Conde Pumpido vuelve al Supremo, donde acabará el caso de José Blanco

Cándido Conde-Pumpido acaba de cesar después de siete años como fiscal general del Estado. Durante todo este tiempo, ha sido ‘mano derecha’ de José Luis Rodríguez Zapatero en la lucha contra ETA. Sus directrices fueron firmes mientras que el Gobierno negoció con la banda terrorista hasta el atentado de la T-4. Ahora vuelve al Supremo, donde puede acabar encontrándose con un viejo conocido: el ‘caso Campeón’ y José Blanco.

Magistrado de carrera, Conde-Pumpido asumió en 2004 el cargo, abandonando el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial a donde vuelve siete años después. Cuando llegó a su nuevo destino era del todo consciente de que su trabajo iba a ser clave para un posible final de ETA, reto crucial para Rodríguez Zapatero. Cuando ETA anunció el alto el fuego permanente en el año 2006, el Gobierno no ocultó sus intenciones de sentarse a negociar con los terroristas. Dentro de la negociación, era clave el futuro judicial de los etarras detenidos y condenados. Ahí entraba Conde-Pumpido.

Un discurso que no ha cambiado

Públicamente, el discurso nunca varió un ápice: la Fiscalía seguiría luchando contra el terrorismo con todos los mecanismos disponibles. Sin embargo, las instrucciones por detrás no eran esas. Casos como el de Arnaldo Otegi o Juan Ignacio de Juana Chaos fueron las pruebas constatables de que el Ministerio Público era un brazo más de la negociación.

Conde-Pumpido se replegó con Rodríguez Zapatero y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional con él. Pumpido sabía que para esta nueva etapa en su vida necesitaba un fiscal jefe en el órgano que persigue el terrorismo que fuera de su máxima confianza. Eduardo Fungairiño no era precisamente un fiscal afín a sus ideas y forzó su dimisión. En su lugar, colocó a un amigo personal, con quien podría dirigir la nueva estrategia jurídica referente a ETA desde la confianza y el entendimiento. Javier Zaragoza se convirtió en el nuevo fiscal jefe. Un buen tándem para conseguir sus propósitos.

No sólo en la Audiencia Nacional se dieron las instrucciones necesarias para beneficiar las conversaciones entre el Ejecutivo y ETA. Conde-Pumpido también tuvo que intervenir en el Tribunal Supremo, con las ilegalizaciones de partidos afines a la banda o sustitutos de Batasuna.

En busca de cambiar la ley

En 2007, el Ministerio Público dejó pasar a ANV a las instituciones. Impugnó las listas de esta formación y de PCTV pero no en su totalidad y por tanto los tribunales no pueden ilegalizar unas candidaturas que nadie ha solicitado. Permitió que se presentaran a las elecciones municipales y autonómicas y entraran a los ayuntamientos. No hizo lo mismo con Sortu y Bildu, a sabiendas de que lo más probable era que el Tribunal Constitucional aprobara su legalidad.

Durante los siete años que Conde-Pumpido ha dirigido la Fiscalía ha tenido un empeño personal en modificar la ley para que sea el fiscal el que instruya las investigaciones, en detrimento del juez. Durante todo este tiempo han sido numerosas las declaraciones al respecto aunque se va sin el trabajo hecho. No ha conseguido que el Gobierno socialista apruebe esa nueva norma, algo que quedará en manos del PP. Muchas son las críticas, sobre todo por parte de las asociaciones de jueces que ven que esa medida irá en detrimento de la independencia judicial, sobre todo en los casos de corrupción, que podrían llegar a estar manipulados por el Gobierno de turno.

Aún así, es cierto que Conde Pumpido ha fomentado en este tiempo las investigaciones contra la corrupción en todos los rincones del país. La Fiscalía Anticorrupción ha desarrollado estos años una gran competencia, actuando contra cualquier miembro de cualquier partido político. De Anticorrupción ha salido el caso malaya, el caso Gürtel o el caso Campeón, contra el ministro José Blanco. Aunque también han llevado asuntos de gran relevancia como el caso Forum Filatélico y Afinsa o Gescartera. Con Blanco, Conde Pumpido ha hecho algo nunca antes visto. Se apartó de cualquier vínculo con la investigación por su presunta relación con una serie de empresarios gallegos. Y lo hizo alegando amistad. Ha sido su última actuación antes de volver a Tribunal Supremo, donde probablemente acabe la causa contra el dirigente socialista.