SORAYA SÁENZ DE SANTAMARIA: "ES EL PRINCIPIO DEL PRINCIPIO"

Rajoy sube los impuestos y deja en cuarentena su programa electoral

El Gobierno saca la artillería anticrisis desde el primer día. Suben los impuestos que pagan los asalariados y las rentas del capital;  se recorta el gasto

Foto: Rajoy sube los impuestos y deja en cuarentena su programa electoral
Rajoy sube los impuestos y deja en cuarentena su programa electoral

El Gobierno saca la artillería anticrisis desde el primer día. Suben los impuestos que pagan los asalariados y las rentas del capital;  se recorta el gasto público en 8.900 millones de euros y el 50% de las viviendas (las que tienen un precio superior a la media) pagarán más impuestos.

Pero no sólo eso, los empleados públicos estarán obligados a trabajar un mínimo de 37,5 horas, las subvenciones a los partidos políticos y sindicatos se recortan un 20% (355 millones menos para empresarios y centrales) y se suprimen los 210 euros que cobraban 300.000 jóvenes con menos de 30 años en concepto de alquiler de vivienda. Y todo ello en el marco de una prórroga de la congelación salarial para tres millones de empleados públicos, en línea con un recorte generalizado de las subvenciones en I+D+i por un importe de 600 millones de euros. O con el fin de las bonificaciones al gasóleo agrícola, con un coste para los agricultores de 200 millones.

Del recorte no se salva ni el permiso de paternidad, cuya ampliación de dos a cuatro semanas se retrasa hasta el 1 de enero de 2013. Ni la ayuda al desarrollo, aunque su cuantía se desconoce por el momento. Ni Renfe o RTVE, cuyos presupuestos se verán mermados en 200 millones de euros. Ni siquiera la dependencia, que no tendrá nuevos beneficiarios durante todo el año 2012, aunque se mantendrán los derechos actuales. Y esto es, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría  sólo “el inicio del inicio”. Lo que quiere decir que en el horizonte cercano se divisan nuevos ajustes presupuestarios. Tanto desde el lado de los ingresos como de los gastos.  

¿La causa? La maltrecha situación de las cuentas públicas. El nuevo Gobierno estima que el déficit público del conjunto de las administraciones pública se situará al acabar este año en una cifra equivalente al 8% del Producto Interior Bruto. O lo que es lo mismo, unos 80.000 millones de euros.

De confirmarse esta estimación -que abre en canal lo anunciado por el anterior Gobierno- esto quiere decir que 2011 -bautizado por algunos como el año de los recortes- se cierra con un reducción del déficit de apenas 18.000 millones de euros, cifra a todas luces incompatible con el objetivo de situar el déficit público en el 3% en 2013.  De hecho, si el Gobierno se empeña en cumplir la senda de consolidación fiscal pactada con Bruselas, eso supone que en 2012 el déficit habrá que recortarlo en 3,6 puntos de PIB. Nada menos que 36.000 millones de euros a repartir entre el conjunto de las administraciones públicas.

Un ejercicio de transparencia

La cifra es tan descomunal que en el Gobierno se barajó la idea de no aflorar todo el déficit oculto este año para evitar la presión de los mercados. Finalmente, sin embargo, se ha optado por poner el marcador a cero en 2011, precisamente con el convencimiento de que este ejercicio de transparencia será bien recibido por los analistas. “Es un problema de confianza”, dijo ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos,  “y eso lo reconocerán los mercados”.

El tiempo lo dirá, pero por lo momento la dimensión del ajuste abre la puerta a nuevas subidas de impuestos, y, por el momento, los únicos tributos que no ha tocado el Gobierno son el IVA y los especiales. El Impuesto de Sociedades se considera ‘intocable’ habida cuenta de que afecta a la competitividad de las empresas.

Según sus cálculos, el aumento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo del capital supondrá una recaudación adicional de algo más de 5.350 millones de euros, de los que 4.100 procederán de los asalariados, y alrededor de 1.250 millones de las rentas del capital.  A los asalariados se les aplicará un recargo complementario (que ya tendrá consecuencias en las retenciones a partir de febrero) que oscilará en 0,75 puntos y 7 puntos porcentuales. Mientras que las rentas del capital pagarán dos puntos más cuando sean inferiores a 6.000 euros al año y 6 puntos adicionales cuando sean superiores a 24.000 euros. Tributarán, por lo tanto, al 27%.  

En paralelo, Hacienda ingresará 918 millones por la subida de la tributación de la vivienda, pero para evitar posibles fraudes será el Catastro -y no cada municipio- quien determine cuál es el valor medio de una vivienda. Todos los pisos que se sitúen por debajo del precio estimado (según la referencia catastral) se librarán de pagar más impuestos, pero si lo hará el 50% que se sitúe por encima de la media (no la mediana). A estos se les aplicará un tipo progresivo (del 4%, 6% y 10%) en función de la antigüedad de la última revisión catastral. A mayor antigüedad, mayor incremento.

Qué decía el Programa electoral

¿Y qué decía el PP sobre la presión fiscal en su Programa Electoral? Nada de incrementos. Al contrario. El Partido Popular se comprometía a “modernizar” el IRPF con el objetivo de “favorecer el ahorro, la inversión y el empleo”. Al mismo tiempo,  elevando los mínimos familiares exentos en el IRPF “adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas”. Ni una palabra sobre subidas impositivas, ni siquiera en circunstancias extraordinarias.

Según la vicepresidenta, se trata de unas medidas “extraordinarias para una situación extraordinaria”, y eso explica que el Gobierno se comprometa a que esté en vigor la subida de impuestos durante sólo dos años. Por el momento, las únicas partidas que se han salvado del tijeretazo son las pensiones, que subirán un 1% en enero (aunque está garantizado que se revalorizarán a final de año como el coste de la vida), y el programa de los 400 euros para parados que hayan agotado todas sus prestaciones, y cuya vigencia acaba en febrero. También las deducciones por adquisición de vivienda habitual en los mismos términos que había antes del 31 de diciembre de 2010, incluido el IVA superreducido del 4%. Todo lo demás, como dijo Rajoy, es susceptible de ser recortado.  Y en eso está.

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