El caso Goldfinger entra en barrena tras ser recusado el nuevo juez
No hay dos sin tres: el caso Goldfinger podría quedarse otra vez sin juez. Primero fue Ricardo Puyol, que solicitó su traslado a Málaga, y ahora
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Mientras tanto, Sean Connery sigue tranquilo. El juez ya le comunicó que no era necesaria su presencia ni la de su esposa Michelline en la sede judicial marbellí. Connery, de 80 años, y su esposa, de 81, fueron citados por el anterior instructor en el mes de octubre de 2010, pero no comparecieron tras alegar motivos de salud y falta de tiempo para preparar el viaje.
Tras la presiones del CGPJ, el magistrado Puyol accedió a que la pareja prestase una primera declaración a través de una comisión rogatoria en las Bahamas, paraíso fiscal donde los Connery tienen su residencia. La investigación se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar un informe del Tribunal de Cuentas en el que se fiscalizaban numerosos convenios urbanísticos rubricados a lo largo del mandato de Jesús Gil.
Sin abonar los 60 millones
Según fuentes de la investigación, de los 60 millones de fianza reclamados por el juez para hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada de la causa “no se ha pagado ni un duro”. Cuarenta y ocho millones de la fianza corresponden a una sola sociedad mercantil constituida por el despacho de abogados, y otros 4,2 se imputan a otra sociedad del mismo bufete. Además, el juez exige 7,2 millones por los tres convenios urbanísticos que permitieron construir en la finca 72 apartamentos de lujo en lugar de los cinco chalés previstos inicialmente.
También se piden 929.000 euros que el juez estima que el consistorio marbellí dejó de ingresar en concepto de licencias de obra en la parcela de los Connery. La venta de los apartamentos Malibú supuso unos beneficios de 53 millones de euros. De esta cantidad, 37 millones fueron transferidos a cuentas en el exterior, especialmente a Reino Unido y Uruguay, a través del entramado societario creado por los abogados que llevaban los intereses económicos de Sean Connery en España.
Por otro lado, en el último mes, tres empleados de Banesto, entidad imputada en Goldfinger, han sido despedidos de la sucursal marbellí por el presunto delito de falsificación de documentos vinculados con el caso.
Mientras tanto, Sean Connery sigue tranquilo. El juez ya le comunicó que no era necesaria su presencia ni la de su esposa Michelline en la sede judicial marbellí. Connery, de 80 años, y su esposa, de 81, fueron citados por el anterior instructor en el mes de octubre de 2010, pero no comparecieron tras alegar motivos de salud y falta de tiempo para preparar el viaje.