Enrique Bacigalupo deja el Supremo para incorporarse a un bufete privado
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SE VA A LA FIRMA INTERNACIONAL DLA PIPER

Enrique Bacigalupo deja el Supremo para incorporarse a un bufete privado

Del Supremo al despacho de abogados más grande del mundo. Enrique Bacigalupo Zapater, catedrático de Derecho Penal y magistrado emérito hasta esta misma semana del Alto

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Enrique Bacigalupo deja el Supremo para incorporarse a un bufete privado

Del Supremo al despacho de abogados más grande del mundo. Enrique Bacigalupo Zapater, catedrático de Derecho Penal y magistrado emérito hasta esta misma semana del Alto Tribunal, se pasa a la actividad privada como socio en Madrid de la firma internacional DLA Piper. El juez de procedencia argentina, que ha dado a la Justicia española tardes de gloria tan sonadas como la condena de Javier Gómez de Liaño (caso Sogecale) por una supuesta prevaricación, reforzará según el despacho el área de Procesal del bufete y para impulsar la práctica del Derecho Penal Económico. 

Siempre arrimado a la fresca sombra del PSOE, Bacigalupo accedió al Supremo en 1988 sin que el CGPJ tuviera a bien considerar su escasa adecuación para pertenecer a tan alo Tribunal. Desde entonces, por sus manos han pasado algunos de los casos judiciales más controvertidos de los últimos años. El más peliagudo, quizá, el caso Sogecable, en 1999. Como miembro de la Sala Segunda, Bacigalupo fue uno de los tres jueces que condenó al ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño por prevaricación continuada al instruir la querella contra Canal Plus y Sogecable. Un asunto que, años después, el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictaminado a favor de Liaño y en contra de España al señalar que no tuvo un juicio “independiente e imparcial” por parte de los magistrados Bacigalupo Zapater, García Ancos y Martínez-Pereda.

Los tres magistrados violaron, al respecto, el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En una entrevista publicada en El Confidencial en julio de 2008, el propio Gómez de Liaño reconocía que Bacigalupo y García Ancos se pusieron entonces al servicio de los intereses del fallecido Jesús de Polanco.“Mi comportamiento en aquel caso fue siempre correcto, como en todos los demás asuntos que he instruido”, explicaba. “Un comportamiento homogéneo que no gustó a alguien, ya se puede imaginar usted quién, y que con su Grupo inició una batalla muy dolorosa contra mí y que contó para ello con la ayuda, al menos, de dos magistrados del Tribunal Supremo, los dos, por cierto, ya jubilados”.

Enrique Bacigalupo ha sido magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo desde 1987 hasta 2011. Alineado en el sector progresista del Tribunal, Bacigalupo también heredó en 1995, tras la renuncia a la carrera judicial del juez Marino Barbero, los 22.000 folios del caso Filesa, la trama de financiación irregular del Partido Socialista. De todos modos, una de sus principales actuaciones como magistrado de esa sala fue la sentencia del caso del aceite de colza. Bacigalupo corrigió la polémica sentencia de la Audiencia Nacional y cuadruplicó las penas a los principales implicados.

Sin acuerdo para renovarle

El nuevo socio de DLA Piper es Catedrático de Derecho Penal, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, así como Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Juan Picón, socio director de DLA Piper en España, ha asegurado, en una nota de prensa, que "tener con nosotros a  un jurista como Enrique Bacigalupo es un privilegio que estoy seguro va a suponer un salto cualitativo en el asesoramiento a nuestros clientes en el área de Procesal, especialmente en Penal Económico. En un momento en el que se ha producido una reforma del Código Penal que afecta directamente a la responsabilidad penal de las empresas contar con él es la mejor garantía para dar el mejor servicio jurídico a nuestros clientes". 

Mientras tanto, la falta de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a quien debe sustituirle a él y a otros dos magistrados obligará a anunciar de nuevo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de tres plazas pendientes de cubrir en las salas de lo Penal, lo Civil y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La inexistencia del consenso necesario impidió la aprobación de estos nombramientos durante el Pleno celebrado este lunes, por lo que las plazas deberán ser convocadas de nuevo y se deberá repetirse también el proceso de preselección de candidatos por la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces.

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