La enemistad del portavoz del PSOE con un magistrado afín al PP bloquea el Constitucional

La enemistad personal del portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, con el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, uno de los candidatos propuestos por el PP para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, ha sido uno de los principales obstáculos para la renovación del alto tribunal, atascada desde el pasado mes de diciembre por las posturas hasta ahora irreductibles de socialistas y populares, según reconocían ayer a El Confidencial fuentes de ambos partidos.

Tras la frustrada dimisión, el pasado lunes, de los tres magistrados del Tribunal Constitucional con su mandato de nueve años ya caducado para forzar al PSOE y al PP a negociar su relevo, el presidente del Congreso, José Bono, les dio ayer un plazo de dos semanas para que alcancen un acuerdo. Pero el PP insiste en proponer a López y el PSOE mantiene su veto al magistrado de la Audiencia Nacional y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según las citadas fuentes.

Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, se reunirá esta misma semana con el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, para tratar de avanzar en la negociación, según confirmaron a este diario fuentes de los dos partidos mayoritarios. El pacto entre socialistas y populares es imprescindible para sustituir a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato expiró: los tres que dimitieron el lunes -Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado- y el ya fallecido Roberto García Calvo.

Alonso, que ayer mismo recibió el alta médica tras permanecer hospitalizado desde el pasado viernes a causa de un aparente ictus que finalmente resultó ser una cefalea, no llevará en esta ocasión el peso de las negociaciones. Las riendas, según fuentes socialistas, las tomará Rubalcaba, que de esta forma vuelve a exhibir su creciente poder en el Gobierno y el partido, en contraste con un José Luis Rodríguez Zapatero prácticamente desaparecido de la escena política en la última semana.

El portavoz del PSOE en el Congreso, según las mismas fuentes, permanecerá convaleciente en su domicilio al menos hasta mediados de la próxima semana. Pero no es ésa la razón principal de la irrupción de Rubalcaba en escena. El vicepresidente y virtual candidato a La Moncloa quiere escenificar con su participación directa en la negociación, en detrimento de Alonso, que el Gobierno concede la máxima prioridad al desbloqueo del Tribunal Constitucional. Las posiciones de partida, sin embargo, no invitan precisamente al optimismo: López sigue siendo un candidato "inaceptable", según fuentes socialistas; y el PP no tiene intención de "poner otro nombre sobre la mesa", advierten los populares.

Un veto que viene de lejos

Alonso fue el encargado de negociar con el PP en 2010 el relevo de otros cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, en este caso los que corresponde designar al Senado, cuyo mandato había caducado tres años antes. Los populares también propusieron entonces a López, pero los socialistas lograron imponer su veto en la Cámara Alta y frenar la candidatura del ex portavoz del CGPJ porque éste no cumplía supuestamente el requisito de tener 15 años de ejercicio profesional en la judicatura, argumento que el propio López rechazó. El hecho de que sea ahora Rubalcaba el responsable de la negociación, y no Alonso, era interpretado ayer en el PP como un indicio de que el PSOE no considerará en esta ocasión casus belli el nuevo intento de promocionar al magistrado conservador.

La supuesta inquina del portavoz parlamentario del PSOE hacia López viene de muy atrás, cuando Alonso era portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, y tiene su raíz, según las fuentes del PP consultadas, no sólo en el abismo ideológico que separa a uno y otro, sino también en el plano personal. Esa aversión creció durante el mandato de López como portavoz del CGPJ en la primera legislatura de Zapatero, una etapa caracterizada por la abierta hostilidad entre el Poder Judicial -controlado entonces por la mayoría conservadora afín al PP- y el Gobierno socialista.

La duda ahora es si Rubalcaba mantendrá el veto de Alonso a López o aceptará al candidato del PP para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Las fuentes del PSOE consultadas recuerdan que la minoría progresista del CGPJ llegó a pedir hasta en dos ocasiones el cese de López por sus polémicas declaraciones y sus ataques al Gobierno durante su etapa como portavoz del Poder Judicial; y aseguran que la verdadera intención del PP con su insistencia en proponer al magistrado de la Audiencia Nacional es bloquear la renovación hasta las elecciones generales de 2012, confiando en que una amplia mayoría en las urnas permita a los populares recuperar el control del alto tribunal.