SE DESTINARÁN 5,6 MILLONES EN 2011

Zapatero aumenta un 42% las subvenciones a la Memoria Histórica en la legislatura de la crisis

La Ley de la Memoria Histórica se recordará como una de las señas de entidad del Gobierno Zapatero. Pero su puesta en marcha, más o menos

Foto: Zapatero aumenta un 42% las subvenciones a la Memoria Histórica en la legislatura de la crisis
Zapatero aumenta un 42% las subvenciones a la Memoria Histórica en la legislatura de la crisis

La Ley de la Memoria Histórica se recordará como una de las señas de entidad del Gobierno Zapatero. Pero su puesta en marcha, más o menos discutida, no ha salido gratis. Y es que las subvenciones aprobadas para proyectos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo alcanzan en los últimos cuatro años los 18,53 millones de euros. Según recogía ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), sólo en el año 2011 está previsto financiar iniciativas por valor de 5,68 millones, una cifra que supone un incremento del 42% respecto a 2008, año en que arrancó la legislatura.

La partida presupuestaria para estas ayudas no ha parado de crecer. El propio BOE explica que, aunque la Ley de la Memoria Histórica no entró en vigor hasta finales de 2007, las cuentas públicas han incluido subvenciones desde el año 2006. Fondos destinados para quienes, “como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la Guerra Civil y el franquismo, y hasta la restauración de las libertades democráticas”. Esas dotaciones se fijaron en 2006 en dos millones de euros. La cifra se elevó un año después hasta los 2,4 millones. La cuantía era ya de 3,3 millones en 2008 y se fue hasta los 3,87 en 2009. En los dos últimos ejercicios se ha estabilizado en 5,68 millones. El total roza los 23 millones.

Inquieta más que el dinero no se esté canalizando de forma eficiente. Una de las quejas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARHM) es que la mayor parte del dinero se destina a programas de índole cultural –documentales, exposiciones, libros y conferencias-, mientras que la cantidad dedicada a exhumaciones sólo recibe una pequeña parte del total. En efecto, el pasado 30 de septiembre se detallaban los proyectos agraciados con subvenciones. Sólo se destinaron 1,8 millones de euros a labores relativas a la exhumación de fosas. Apenas un proyecto recibió ayudas para llevar a cabo identificaciones de ADN, en concreto en Aguilar de la Frontera (Córdoba).

Por el contrario, proliferan dotaciones para proyectos cuando menos pintorescos, como los más de 15.000 euros entregados para montar una Exposición sobre la historia de la cárcel de Eysses (Lot-et-Garonne) 1940-1945; los más de 30.000 para realizar el estudio La red de espionaje organizada desde León por Lorenzo de San Miguel y los servicios secretos británicos, o los 29.600 para la exposión itinerante Manuel Azaña y la II República (3ª Parte). Tampoco faltaron casi 4.000 euros para unas placas identificativas de un grupo escultórico en Tarragona. Iniciativas todas ellas que, según ha venido argumentando la ARHM, bien podrían ser financiadas por el Ministerio de Cultura.

La orden de Presidencia que regula estas ayudas establece que el 50% de la cuantía total se destinará a la concesión de subvenciones para los proyectos de “indagación, localización, exhumación, identificación y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, así como la dignificación de los lugares de enterramiento”. Sin embargo, se añade que si tras la valoración de las iniciativas presentadas queda crédito sobrante, “éste se podrá destinar a la financiación de cualquier otro proyecto subvencionable”. Una vía que abre la puerta a cualquier uso alternativo de las partidas asignadas.

Un tope de 40.000 euros por iniciativa

Cada proyecto puede recibir un máximo de 40.000 euros, montante que puede ir hasta los 60.000 si se trata de empresas para identificar y exhumar fosas o “dignificar los lugares de enterramiento”. Una Comisión de Evaluación, con representantes del Gabinete de Presidencia del Gobierno o del Ministerio de la Presidencia, puede establecer cuantías superiores “en casos absolutamente excepcionales”. Las propuestas pueden tocar objetivos tan variopintos como la investigación de fuentes documentales de archivos históricos, la instalación de elementos conmemorativos u homenajes de personas o colectivos e incluso la elaboración de “censos de vestigios (…) tales como escudos, insignias, placas, etc.”.

Sólo podrán beneficiarse de las subvenciones asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, así como “agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica, que ostenten un interés legítimo”. Un modelo que no convence a la ARMH. Como explicó a este periódico en su día su presidente, Emilio Silva, “lo triste es que el Estado no se responsabilice, y sean los familiares los que se tienen que organizar y procurar su propia reparación, porque va en contra de los derechos humanos”. Un lamento que se extiende a que el Gobierno no financia las identificaciones, que pueden requerir caros análisis de ADN.

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