El Gobierno prometió a ETA liberar presos como De Juana y acabar con la doctrina Parot

Las actas manuscritas por los negociadores etarras durante el proceso de paz e incautadas por la Guardia Civil a Javier López Peña, alias Thierry, siguen siendo una mina de revelaciones sobre las cesiones con las que el Gobierno estuvo dispuesto a transigir para mantener vivo el proceso de paz. 

Las actas de Thierry, detenido en Burdeos el 20 de mayo de 2008, y cuyo resumen recoge hoy el diario El País, confirman, como ya adelantó ayer el diario El Mundo, que el Gobierno frenó la redada contra el Bar Faisán para no entorpecer la negociación. Uno de los enviados del Gobierno, presuntamente el vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, llegó a señalar en una de las reuniones, según recoge ETA, la siguiente frase: “Por dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE”.

Pero el Gobierno llegó a ir más allá. Mantuvo los contactos y las negociaciones con ETA incluso después de la voladura de la T-4 con la condición de que el proceso fuera “absolutamente secreto”. "ETA tiene que asegurar con una declaración que no hará más atentados. Tras la declaración se activaría el proceso en el punto que quedó en Loyola", se recoge en los escritos. "También se propone que Batasuna cambie los estatutos, una etapa sin atentados y se comienza la mesa de partidos. El Gobierno manifiesta ahora que si se rompe ahora no volverá a haber nuevas opciones durante años", añade el acta, que corresponde a la primera reunión tras el atentado de Barajas (Marzo-abril 2007).

Entre otros compromisos, los mediadores del Gobierno aceptaron llevar a cabo medidas de gracia para liberar a etarras con delitos de sangre si ETA cumplía con la condición de entregar las armas. “Con delitos de sangre sólo acceden a libertad tras el desarme de ETA”, recogen los papeles de Thierry, que se incorporó a la negociación en sustitución de Josu Ternera en el capítulo final del proceso, entre el verano de 2006 y mayo de 2007. 

De Juana Chaos

En su reunión del 23 de junio de 2006, al día siguiente de que el Gobierno reconociese sus intentos por frenar la redad del bar Faisán, los negociadores gubernamentales aceptaron conceder la libertad condicional a Jose Ignacio de Juana Chaos “en secreto” y, también, dejar “sin efecto la doctrina Parot”, que implica que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplique respecto a cada condena individual y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión. 

El trato era otorgarle la libertad condicional, previa rehabilitación en un hospital de Madrid "manteniendo la situación de libertad en secreto", y posteriormente, ser trasladado a "Euskal Herria en libertad". Según las actas, "se estableció con De Juana la forma de hacer esto por medio del hombre de la Iglesia".

En la siguiente reunión Gobierno-ETA celebrada en octubre --cuando la situación del etarra le había llevado a pasar por un quirófano, como consecuencia de las secuelas de la huelga-- las actas recogen un bloqueo en las negociaciones por el robo de armas en Francia.

En la citada cita, el Gobierno recalca que se había apartado al fiscal del caso por haberse negado este a rebajar la condena del etarra de 12 a cuatro años. La banda terrorista, por su parte, recuerda que De Juana abandonó la huelga "por orden de ETA". "Si no queda libre, se actuará en consecuencia", advertía.

Los representantes del Ejecutivo también garantizaron “indultos al final del proceso” y medidas de gracias para “delitos cometidos tras el alto el fuego”, que se concretarían, eso sí, en “en un paquete de negociación aparte”. 

A ETA, sin embargo, todo esto le pareció poco por no concretarse ningún tipo de “acuerdo político” y acabó por romper la tregua el 5 de junio de 2007, después de las elecciones municipales de aquel año.

Las actas manuscritas por los etarras también recogen que, en noviembre de 2007, representantes del Ejecutivo trataron de reactivar el proceso en los meses previos a las elecciones de 2008. “Dos policías con carné y membrete de Presidencia del Gobierno se dirigen a Santiago Orué (amigo y chófer de Otegi) para darle un mensaje de 'necesidad de hablar' y 'llegar a un acuerdo antes de enero'". "La impresión que tiene Santi es que tras esto están tanto Soto como Pastor", señala el texto.

La detención de Yurrebaso

"Sobre la mesa la detención de Yurrebaso. ETA exige la liberación del etarra y garantías de seguridad para el futuro" , prosigue el acta de esa misma cita en la que aparece reflejado que "ETA exige acuerdo político. ETA se niega a hacer más gestos". En cuanto a la situación de Yurrebaso, el Gobierno responde que "no está en sus manos liberar al detenido", pero que "espera que lo liberen" y añade que "después de Barajas el proceso está roto y hay que intentar retomarlo".

Según se recuerda en otra parte de los documentos, Jon Yurrebaso fue detenido el 27 de marzo en Francia y "formaba parte del equipo de negociación de ETA". En el momento de su detención este etarra advirtió a la autoridades galas su estatus de negociador y mostró a modo de salvoconducto un cartón en el que aparecían varios número de teléfono, uno de ellos presuntamente utilizado por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

Actualmente estos hechos se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del que es titular el juez Pablo Ruz en el marco de una pieza separada de la causa del 'chivatazo', el presunto soplo policial que frustró una operación contra la red de extorsión de ETA en mayo de 2006.