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Sobran escoltas en el País Vasco
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LAS EMPRESAS LOS ACOSAN PARA QUE SE VAYAN VOLUNTARIAMENTE

Sobran escoltas en el País Vasco

En el último año 500 escoltas han perdido su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra, donde actualmente trabajan unos 2.700 efectivos de seguridad

Foto: Sobran escoltas en el País Vasco
Sobran escoltas en el País Vasco

En el último año 500 escoltas han perdido su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra, donde actualmente trabajan unos 2.700 efectivos de seguridad privada encargados de proteger a políticos, empresarios y profesionales amenazados por ETA. El drástico y afortunado descenso de la actividad terrorista (el último atentado mortal en España fue el asesinato de dos guardias civiles en Mallorca el 30 de julio de 2009) ha provocado que los gobiernos central y vasco hayan retirado paulatinamente la protección a aquellos que no están en primera línea de fuego.

La consecuencia es que a las empresas de seguridad privada no sólo les sobran escoltas sino que están haciendo lo posible para librarse de éstos. Según denuncian los afectados, las compañías les están haciendo la vida imposible para que presenten su baja voluntaria y se vayan sin la correspondiente indemnización tras varios años jugándose la vida.

“Quieren que te aburras y que te vayas para no pagar un despido a una persona que lleva trabajando quince años. La mayoría somos de fuera y no te dicen que puedes irte el fin de semana hasta el mismo viernes o te obligan a pedir un día libre por burofax. Te sancionan a la mínima y si denuncias te suspenden de empleo y sueldo durante el proceso. Si ganas recuperarías todo el dinero, pero mientras tanto no puedes pagar la hipoteca ni los gastos, no te puedes permitir ir a los tribunales”. Son palabras de Benito Chacón, que lleva once años protegiendo vidas en el País Vasco y lidera un sindicato independiente, USETI, con unos 300 miembros. Precisamente, se está celebrando estos días en Bilbao el Congreso Nacional de Escoltas.

En los años duros las empresas traían a la inmensa mayoría de los escoltas de fuera del País Vasco, pero “ahora que no hay muertos y falta trabajo en todos los sectores, la gente de aquí quiere entrar aunque cobren menos que los veteranos”. Un escolta puede ganar unos 2.600 euros mensuales pero a fuerza de sumar 300 horas laborales. “Trabajo treinta días al mes, a diez horas diarias de media y luego descanso tres días”, asegura Chacón, que añade que “puedes terminar una jornada a las dos de la mañana después de catorce horas de trabajo y que la siguiente empiece a las cinco de la mañana. Tienes que hacerlo, porque sin horas extras ganamos una miseria por un trabajo en el que te la juegas a diario”.

Efectivamente, el salario base de un escolta es de tan solo 876,41 euros brutos mensuales. Si le sumamos los pluses de peligrosidad, transporte y vestuario, la cifra llega a 1.426,78 euros. En los desplazamientos disponen de 9,20 euros para comer; pernoctar y desayuno, 15,56; pernoctar y dos comidas, 31,12 euros. Si el desplazamiento es de más de siete días, el escolta se tiene que arreglar con 24,73 euros diarios para alojamiento y comidas.

El Gobierno Vasco paga a las empresas, dirigidas por ex miembros de distintos cuerpos de seguridad públicos –guardias civiles, policías, ertzainas y militares-, unos 6.000 euros mensuales por cada escolta, además de las partidas de coche y gastos. Esto supone un negocio que mueve unos 250 millones de euros anuales.

Un escolta que prefiere no revelar su nombre ha declarado a El Confidencial que ha llegado a adelantar de su bolsillo 1.400 euros “del gasoil y los peajes, porque la empresa nos obliga a ponerlo nosotros y nos lo paga cuando pasan dos meses”. Después de más de una década como guardaespaldas, la empresa acaba de darle un espejo para revisar los bajos del coche por si hubieran colocado un artefacto.

Todos los escoltas llevan instalado un localizador en su teléfono móvil que sirve a las empresas para vía satélite tener su ubicación. “Es ilegal y vulnera nuestra privacidad. Estamos controlados las 24 horas del día y utilizan la información para sancionarnos si registramos el servicio a 500 metros del lugar de la recogida del protegido”, sostiene Benito Chacón. Otro escolta asegura que se ha llegado a un punto en el que “estamos más pendientes de si hay cerca una patrulla de la Ertzaintza para hacernos una inspección que de vigilar a los etarras”.

Accidentes y suicidios por estrés laboral

Desde USETI pidieron una reunión con la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco para tratar estos asuntos, pero no han recibido respuesta. Son muchos los escoltas que ven la cuerda demasiado tensa. Se han jugado la vida durante años, la tensión de la amenaza terrorista y la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar –hay un muy alto porcentaje de divorcios entre los escoltas- se traduce en numerosas bajas psicológicas. Las situaciones más dramáticas han terminado en suicidio, como ocurrió con un escolta que se quitó la vida en Vitoria el pasado 19 de marzo. “Están presionando a gente que lleva pistola”, advierte Benito Chacón. En los últimos diez años se han registrado doce muertes relacionados con el trabajo, entre accidentes y suicidios motivados por el estrés laboral, según los cálculos de USETI.

Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), confía en recuperar puestos de trabajo si las administraciones transfiere a las empresas privadas servicios de escolta que actualmente hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “como ya hicimos con los empresarios”, dice. Coincide con los escoltas consultados en cuanto a la “precariedad” que sufren y sostiene que “las empresas se han encontrado con que han bajado los precios que paga el Gobierno Vasco y por eso intentan que se vayan los escoltas veteranos y sustituirlos por otros más baratos”.

En el último año 500 escoltas han perdido su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra, donde actualmente trabajan unos 2.700 efectivos de seguridad privada encargados de proteger a políticos, empresarios y profesionales amenazados por ETA. El drástico y afortunado descenso de la actividad terrorista (el último atentado mortal en España fue el asesinato de dos guardias civiles en Mallorca el 30 de julio de 2009) ha provocado que los gobiernos central y vasco hayan retirado paulatinamente la protección a aquellos que no están en primera línea de fuego.

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