vino abajo a las acusaciones, que se enredaron en cuestiones tales como si las órdenes del juez se dieron por escrito o verbalmente; cómo se custodiaron las grabaciones; si se pudieron manipular, o el uso que la Policía hizo de las mismas para elaborar los informes que después remitía al juez.

Antes de que todo esto ocurriera, la sesión de la mañana arrancó con la declaración del abogado de la acusación Ignacio Peláez en condición de testigo requerido por la defensa de Garzón. Francisco Baena Bocanegra, letrado del magistrado, que en la vista del primer día estuvo discreto, se mostró ayer incisivo, con numerosas preguntas que iniciaba con el interrogante “¿no es cierto …?”.

Peláez tuvo que reconocer que antes de ser formalmente el letrado de los jefes de la trama acudió en varias ocasiones a prisión para entrevistarse con ellos, con su permiso y de quienes aún eran sus abogados. Circunstancia que hizo que fuera grabado al estar ya las comunicaciones intervenidas.

El letrado de Garzón recordó a su colega que cuando un letrado visita en prisión a un interno al que no representa debe acreditar que ha sido llamado por éste, ya sea a través de una carta o de Instituciones Penitenciarias. De no ser así, dijo Bocanegra, el artículo 38 del Reglamento Penitenciario establece que debe comunicar la visita al juez instructor, entonces Garzón. Peláez no hizo ninguna de las tres cosas porque, dijo, entendió que no era necesario y, además, los funcionarios de prisiones no le pusieron ningún impedimento”.

A las ocho de la tarde las acusaciones elevaron a definitivas sus peticiones (entre 10 y 17 años de suspensión por los delitos de prevaricación y el uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales) y la sesión se suspendió hasta la mañana de hoy, en que las partes harán sus alegatos y Garzón tendrá derecho a la última palabra.