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El Gobierno de Artur Mas no descarta recurrir a la justicia para reclamar el fondo de competitividad
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CATALUÑA RECLAMA 1.450 MILLONES

El Gobierno de Artur Mas no descarta recurrir a la justicia para reclamar el fondo de competitividad

La Generalitat no descarta recurrir a la vía judicial para reclamar al Estado el pago de los 1.450 millones de euros del fondo de competitividad, aunque

Foto: El Gobierno de Artur Mas no descarta recurrir a la justicia para reclamar el fondo de competitividad
El Gobierno de Artur Mas no descarta recurrir a la justicia para reclamar el fondo de competitividad

La Generalitat no descarta recurrir a la vía judicial para reclamar al Estado el pago de los 1.450 millones de euros del fondo de competitividad, aunque subraya que no es su prioridad y que debe ponerse el acento en la negociación política para intentar alcanzar un acuerdo.

"No hemos descartado nunca la vía judicial", ha remarcado el portavoz del Govern, Francesc Homs, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, aunque ha admitido las dificultades jurídicas al respecto, así como que la lentitud de la justicia pospondría el pago más allá del 2011.

Por ello, Homs ha reiterado su llamada a los socialistas para que sus 25 diputados en el Congreso voten este martes por la tarde la moción de CiU para el avance del pago del fondo a Cataluña este año, y más después de haber ofrecido en el pasado su ayuda a la Generalitat en este aspecto.

A pocas horas de que se celebre esta votación, ha depositado su esperanza en que la moción pueda aprobarse, alegando que la aritmética es justa, pero no en un cambio de voto de los diputados socialistas catalanes.

Para el portavoz del Gobierno autonómico, la fuerza de Cataluña para reclamar el fondo radicaría en que todas las fuerzas políticas catalanas sin excepción apoyaran la moción de CiU, al margen de la "coherente" abstención del PNV, tras lamentar que el PSC se haya alineado siempre con los intereses del Gobierno del PSOE.

Además de criticar la contradicción que supone que el PSC no vote en el Congreso lo que sí avaló en el Senado, ha rechazado la enmienda presentada por los socialistas catalanes que pedía la convocatoria de una comisión bilateral, una petición que enmarca en la voluntad de los socialistas de posponer la votación y el debate hasta después de las elecciones.

"La comisión sirve para significar un acuerdo que se ha trabajado previamente, pero las negociaciones estaban encalladas. Nos piden que volvamos al punto de origen", ha sostenido, y ha advertido de que, aunque la convocaran, la actitud del Estado no cambiaría.

Para justificar sus argumentos, ha recordado las continuas declaraciones de la ministra de Economía, Elena Salgado, al respecto, así como la carta que el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, envió a la Generalitat para reclamar que aumente su ajuste presupuestario hasta un 20 por ciento.

Al preguntársele por qué el Gobierno no lleva al Estado al Tribunal Constitucional (TC) por el fondo de competitividad, ha asegurado que están fuerza de plazos y que el anterior gobierno tripartito sería el que debería haber recurrido esta cuestión al Alto Tribunal.

"Ojalá hubiéramos estado antes", ha deseado el portavoz del Gobierno catalán, quien ha recordado que se encuentra en una situación jurídica consolidada, por lo que la vía que se debería seguir es la del contencioso-administrativo.

Presupuestos, responsabilidad "del tripartito"

Respecto a la negociación de los presupuestos, ha asegurado que son más responsabilidad del tripartito que del Ejecutivo actual, porque "lo que hacen es gestionar una herencia con un déficit escandaloso".

Sin embargo, no ha querido abordar en qué situación quedarán las relaciones entre CiU y PSC tras la votación de esta tarde en el Congreso, y se ha limitado a destacar que las sacarán adelante.

La Generalitat no descarta recurrir a la vía judicial para reclamar al Estado el pago de los 1.450 millones de euros del fondo de competitividad, aunque subraya que no es su prioridad y que debe ponerse el acento en la negociación política para intentar alcanzar un acuerdo.

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