Gobierno, jueces y fiscales se enfrentan por el fracaso de las reformas de la Justicia

Juzgados colapsados, magistrados que pagan el material de oficina de su bolsillo y sistemas informáticos incompatibles entre comunidades autónomas. El fracaso de la modernización de la Justicia ha estallado en un enfrentamiento abierto entre el Poder Judicial, el Gobierno y la Fiscalía, que ayer se escenificó públicamente a través de diversos comunicados. La debilidad política del ministro Francisco Caamaño, la personalidad “colérica” de Cándido Conde-Pumpido y el hartazgo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de reformas completan el retrato de una Administración de Justicia en situación límite. 

La tramitación de una ley para la agilización de la Justicia, que este miércoles se estudia en el Congreso, ha terminado por encender los ánimos del Ministerio, la Fiscalía y los jueces. “Esta es la enésima legislatura en la que no se actualizan leyes que provienen del siglo diecinueve. Hay un hartazgo total en el Poder Judicial por la pasividad del Gobierno”, aseguraron fuentes jurídicas. Para colmo, el malestar por el estado de al Justicia se ha contagiado al modo en que se están llevando a cabo las reformas. 

El primero en disparar públicamente fue Conde-Pumpido, quien acusó al CGPJ de pretender “convertirse en legislador” por su mediación ante el Gobierno y los grupos parlamentarios. El fiscal general del Estado llegó incluso a abroncar públicamente al vocal José Manuel Gómez Benítez y a tachar de “golpe de Estado” su actividad. Ayer, el CGPJ emitió un comunicado en el que tildaba de “gravísima descalificación” la actitud de Conde-Pumpido y alertaba de la falta de colaboración entre ambos organismos, “que son fundamentales, cada uno en su nivel, para el funcionamiento del orden constitucional”. 

Tras este acuerdo sin precedentes del órgano que preside Carlos Dívar, también presidente del Tribunal Supremo, Conde-Pumpido movió ficha en su colectivo. La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales arremetieron ayer contra el “oscurantismo” de los grupos parlamentarios, a quienes creen manejados por el CGPJ, aunque la realidad es que la mayoría de propuestas de los jueces han sido rechazadas. Este enfrentamiento ha hecho mella en los partidos políticos, que se disponen a descafeinar todavía más la ley de agilización para contentar a los fiscales. Entre otras cosas, los representantes del Ministerio Público se niegan a que se estreche el margen para presentar recursos, mientras que pretenden dirigir la instrucción de los casos, en lugar de los jueces.

Caamaño, sin el favor de Rubalcaba

“Conde-Pumpido creía que este era su chiringuito y que nadie podía toserle. Lleva muchos años en el puesto, no ha hecho nada por reformar la Justicia y ahora se pone nervioso por si se le acaba el negocio”, sostuvieron fuentes próximas al Poder Judicial. Por su parte, las asociaciones judiciales también han perdido la paciencia. Marcelino Sexmero, portavoz de la Francisco de Vitoria, criticó el modo en que Conde-Pumpido, con su “personalidad colérica”, se ha opuesto a las iniciativas de reforma propuestas de los jueces. Asimismo, afirmó que “tras las expectativas creadas por el ministro Caamaño, pasados dos años, no se ha resuelto nada”. “Las cosas siguen igual o peor que hace dos años”, añadió. 

Los jueces denuncian que la nueva oficina judicial está fracasando allí donde se implanta, la falta de inversión en medios materiales y humanos, la incompatibilidad de los sistemas informáticos entre comunidades autónomas o los procedimientos obsoletos. Y, todo ello, tras un presupuesto de 400 millones de euros destinado a modernización. Así, la figura del ministro Caamaño ha quedado en entredicho, ya que su gestión no ha satisfecho ni al CGPJ ni a los fiscales. Tampoco goza del respaldo del vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que su margen de acción es cada día menor.